Un buen día, Carmen Elarre comenzó a perder el aliento. No podía respirar y se fatigaba al poco tiempo de iniciar un paseo. Navarra de 64 años, falleció en 2020 por mesotelioma, un tipo cáncer causado por la inhalación de fibras de amianto que se incrustan en el tejido que recubre los pulmones. Le habían diagnosticado su dolencia tan sólo unos meses antes: el mesotelioma mata en cuestión de meses una vez que se diagnostica, aunque puede actuar en estado de letargo durante decenas de años.
Esta víctima del amianto no estuvo empleada en una fábrica de uralita, ni en una fundición, tampoco en un astillero âlugares comunes donde han enfermado trabajadores por su exposición crónica a ese peligroso mineralâ, ya que Carmen Elarre era enfermera en la Clínica Universidad de Navarra. Pero no enfermó en su lugar de trabajo, sino durante su niñez y primera juventud.
Su viudo, Javier Sala, relata cómo tras el demoledor diagnóstico su mujer tuvo que echar la vista atrás para indagar dónde y cuándo había estado en contacto con el amianto. La única conexión razonable que encontró fue que hasta los 25 años vivió junto a una empresa de Pamplona que fabricaba frenos para vehículos.
Hasta 1990, esa empresa manufacturó componentes con amianto. Tuvo la mala suerte de que la ventana de su dormitorio mirara al almacén exterior de la fábrica. “Allí almacenaban el amianto”, sostiene Javier. “A quien le toca, le toca, y tan sólo por vivir al lado de una fábrica”, cuenta con resignación.
El caso de esta enfermera es uno más entre las decenas de miles de fallecidos y enfermos por la exposición laboral, ambiental o doméstica al amianto y que no constan oficialmente y, por tanto, no están reconocidos. A pesar de que en España el uso del amianto fuera prohibido por ley en 2002, sus víctimas continúan multiplicándose debido a enfermedades respiratorias como la asbestosis o afecciones de pleura, y de cánceres como el mesotelioma, de pulmón, bronquio, laringe o de ovario.
El amianto es un devastador cancerígeno y un potente destructor de los pulmones, cuyos efectos perniciosos para la salud se conocen desde los años treinta del siglo pasado.
La investigación internacional “Asbestos: Lethal Legacy”*, que reúne a periodistas de nueve países de toda Europa y en la que participa Moncloa.com, ha ahondado en las causas y consecuencias de la presencia de este material en el territorio europeo.
En España, el legado mortal de las más de 2,6 millones de toneladas de materia prima de amianto y 21 millones de toneladas de fibrocemento presente en edificios e instalaciones del país sigue siendo una amenaza para los trabajadores que manipularon e instalaron productos con amianto.
Pero también lo fue y lo es para los ciudadanos que, como Carmen Elarre, se expusieron a sus fibras letales de forma accidental y ambiental, o para las esposas y otros familiares de los empleados de compañías como Uralita, que accidentalmente inhalaban las fibras de amianto ocultas en las prendas de trabajo que lavaban y planchaban.
De hecho, el científico finlandés Jukka Takala, uno de los grandes expertos mundiales en la materia, recalca a este medio que hay un aumento de mortalidad en Europa “originado por la masiva instalación de amianto en edificios e infraestructuras en los años sesenta y setenta”. Sin embargo, la gravedad in crescendo de esta pandemia que nos afecta a todos está fuera de la discusión pública y política de primer orden. Este silencio hace invisible a sus víctimas para el conjunto de la sociedad.
Pese a ello, el alcance del impacto pernicioso del amianto se va asentando en la jurisprudencia. En marzo de 2021, una sentencia del Tribunal Supremo validó una demanda colectiva y condenó a Corporación Industrial de Materiales de Construcción S.A. (heredera de Uralita) a pagar indemnizaciones por valor de 2,3 millones de euros a 39 familiares de trabajadores y vecinos de la fábrica de esa empresa en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que enfermaron por contaminación ambiental y doméstica.
Los jueces concluyeron que Uralita “pese a conocer el peligro que conlleva la inhalación de fibras de amianto, no actuó con la diligencia exigible al emitir sin control adecuado dichas fibras al ambiente exterior”.
El amianto es el factor que más muertes causa en el mundo y en Europa por exposición laboral. Hasta el 78% de los cánceres profesionales reconocidos en la Unión Europea está vinculado al amianto. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el amianto provoca un cuarto de millón de muertes en todo el mundo cada año, la gran mayoría de ellas por exposición laboral a sus nocivas fibras, que pueden llegar a ser 500 veces más finas que el cabello humano.
Esa cifra de defunciones la confirma el Dr. Takala a los periodistas de esta investigación periodística internacional llamada ‘Asbestos: The Lethal Legacy’*. Takala coescribió uno de los estudios de referencia mundial: Global Asbestos Disaster, cuyos autores hablan de 255.000 muertes anuales. Una cifra similar ofrece la última estimación del Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington para el 2019, ampliamente respetado por la comunidad científica.
Sin embargo, no existen en España estadísticas oficiales fiables sobre muertes por la exposición laboral, doméstica y ambiental al amianto en las últimas décadas. Se trata de un enemigo silencioso y silenciado. Este hecho provoca que los científicos y los periodistas tengan que realizar análisis de estimación.
En nuestro país, fallecieron 96.804 personas por exposición laboral al amianto entre 2001 y 2019, un promedio de 5.100 muertes anuales, según el cálculo del IHME. Una estimación propia y basada en las defunciones recogidas por el Instituto Nacional de Estadística, a las que se les han aplicado ratios avalados por científicos como Jukka Takala o Alfredo Menéndez, entre otros, da como resultado que entre 2001 y 2020 murieron 91.601 trabajadores por su exposición al amianto.
Si se aplica el promedio de defunciones para esos dos decenios, 4.580 anuales, a finales de 2022 habrán fallecido más de 100.000 trabajadores en lo que llevamos de siglo.
El problema en nuestro sistema de salud del trabajo radica en que existe un elevado porcentaje de infrarreconocimiento de enfermedades laborales atribuibles al amianto y se carecen de datos concluyentes sobre cuántos trabajadores conviven cotidianamente con ese material peligroso. Así lo afirman en sus investigaciones científicos como Montserrat García Gómez, experta en Medicina del Trabajo, o Alfredo Menéndez, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada.
Para el periodo 2007 a 2020, ese déficit de reconocimiento fue del 97%. Desde que en 2007 se creara el protocolo de Comunicación de Enfermedades Profesionales en Seguridad Social (CEPROSS) al menos 1.479 trabajadores han enfermado por inhalar amianto, dando lugar a 1.681 reconocimientos de enfermedad laboral.
La razón por la que existen más partes de enfermedad que trabajadores es que, excepcionalmente, a un mismo trabajador se le pueden reconocer varias enfermedades en momentos diferentes.
Sin embargo, para ese mismo tramo de años, las muertes relacionadas con la exposición laboral al amianto fueron al menos 65.755, si se tienen en cuenta las muertes por mesoteliomas (5.535), asbestosis (414), y cánceres de pulmón (55.717), laringe (1.551) y ovarios (2.538).
El cáncer de ovario no está reconocido en España como enfermedad profesional asociada al amianto, pero ya lo está en países de nuestro entorno como Alemania o Bélgica; en Francia está cerca de ser incluido por las sobradas evidencias científicas. La OMS lo reconoce desde 2009.
Esto supone 61.536 personas, 64.074 si se cuentan las muertes por cáncer de ovarios, no reconocido en España.
Es decir, que las mutuas, las empresas que las contrataron y el Instituto Nacional de la Seguridad Social sólo reconocieron la enfermedad laboral a un tres por ciento de las personas que fallecieron por dolencias motivadas por el amianto mientras trabajaban entre 2007 y 2020. Ese porcentaje se reduciría a un 2% si se tuvieran en cuenta las muertes por cáncer de ovario atribuibles a la exposición laboral al amianto.
La OMS cifra en 125 millones los trabajadores expuestos al amianto en sus lugares de trabajo. Esto no sólo ocurre en los 125 países que aún autorizan la producción y uso del amianto âentre ellos Estados Unidos y Rusiaâ, sino también en los 70 estados que la prohibieron, ya que su legado letal sigue presente en edificios públicos y privados, construcciones agrícolas y ganaderas o infraestructuras de saneamiento de agua, como es el caso de España.
Todos los trabajadores de la construcción, mantenimiento y limpieza están en riesgo de estar expuestos al amianto, según advierte la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. De acuerdo con el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto (PIVISTEA) de Ministerio de Sanidad, son los trabajadores en astilleros, empresas de saneamiento, distribución del agua y transporte interurbano de ferrocarril, entre otros, los que más expuestos están a este nocivo material.
Esos trabajos están generalmente masculinizados que, según un informe de 2018 de Sanidad, ponen en riesgo la salud de 22.500 trabajadores -450 mujeres y el resto hombres- al estar en contacto diario con más de 3.000 materiales fabricados con amianto.
El mundo lleva produciendo materiales con amianto a escala industrial desde hace 150 años. Sólo en España, entre 1909 y 1980, 310 empresas fabricaron o distribuyeron productos con amianto, de acuerdo con el mejor estudio colectivo sobre su presencia en España, elaborado en 2003 el Institut d’Estudis de la Seguretat de Barcelona.
Todo eran ventajas. El amianto es un mineral ignífugo, imbatible como aislante acústico, térmico y eléctrico; además de ser indestructible y, por tanto, muy resistente al deterioro. Cualidades que sólo se tornaron peligrosas cuando, 90 años atrás, se advirtió de la letalidad de sus fibras para la salud.
En el momento de su prohibición en 2002, algunas de esas compañías habían puesto en el mercado español 21 millones de toneladas métricas de fibrocemento de amianto entre placas (uralita) y tubos de presión y bajantes. Ese peso equivale a 2.877 veces el de la estructura metálica de la Torre Eiffel o 452 veces el del Titanic.
No se sabe cuál es la cantidad de ese amianto mezclado con otros materiales de construcción. La mayor parte de esa herencia sigue entre nosotros. Según ese estudio, el periodo de máxima utilización es el comprendido entre los años 1960 y 1984.
La herencia de todo aquel material transciende los años de producción, distribución e instalación del amianto. Y también trasciende a los trabajadores que se han visto expuestos de forma crónica a ese mineral y a sus familiares. Toda la ciudadanía en general podría ser víctima de sus efectos nocivos para la salud.
Así lo defiende el neumólogo Josep Tarrés, neumólogo de Cerdanyola del Vallès y autor varios trabajos científicos, cuya advertencia es lapidaria: “Hemos pasado de unos pocos macrofocos epidémicos en torno a las grandes fábricas a millones de microfocos por la descomposición de fibras de amianto de infraestructuras que han rebasado su vida útil de 35 años”.
Dada la ausencia de datos oficiales en España sobre la magnitud del daño que está ocasionando ese mineral, tras la consulta de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de defunciones provocadas por las enfermedades profesionales reconocidas y la aplicación de una metodología de cálculo avalada por varios científicos, este medio ha realizado un análisis que estima que entre 2001 y 2020 hubo 91.601 muertes por exposición laboral atribuible al amianto.
Nuestro cálculo arroja que la mayoría de las defunciones entran dentro de la categoría agrupada de cáncer de pulmón, tráquea y bronquios hasta las 78.104. Le sigue el mesotelioma con 7.151 muertes, el cáncer de laringe con 2.364 y la asbestosis con medio millar de casos. Sin embargo, no todas estas muertes constan como laborales.
“Repsol dice una y otra vez que no hay amianto en sus instalaciones, pero yo tengo calcificaciones en la pleura”, dice indignado José Úbeda, extrabajador de Repsol enfermo de asbestosis.
Este miembro de la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto de Cartagena no ha accedido al recargo de sus prestaciones al que tienen derecho los trabajadores con enfermedades profesionales por amianto y mucho menos a una indemnización. Empezó a trabajar en Repesa como calderero, la empresa que creó Repsol como una nueva marca de lubricantes. En 1975, entró a trabajar en el complejo petroquímico de Tarragona y, en 1997, lo trasladaron a la petroquímica de Repsol del valle de Escombreras (Murcia) como supervisor de mantenimiento.
“Cuando se desmontaban equipos y tuberías, no había protección ninguna y nos caía el amianto encima”, denuncia José, que describe cómo las tuberías de vapor y las calderas estaban recubiertas de ese mineral. “Cuando se deterioraban, volaba polvo en suspensión por toda la fábrica; no puede decir Repsol que no había amianto”.
El hermano de José, Antonio Úbeda, también empleado de Repsol, falleció en 2011 por mesotelioma. Tras su fallecimiento, la familia tuvo que llevar a la empresa a juicio para lograr el pago de una indemnización. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Repsol al pago de 91.705 euros. Consideró probado que hasta principios de los años 80 en Repsol se usaba el amianto como material aislante de tuberías y que en el desempeño de sus funciones como calderero Antonio había estado en contacto diario con ese mineral.
“Los viejos de Repsol estamos en la asociación a ver si se acuerda alguien de nosotros, porque estamos abandonados”, denuncia José a sus 74 años.
Un portavoz de la multinacional energética recalcó a Moncloa.com que “Repsol no utiliza ni manipula amianto en sus procesos productivos”. Añadió lo siguiente: “Cualquier operación que pudiese estar relacionada con la manipulación, montaje o desmontaje de elementos que pudieran contener amianto siempre ha sido contratada con empresas especializadas y autorizadas para ello”.
Según ha podido estimar este medio a través del análisis de los datos, la obtención de testimonios de afectados y expertos, y la lectura de amplia documentación, los casos como los de los hermanos Úbeda no son aislados, antes al contrario.
En España, tan sólo a un 3% de los trabajadores hombres afectados por su exposición al amianto entre 2007 y 2020 se les reconoció la enfermedad profesional; un 1% en el caso de las mujeres. En esos años, según la base de datos de Comunicación de Enfermedades Profesionales en Seguridad Social (CEPROSS), 975 empresas y administraciones públicas reconocieron 1.681 enfermedades profesionales a trabajadores que inhalaron amianto, mientras que las muertes relacionadas con la exposición laboral se estiman en al menos 91.602 para ese periodo.
La mayoría de los casos registrados oficialmente, un 49% (819 reconocimientos), son por asbestosis, una enfermedad incurable asociada al 100% con la exposición laboral al amianto. La neumóloga Carmen Diego, acostumbrada a tratar con víctimas laborales del amianto de los astilleros de Ferrol, explica que la asbestosis se debe a “una exposición altísima; nunca he visto un caso de contaminación medioambiental, siempre ha sido laboral”. Por esa razón, a pesar de ser una dolencia menos habitual que los cánceres, obtiene un mayor reconocimiento oficial.
Tres científicos españoles publicaron un estudio en 2019 centrado en el infrarreconocimiento de los cánceres por amianto en el sistema de la Seguridad Social, un déficit que calificaron como “escandaloso”. Entre los datos más significativos, escribieron que “sólo el 0,44% de los hombres que fallecieron entre 2007 y 2017 en nuestro país por cáncer de pulmón derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales”.
Uno de los autores, Alfredo Menéndez, médico y doctor en Historia de la Medicina, cuenta a Moncloa.com que entre las causas medulares de ese déficit de reconocimiento están, entre otras, la deficiente formación de los médicos, que no atribuyen al amianto muchos de los cánceres que diagnostican, y a que las empresas y las mutuas aseguradoras obstaculizan los procesos para que se admitan la enfermedad profesional y la posibilidad subsiguiente de recibir indemnizaciones vía judicial.
Además, indica que el largo desfase que transcurre entre la exposición y los primeros síntomas de la patología dificulta el proceso de notificación y denuncia.
Menéndez asegura que “frente al mesotelioma, que sólo tiene una causa que es el amianto, los cánceres de pulmón o laringe puede deberse a otros motivos, como el consumo de tabaco, hecho que se ha usado históricamente como una vía de escape por muchas empresas para atribuir la enfermedad tabaquismo, especialmente el cáncer de pulmón”.
Sin embargo, un portavoz del Ministerio Seguridad Social contradice la opinión de los expertos sobre este infrarreconocimiento y defiende que se “están desarrollando los trabajos necesarios para la protección social de los trabajadores afectados por la exposición al amianto” para que no existan situaciones injustas o “menoscabo laboral” hacia ellos. En ese sentido, argumenta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas han firmado convenios de colaboración para una buena coordinación.
Según la clasificación por actividad económica, el 22% de los trabajadores a los que se les reconoció el origen laboral de su enfermedad asociada al asbesto entre 2007 y 2020, trabajaban en la construcción y reparación de barcos, un total de 335. Le siguen en el escalafón los empleados de empresas de captación, depuración y distribución de agua, con un 6% y 94 de casos, quienes están en contacto con los tubos y tuberías de fibrocemento presentes en las infraestructuras de toda España. En tercer y cuarto lugar, están los trabajadores de altos hornos y los operarios de fabricación de cemento.
Precisamente, la sociedad pública de construcción naval Navantia encabeza el ranking de empresas que más enfermedades profesionales han reconocido: 107 para el periodo 2007-2020. No es casualidad que en el análisis de muertes por municipio relativizando su población para 2001-2020, elaborado por Moncloa.com, lideren el ranking de zonas cero Cerdanyola del Vallès (Barcelona) con 149 muertes por 100.000 habitantes, Beasáin (Guipúzcoa) con 143 y Sestao (Vizcaya) con 127. En esas localidades existieron o existen fábricas que usaron abundantes materiales de amianto, como fábricas de uralita, fundiciones y construcción de trenes.
“Las víctimas que están aflorando ahora son consecuencia del amianto instalado y cada vez habrá menos por el uso profesional e industrial de amianto y habrá más víctimas del instalado. Esta tercera oleada ya ha comenzado, pero es menos evidente”, explica a ese medio Antonio Bernardo, arquitecto técnico especialista en amianto y autor de varios libros sobre el tema.
La comunidad científica europea ha llegado al consenso de que existen tres fases para determinar la incidencia nociva del amianto en la sociedad.
“En la primera fase enfermaron los trabajadores que tocaban el mineral que hacían productos para la industria con él”, cuenta Josep Tarrés, neumólogo de Cerdanyola del Vallès y autor varios trabajos científicos sobre las consecuencias que sufrieron los empleados, familiares y vecinos de esa localidad por la fábrica de Uralita que estuvo activa entre 1907 y 1997. “De esa primera fase tenemos a los empleados de Uralita y sus familiares, y a los trabajadores de los muelles donde se descargó el amianto que se importó y con el que se fabricaron barcos,”, relata Tarrés.
Una segunda fase comenzó a manifestarse hace un decenio aproximadamente cuando los operarios encargados de instalar el material inhalaron el amianto de materiales ya fabricado. Eran trabajadores de empresas ferroviarias y navales, de altos hornos, fontaneros o soldadores. “Hasta las pizarras de los maestros tenían amianto”, asegura Tarrés.
En la actualidad, comienza una tercera etapa en la que asoman las víctimas por la exposición y ambiental. Esos enfermos, “aún muchos invisibles” ârelata Tarrésâ, son parte de “la epidemia ambiental” precedida “por el fin de la vida útil del amianto en las edificaciones”.
Alfredo Menéndez coincide: “Efectivamente, la exposición ambiental puede ser responsable de un número creciente de casos en la medida en que los materiales de fibrocemento de amianto instalados se degradan o se retiran sin seguir los protocolos adecuados”.
En lo que llevamos de siglo XXI âhasta 2019, último año con datosâ, ha habido en los países de la UE, incluido Reino Unido, más de un millón y medio de muertes motivadas por la exposición laboral al amianto. Concretamente: 1.580.788 defunciones, según la estimación del IHME. La evolución al alza se confirma por los datos: de los 72.367 muertos que hubo en 2001 se llegó a los 90.730 en 2019.
En términos absolutos, lidera el ranking Reino Unido, país que supera las 300.000 muertes en el siglo XXI hasta 2019. Las estimaciones oficiales señalan que en su territorio hay unas seis millones de toneladas de amianto y que son 1,5 millones de edificios los que contienen ese material. Además de ser el país con más muertos por mesotelioma per cápita en el mundo. España se sitúa en el quinto lugar del listado con mayor letalidad absoluta tras Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos.
Si se realiza un análisis relativo por población y muertes totales, entonces el país con peor resultado es Países Bajos, que contabiliza 489 muertes por 100.000 habitantes en el periodo 2001-2019. En segundo lugar, se ubica Reino Unido con 466 defunciones y Bélgica con 460. España se sitúa en el puesto 14º, no está ni mucho menos entre los peores.
La urgencia de actuar está sobre la mesa de los legisladores de la Unión Europea. Una resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2001 urge a la Comisión a que se mejore la ley para proteger a la ciudadanía, dado que los costes de los cánceres profesionales suponen un coste de hasta un máximo de 610.000 millones de euros anuales y que el 78% de los mismos está relacionado con el amianto.
Esta resolución emana de la inquietud por la exposición ambiental del ciudadano común, cuyos niveles “pueden alcanzar los niveles de la exposición profesional” debido, entre otras causas, al “deterioro del parque inmobiliario” y a las numerosas poblaciones residentes “en las proximidades de zonas industriales”.
Una de las posibles medidas estrella que reclama la Eurocámara a la Comisión es que se reduzca en cien veces el límite legal de exposición, pasando de 100.000 fibras por m3 a 1.000.
Como consecuencia del aumento de enfermos y muertos, la Comisión está en trámites de legislar para proteger mejor a la ciudadanía europea. En septiembre pasado, publicó una propuesta de directiva que sigue las líneas generales del escrito de la Eurocámara y que apuesta, entre otras medidas estelares, por el desamiantado en el marco del Pacto Verde Europeo, donde cabría una política de renovar, adaptar y demoler edificios antiguos con amianto.
En España, a pesar de la histórica desidia política y social por el asunto, ha habido cambios legislativos recientes al calor del empuje de Bruselas. En febrero de 2022, se aprobó una orden que aprobó la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública con la financiación de los fondos europeos NextGeneration EU. Esa ley favorece los proyectos que prevean la retirada del amianto y regula que si se generan residuos de ese mineral, éstos deben ser retirados por gestores autorizados. “Hay mucho chapuza retirando amianto sin protección”, asegura el neumólogo Josep Tarrès.
A preguntas de este medio, el Ministerio de Sanidad asegura que hace un año el Gobierno presentó el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA) que incluye propuestas específicas de actuación, como “la creación de planes de acción para la eliminación segura e integral del amianto antes de 2028”.
Por otro lado, una ley aprobada en abril pasado exige a todos los ayuntamientos tener listo en abril de 2023 un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto existentes en su territorio, incluyendo un calendario de retirada. La tarea, según ha comprobado Moncloa.com, está lejos de cumplirse.
Esta situación dificulta el cumplimiento del compromiso de desamiantar los edificios de carácter público Los censos de amianto en España y los planes de extracción y retirada ofrecen un panorama desolador, ya que son inexistentes, salvo en el caso pionero de Badia del Vallès (Barcelona), que lo tiene elaborado desde 2021.
Un fondo de compensación público para las víctimas del amianto ha sido una reivindicación histórica en España de los trabajadores afectados. En 2013, el Parlamento Vasco estudió esta posibilidad en una comisión de trabajo con presencia de todos los actores sociales. Como no tenía competencias para poner en vigor este fondo, la cámara de Vitoria elaboró una propuesta de ley que presentó por primera vez al Congreso de los Diputados en 2017.
Esa propuesta de ley estuvo inspirada en el en el fondo de Francia, según relata Jon García Urrabarrena, representante nacional de los trabajadores afectados por amianto que ha promovido esta iniciativa. El fondo francés se aprobó en 2002 y ya ha indemnizado a más de 100.000 víctimas. Sólo en 2021 destinó 274 millones de euros a los enfermos por el amianto.
Tras años de lucha, por fin en octubre pasado el BOE publicó la Ley 21/2022 que autoriza la creación de un fondo de compensación en España. Nace con una dotación económica 11 veces más modesta que el francés: 25 millones de euros anuales para indemnizar a trabajadores, sus familiares y ciudadanos enfermados por exposición medioambiental.
“Esta ley es una victoria de las víctimas de amianto y permitirá que, a través de una ventanilla única, puedan solicitar una indemnización y no tener que llevar largas batallas judiciales con las mutuas y empresas para que se les reconozcan sus derechos”, explica García Urrabarrena. “Si su solicitud es aceptada, el Estado adelantará el dinero de su indemnización y serán sus instituciones las que librarán la batalla judicial”.
Las asociaciones de víctimas consideran que debe ampliarse el número de trabajadores incluidos en el registro de trabajadores expuestos al amianto para que actúe, en un primer momento, como un censo de víctimas en el caso de presenten enfermedades asociadas a su exposición.
Este último puede ser el escenario que ayude al soldador ya jubilado Maxi Barquilla, de 74 años, a quien la Seguridad Social le negó la incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional hasta 2021, a pesar de haber sido diagnosticado, primero, de cáncer de laringe en 2010 y, nueve años más tarde, de asbestosis. Ahora lucha judicialmente por una indemnización con el problema de que trabajó en cinco empresas diferentes del País Vasco en las que estuvo en contacto con el amianto desde 1977 como personal de mantenimiento de calderas, tuberías y maquinaria.
“Trabajaba a diario con amianto sin ninguna medida de protección, cogíamos rollos de amianto y forrábamos las tuberías porque en los hornos los tubos se calientan mucho y era necesario forrarlos de amianto”, cuenta Maxi. “También usé mantas de amianto como protección al soldar tubos”.
Los casos relatados Carmen Elarre, los hermanos Úbeda y Maxi Barquilla dan buena cuenta de la pandemia silenciada del amianto. Un buen desarrollo del fondo de compensación podría aliviar mínimamente a los supervivientes y a sus familiares. De momento, La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas por Amianto, UGT y CCOO solicitaron la exención fiscal de las indemnizaciones, cuya carga tributaria podría llegar a ser del 47%, pero de momento no ha sido aceptada por Hacienda.
“Sin esta exención fiscal, el fondo se convierte en una especie de premio de la lotería, pero de la lotería de la muerte”, sentencia García Arruabarrena, portavoz de las víctimas durante la negociación.
Fuente: www.moncloa.com
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