En este país la información relacionada con las muertes asociadas a la contaminación ambiental no es bien recibida. Se esconde. No interesa. Parece que a nadie le apetece conocer el alto riesgo que asumimos al respirar determinados contaminantes que flotan en el aire. Y sin embargo morimos por ello: más que por cualquier otra causa, incluida por supuesto la del coronavirus.
Uno de los ejemplos más claros es el de la contaminación por amianto. Según un informe que acaba de ser remitido al Parlamento las muertes en España por la inhalación de fibras de amianto podrían alcanzar las 130.000 antes de 2050. Lo firman la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Organización Médica Colegial de España (OMC) y la Asociación Española Contra el Cáncer (ACCC) junto a más de una treintena de otras organizaciones de médicos, asociaciones vecinales, grupos ecologistas y expertos.
Por eso exigen al gobierno que aborde decididamente y con la máxima celeridad un proyecto de Ley Integral del Amianto que incluya un plan estatal de erradicación segura de todo el que hay instalado en nuestro país, así como el que se está acumulando de manera creciente en las plantas controladas o, lo que es mucho peor, el que es abandonado en el entorno ilegalmente. Porque el amianto sigue matando.
El amianto o asbesto fue catalogado como producto cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977. Entre otras muchas afecciones la exposición a sus fibras provoca la asbestosis o fibrosis pulmonar y es la principal causa del mesotelioma o cáncer de pulmón. Según un informe de la Sociedad Española de Oncología Medica (SEOM) “entre el 70% a 80% de los pacientes diagnosticados con mesotelioma tienen un historial de exposición al amianto en el trabajo”.
Hace unos años entrevisté para un programa de televisión a una mujer que padecía cáncer de pleura como consecuencia de haber estado expuesta a la contaminación por amianto de manera indirecta: su marido trabajaba en la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y ella le lavaba el mono de trabajo cada noche cuando llegaba a casa de trabajar, enharinado de polvo de amianto. Su marido había muerto de cáncer de pleura años atrás y los médicos que lo trataban quisieron hacerle las pruebas a ella también. Su diagnóstico fue fatal. Murió al poco tiempo de la entrevista.
Enferma y cansada, aquella mujer aprovechó las cámaras de la tele para pedir una mejor asistencia sanitaria a los afectados y alertar del grave riesgo ambiental que corremos todos al vivir rodeados de viejas estructuras de fibrocemento que contaminan el aire con las letales microfibras del amianto.
La Directiva 1999/77/CE de la Comisión Europea puso fin a la fabricación y uso del amianto en Europa. En España la Orden de 7 de diciembre de 2001 prohibió su uso de cualquier tipo pero establecía que el amianto instalado hasta entonces podía "seguir ahí" hasta el fin de su vida útil.
Las cifras sobre el total de amianto que “sigue ahí”, repartido por toda España en forma de fibrocemento, como los famosos tejados y cubiertas de Uralita, los bajantes, interiores de edificios, depósitos, jardineras y muchas otras estructuras fabricadas con este material, varían según las fuentes pero rondarían las dos mil quinientas toneladas.
La vida útil de una estructura de amianto se estima entre 30 y 50 años. A partir de ese momento puede empezar a degradarse y esparcir sus fibras por el aire. El boom del uso de este material se producjo en los años 70 del pasado siglo. Tic-tac, tic-tac…
Uno de los casos más conocidos de muerte por exposición al amianto fue el del popular periodista José María Íñigo, fallecido en 2018 por mesotelioma. Según el informe judicial presentado por la familia, la causa de la enfermedad pudo ser su exposición al amianto presente en los viejos estudios de TVE en Prado del Rey.
Está demostrado que el período de latencia de la enfermedad desde que se produce la contaminación puede ir de los 25 a los 45 años, algo que concuerda con el hecho de que la mortalidad por mesotelioma en España esté en aumento y haya pasado de los menos de 500 casos detectados en el periodo comprendido entre 1976 y 1980 a los casi 1400 diagnosticados entre 2016-2020. El ritmo de crecimiento es del 60%.
Estamos pues ante otra clara emergencia sanitaria directamente vinculada con la contaminación ambiental. Una emergencia no menos trascendente (ante este tipo de situaciones no se deberían establecer rangos) a la que viene acaparando la atención informativa desde hace un año.
Sin embargo en el caso del amianto se trata de una emergencia oculta y ocultada. Una pandemia silenciosa de la que no dejo de recibir información casi a diario por parte de las asociaciones de afectados que muestran los datos en las redes sociales y no se cansan de reclamar el interés de las autoridades. Éste es el informe que han remitido al gobierno para que aborde de una vez por todas una Ley Integral del Amianto
Fuente: www.elconfidencial.com
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