Las víctimas del asbesto en Colombia siguen apareciendo para sentar precedentes legales, y el pasado jueves 29 de enero,14 personas representadas por Guillermo Cáez, socio de Cáez, Gómez y Alcalde, instauraron una demanda colectiva contra el Estado y cuatro empresas privadas.
El documento legal, que quedó radicado en el Juzgado 2 Administrativo de Bogotá, asegura que Incolbest S.A., Tecnología en Cubrimiento S.A., Eternit Colombia, Manufacturas de Cemento S.A., y el Congreso de la República serían los máximos responsables de los daños y perjuicios que sufre el grupo como consecuencia de la exposición al componente mortal y por lo que piden una reparación de $2.448 millones.
Ana Cecilia Niño Robles, Daniel José Pineda, Sofía Castillo Bautista, Edgar Moreno Castillo, Germán Moreno Castillo, Amelia Segura Espejo, Hammell Francisco Sosa Segura, Yamedson Edgar Sosa Segura, Gabriel Nivia Mayorga, Ana Luz Nivia Parraga, María Angélica Nivia Parraga, Johanna Patricia Nivia Parraga, Jeimmy Marisol Nivia Parraga y Ana Silvia Parraga son las personas que están solicitando además del monto de resarcimiento, que se ordene a la entidad competente la cesación y suspensión inmediata del uso, comercialización, y explotación del asbesto, así como la importación del material en los puertos terrestres, aéreos y marítimos.
También, que dicho componente mortal sea retenido en los mismos lugares y que quede bajo la custodia de alguna autoridad de la salud.
En otro punto del documento, Cáez señala que los afectados piden que se ordene a los demandados, la remoción inmediata, de productos finales construidos con asbesto o amianto, que actualmente se encuentren como oferta comercial, en diferentes puntos o medios de ventas en el país. Y que los responsables creen de manera obligatoria, un fondo financiero o económico que garantice la indemnización integral de cada uno de los integrantes de la demanda, cuyo tamaño no sea inferior al valor total de los perjuicios pretendidos en la acción de grupo.
El grupo está compuesto por los operarios y empleados de las empresas que manipulan directamente el asbesto en labores de mezclado, calado, transporte de materia prima y productos terminados, así como el personal que se encarga de las reparaciones, remoción y almacenamiento de escombros y demás. En especial, de quienes trabajaron sin tapabocas, filtros de extracción y overoles. También por los familiares de los empleados expuestos de manera directa e indirecta (algunos ya fallecidos a causa de mesotelioma pleural), y por algunos miembros de poblaciones geográficamente expuestas, por ubicarse cerca de donde se encuentra la operación o fábricas de las empresas responsables o de los lugares donde arrojan sus desechos.
¿Por qué demandan al Congreso?
Señala Cáez, en representación de las víctimas, que el legislador tiene responsabilidad por omisión, debido a la falta del ejercicio regulatorio en incumplimiento de los preceptos constitucionales que se han establecido en la carta política.
El Estado en cabeza del Congreso de la República, se basa en la omisión legislativa en la prohibición del asbesto, que es contraria a la búsqueda de la protección de los derechos a la salud y la vida de los nacionales. Dicha omisión se hace aún más evidente porque Colombia se adhirió al tratado internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte sobre los riesgos de persistir con la tesis del supuesto uso seguro y las consecuencias cancerígenas del mineral , teniendo la obligación de tomar medidas serías al respecto. El jurista agrega que el Congreso no puede estar de espaldas a la realidad de los ciudadanos, ya que por la falta de prohibición las estadísticas de víctimas mortales se han engrosado considerablemente, superando las 300 muertes cada 12 meses. Situación muy grave si se considera que el producto es prohibido en más de 56 naciones.
Otras ratificaciones
Colombia ratificó el año pasado la inclusión de la asbestosis y el mesotelioma en su tabla de enfermedades laborales, a través del Decreto 1477/14 expedido por el Ministerio del Trabajo, liderado por Luis Eduardo Garzón.
Dice Cáez que lamentablemente, la investigación en territorio local para este tipo de casos es nula, por lo que no se ven avances claros en la materia.
Valdría la pena que el Gobierno les prestara mayor atención a estos fenómenos, porque la relación costo-beneficio de los sistemas de salud siempre superará cualquier otra cosa.
Dice Fabio Arroyave, representante a la Cámara por Cambio Radical, que no cree que exista omisión en la materia y que debe entenderse que las leyes son producto de acciones colectivas. Personalmente creo que partiendo de debidos soportes científicos, deberían prohibirse este tipo de sustancias que atentan contra la salud de los colombianos.
Antecedentes
De acuerdo con la Conferencia Internacional y Ocupacional desarrollada en 2014 por la Universidad de los Andes en compañía de la Universidad Nacional, se calcula que en el país, más de 320 personas mueren anualmente a causa de este mineral, que está prohibido en 56 países industrializados como: Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido, Turquía, Uruguay, México, Perú y otros.
En el mundo fallecen más de 110.000 personas en el mismo periodo. Entre los padecimientos de salud más frecuente por el asbesto, de acuerdo con la OMS, están el cáncer de pulmón, de ovario y de laringe.
Fuente: www.larepublica.co
http://www.larepublica.co/v%C3%ADctimas-de-asbesto-demandaron-por-2448-millones-al-congreso-y-cuatro-empresas_215231
