En 2011, a Maite Martín le diagnosticaron un mesotelioma peritoneal, un tipo de cáncer que suele acortar la vida a menos de un año y que está causado por la exposición al amianto. «Cuando en el hospital me dijeron que lo tenía por culpa de Uralita me quedé de piedra. Jamás me lo hubiese imaginado», cuenta la mujer, vecina de Ripollet y maestra durante 35 años en una escuela a un kilómetro de la fábrica que la compañía dispuso en Cerdanyola del Vallès entre 1907 y 1997. Según una reciente resolución judicial, la factoría emitió sin control al exterior fibras de asbesto, causantes de cánceres de pulmón y pleura y trastornos respiratorios crónicos.
Martín es una afectada ambiental del amianto; es decir, contrajo la afección por vivir y trabajar cerca de la factoría, de la que no fue empleada ni convivió con uno de sus operarios. Es la única superviviente de los 39 casos de Cerdanyola y Ripollet por los que la Audiencia de Madrid instó en diciembre a Uralita (ahora denominada Coemac) a indemnizar con más de dos millones de euros. Como en otras sentencias, la firma se resiste a pagar y ha recurrido al Tribunal Supremo. La novedad es que, por primera vez, un tribunal ha reconocido como víctimas no solo a ex empleados y sus familiares, sino también a vecinos que, como Maite, residieron alrededor de la planta.
«De los 977 casos comprobados que han enfermado en el Vallès Occidental por el amianto, un 17% es por vecindad con Uralita», recuenta el doctor emérito Josep Tarrés, que estudia el impacto del asbesto en la zona desde 1976. Aún ahora se registran de 40 a 50 diagnósticos nuevos al año atribuidos a la actividad de la fábrica, dos décadas después de cerrar. Ocurre porque los síntomas tardan cuatro décadas de promedio en manifestarse. «Sin Uralita, habríamos tenido 160 casos y estaríamos en la media nacional, así que es responsable del 82% de los que se han probado», asegura el médico.
En la actualidad, hay 400 pacientes en observación por afecciones vinculadas al amianto en los municipios cuyo hospital de referencia es el Parc Taulí de Sabadell. «Alrededor de uno de cada cuatro casos nuevos son de vecinos que no tuvieron relación con la empresa», estima Tarrés.
Se cuenta con que entre 2020 y 2023 se alcancen de 55 a 60 diagnósticos por año en Cerdanyola y su entorno, y luego vayan descendiendo hasta 2040. Allí se detectan unos 15 mesoteliomas al año. En un lustro, se prevén una veintena anuales. «De 302 examinados, la media de esperanza de vida es de 11 meses desde que se detectan», precisa Tarrés, que reclama ayudas para retirar el amianto instalado: «Temo una segunda oleada de enfermedades porque se está degradando».
«Por estadística, no tendría que estar viva», constata Martín; a base de quimioterapia y dos operaciones, ha plantado cara al cáncer, en el que ha recaído seis veces. «Como soy la única viva de los 39 de la denuncia, quiero hablar por ellos y por mí. Cualquiera puede sufrir cáncer, pero a nosotros nos han envenenado», distingue. Añade que «nadie sabía nada» del riesgo de vivir cerca de Uralita, que producía placas de fibrocemento que se expandieron como material de construcción. La comercialización del mineral se prohibió en 2002 en España, más tarde que en países europeos como Francia, Alemania u Holanda.
Trabajadores y esposas enfermos
«Uralita tuvo interés en que no se supiera», sostiene Diego Ruiz, cuyos progenitores murieron de cáncer. Su padre trabajó más de 20 años en la factoría de Cerdanyola, donde el amianto dañó la salud de más de 500 empleados desde mediados de los 70. «Volvía de la fábrica con la ropa manchada de blanco, como un pintor. Mi madre la sacudía», recuerda. Los hijos no pudieron acreditar que el tumor que su padre no superó en 2008 fuera a consecuencia del asbesto, pero en cuanto a la madre se certificó en «más de un 99%».
Como otras mujeres, cayó enferma por limpiar el mono de trabajo de su esposo, tarea que Uralita no asumió hasta 1977. «Le encontraron cáncer de pleura en octubre de 2012 y la enterramos en enero de 2013. Fue rápido y doloroso», atestigua Diego. «Desgraciadamente, vemos a menudo mesoteliomas que desarrollan señoras de 50 a 55 años, que son las hijas mayores de trabajadores que ayudaban a su madre a limpiar la ropa del padre», dice Tarrés.
Esther Costa es abogada del Col·lectiu Ronda, que representa a los afectados. «Se ha abierto un camino para los pacientes ambientales. Hasta ahora, era un pleito arriesgado», afirma. A la vez que aguardan sentencia para otra causa de denunciantes de Cerdanyola y Ripollet, que piden 5,1 millones de compensación, estudian nuevas demandas por más casos en ambas localidades, así como en Castelldefels, Getafe y Aranjuez. No es un proceso sencillo: aparte de aportar informes que vinculen la afección con el amianto y presuntas negligencias de las empresas, los afectados deben acudir al juzgado antes de que transcurra un año desde que recibieron el diagnóstico.
«No nos mueve que nos puedan indemnizar, sino la indignación de ver que nos han hecho daño y puedan irse de rositas», señala Ruiz. Uralita -con 8,6 millones de beneficios en 2017- recurre «sistemáticamente», como Costa sabe bien: «Es una estrategia con un alto coste y perjudica a las familias porque, cuando las indemnizan, normalmente el afectado ya ha fallecido».
«El dinero no compensa la calidad de vida que hemos perdido. Lo que buscamos es justicia», remarca Maite, que pide al Supremo que no admita el recurso de la compañía: «Si lo acepta a trámite, ¿estaré viva cuando resuelva?».
Fuente: www.elmundo.es
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/02/5ac175dde5fdea645a8b45e8.html
