La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha aprobado, en cumplimiento del mandato del 41º Congreso, la propuesta de solicitar la creación de un fondo de compensación que ayude a paliar la situación de las personas afectadas por su exposición al amianto en su lugar de trabajo y sus familiares.
De esta forma, el sindicato quiere dar una solución a la situación a la que se ven abocados estos trabajadores y sus familias, que, según han avisado, además de afrontar los graves daños a la salud que puede provocar este material, son "ignorados" por las mutuas y la Seguridad Social.
"La dimensión del problema en España se evidencia a través de la consideración de estimaciones cuantitativas de diferentes informes como nuestra guía Evolución jurídica derivada de la presencia de amianto en los centros de trabajo 2013, que muestra que entre 60.000 y 90.000 personas podrían haberse visto afectadas por la exposición al amianto en España", ha señalado el sindicato.
De hecho, según ha recordado, el estudio europeo CAREX cifraba a finales de la década de los 90 el número de trabajadores expuestos en 56.600. Además, el Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expuestos al Amianto (PIVISTEA) tenía registrados a finales de 2012 un total de 35.630 trabajadores.
"Hay que tener en cuenta que no todas las comunidades autónomas comunican datos sobre la afectación y las que lo hacen no lo efectúan con los mismos criterios, ni disponen de suficientes medios para la captación, verificación, tratamiento y control de la información suministrada por los empresarios. Frente a esta estimación, en el periodo 2007-2012, el total de expedientes de enfermedad profesional declarada por amianto asciende a 540", ha informado el sindicato.
Unos datos que, a su juicio, ponen de manifiesto la necesidad de dar un "mayor" reconocimiento y un tratamiento "adecuado" a las víctimas, una necesidad de justicia, ya que está "ampliamente" reconocido nacional e internacionalmente por el perjuicio que origina esta sustancia sobre los trabajadores que han sido expuestos a la misma.
Por todo ello, el sindicato ha criticado que se pretenda "ignorar" este problema de naturaleza social y ha subrayado la necesidad de actuar conforme a una estrategia "adecuada" y compartida por "todos" los actores sociales.
Además, ha reclamado terminar con las "incoherencias y contradicciones" de los datos sobre afectación y reconocimiento de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto, así como conseguir una actualización del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de incluir, entre otras, las derivadas del trabajo con este material, el diseño de herramientas para efectuar correctamente la detección, registro, proyección y prevención de posibles casos.
Finalmente, ha solicitado la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una medida ya utilizada en otros países europeos. "Estas propuestas que nos permitirían reducir el nivel de conflicto social y jurídico alcanzado por las justas demandas y reclamaciones de los trabajadores y familiares afectados por el amianto, acelerar su solución y alternativamente explorar un futuro diseño de sistemas de negociación conjunta de este tipo de situaciones ahora que la actitud deliberadamente obstruccionista del gobierno impiden alcanzar acuerdos en los canales habituales de negociación y participación colectiva", ha zanjado el sindicato.
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