Una veintena de sindicalistas de UGT apoyó ayer a Justino Calvo a las puertas de los juzgados de los Reyes Católicos poco antes de celebrarse el juicio contra la empresa Prosider Ibérica, que quedó visto para sentencia. Se trata del primer trabajador afectado por amianto en la provincia que, de la mano de este sindicato, ha acudido a los tribunales para reclamar daños y perjuicios por las secuelas derivadas de su exposición a este material nocivo durante 22 años. En concreto, 160.000 euros.
Calvo, que está a punto de cumplir 70 años, desempeñó su trabajo en la ya extinta Hispano Química, a la que después sucedieron Hougthon Hispania y la actual Prosider Ibérica, por lo que el abogado del trabajador aseguró que esta última «no puede desconocer la situación de sus antecesoras». Una consideración que acompañó de pruebas documentales, así como de un informe pericial que recoge que la «insuficiencia pulmonar grave» que padece su defendido «es consecuencia de una asbestosis», enfermedad provocada por la exposición al amianto. Todo ello con el objetivo de probar la responsabilidad de la compañía.
Por su parte, el abogado de Prosider argumentó que «no existe una sucesión de empresas a título universal», ni tampoco de contratos, y que en la parte de activos adquiridos «nunca se utilizó el amianto». En este sentido, afirmó que «mal pudo cumplir las obligaciones el empresario» y que, por tanto, «no hubo omisión del deber». Por todo ello, consideró que no existe «ninguna responsabilidad», no sin antes apelar a la doctrina del Tribunal Supremo sobre imputación de responsabilidades en sucesión de empresas, si bien matizó que no es el mismo caso.
Con la salud visiblemente deteriorada, sobre todo en los dos últimos años, Calvo respondió a la única pregunta formulada por abogado de la empresa, la relativa a si había trabajado en Prosider Ibérica. «No para Prosider, pero sí para Hispano Química», afirmó. El procedimiento se prolongó durante media hora, después de que fracasara el acto de conciliación previo al juicio.
A la sesión asistieron también compañeros de Calvo del sindicato, que horas antes se concentraron a las puertas de los juzgados para mostrarle su apoyo. Roberto Gómez, secretario de Acción Sindical de UGT, aventuró que no será la primera vez que acudan a respaldar a «compañeros que reclaman un reconocimiento por parte de los jueces de la culpabilidad de una empresa, que durante años trabajó con material prohibido a costa de la salud de los trabajadores para enriquecerse».
Al margen de este caso, Gómez aseguró que en Burgos puede haber cerca de 2.000 trabajadores que han estado en contacto con el amianto y no lo saben, por lo que recomendó que ante cualquier sospecha se realicen las pertinentes pruebas sanitarias.
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