Nuevo episodio de desavenencias entre la promotora de las obras, la Junta y el personal funcionario del Edificio Negro, en lo que ya es un vía crucis para los trabajadores del inmueble de catorce plantas de la avenida de la Aurora. Ahora tras la aparición sorpresiva de amianto en la retirada de los bajantes del edificio, que nadie antes había comunicado a los cerca de 800 funcionarios de la sede principal de la Junta en Málaga, se interrumpieron las labores y está previsto que se reanuden este lunes.
El funcionariado ya sufría la incordiosa rehabilitación desde hace semanas, y ahora con esta nueva amenaza se ha apresurado a interponer una nueva denuncia al respecto ante la Inspección de Trabajo, en este caso por parte de la Junta de Personal y no de sindicatos independientes como había ocurrido en las primeras horas en las que fueron informados de este peligro.
Así las cosas, en su obligación de vigilar las condiciones de trabajo y estar atentos en la prevención de riesgos laborales, la máxima representación de los empleados denunció que fue informada el pasado viernes (21 de noviembre) de que una subcontrata de Ferrovial-Castillejos se encargaría de retirar unos bajantes en mal estado que contenía este dañino compuesto. Muy perjudicial sobre todo para el sistema respiratorio.
«Esperamos que se refuercen las medidas de seguridad porque nos preocupa incluso que la amenaza de este material no se traslade al vecindario cercano, que también corre peligro y ya está en alerta sobre la aparición de este material altamente perjudicial para la salud», advirtió el delegado del SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), David Delgado.
La noticia se les fue dada con muy pocas horas de antelación al comienzo de las mismas labores y por esta premura injustificada y temeraria cayeron varios escritos de reclamación a la propia Junta. El inicio de este desamiantado se produjo cuando además existía personal que se encontraría en las instalaciones sin las precauciones preceptivas. En aquella reunión informativa también se les comunicó que las ventanas estarían selladas para evitar riesgos mayores si bien estos han constatado que no es así en muchas de ellas.
La Junta de Personal recrimina a la dirección de la obra y a la Junta «la nula información que ha recibido de la obra» que «no se le ha comunicado más que el inicio de las obras, no se nos ha aportado ni el plan de seguridad y salud de la obra, ni el anexo del desamiantado, desconocemos la situación en la que van a trasladar a los funcionarios de sus dependencias cuando inicien la retirada y la instalación de la fachada y de las ventanas».
A esto añaden que «se nos informó, como ya hemos comentado, que las ventanas estaban selladas».
«Es palpable, que esta afirmación es un insulto a la inteligencia. En las paredes hay fisuras, grietas y agujeros, además, las ventanas se pueden abrir por error u olvido», añadieron ilustrándolo con imágenes y con una retahíla de normativas incumplidas por estas actuaciones.
Por último, solicitaron que «se cumpla la normativa en prevención de riesgos laborales, comunicación a los funcionarios de los riesgos que sufren y, además, solicitamos mediciones dentro del edificio para conocer si durante las obras existe exposición de los funcionarios al amianto».
Hay que recordar que la remodelación de este edificio construido en 1975 ya despertó polémica por otras razones como el cambio de su color, la idoneidad de hacer una remodelación tan costosa, 1,6 millones sin IVA, a cargo de una subvención europea en base a la eficiencia energética y no remodelar partes interiores muy deterioradas o mantener trabajos muy incómodos y ruidosos muy cerca de los lugares de trabajo de los funcionarios.
Fuente: www.elmundo.es
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/01/547c46c5268e3e27718b4577.html
