La juez de Instrucción 12 de Valencia ha citado a declarar como imputados a otros seis directivos de Unión Naval de Levante y su sucesora Unión Naval de Valencia por el uso del amianto en la construcción de buques. Las declaraciones se producirán el próximo 20 de mayo y durante la primera quincena de abril. Todos son cargos de relevancia, como directores de producción e incluso algún consejero. Uno de ellos llegó a declarar como testigo, pero ahora deberá acudir con su abogado. La investigación judicial contaba, antes de estas nuevas citaciones, con otros ocho imputados de los astilleros.
El juzgado investiga la responsabilidad de la empresa en la muerte de medio centenar de trabajadores y casi otros 200 afectados por enfermedades respiratorias relacionadas con la inhalación de fibras de este material.
La acusación y la defensa estuvieron cerca de llegar a un acuerdo económico. Esto hubiera propiciado una sentencia de conformidad en la que los acusados no entrarían en prisión. Las indemnizaciones de las que se habló en su día, en concreto a finales del pasado año, eran las mismas cantidades que ya se pactaron en la primera investigación judicial por los afectados del amianto. Entonces, se acordó el pago de 250.000 euros para las familias de cada fallecido, 150.000 para los lesionados graves y 110.000 para el resto de perjudicados. La empresa desembolsó más de 11 millones de euros. Todos los acusados fueron condenados a penas inferiores a los dos años de cárcel.
Sin embargo, pese a la voluntad de ambas partes por zanjar el asunto, las conversaciones se rompieron al proponer la empresa una rebaja sustancial de esas cantidades. Las víctimas no aceptaron este recorte porque hubiera supuesto reconocer la existencia de afectados de primera y segunda categoría al fijarse diferentes compensaciones.
La investigación, adelante
La vía del acuerdo se encuentra, por el momento, rota. De tal forma que la instrucción continúa en el juzgado. El fiscal encargado del asunto informó favorablemente acerca de citar como imputados a estos últimos altos cargos. Los directivos que ya han declarado aseguraron que el amianto dejó de utilizarse en la planta valenciana en 1982. No obstante, las víctimas sostienen que existen informes que prueban su uso hasta la década de los noventa.
La reapertura de la investigación sobre el amianto estuvo rodeada de polémica. El juzgado decidió archivar la denuncia tras el informe del fiscal en el que consideraba que los hechos eran cosa juzgada, es decir, que las responsabilidades ya habían quedado saldadas con la primera sentencia de conformidad del juzgado de lo Penal número 2. Sin embargo, los perjudicados recurrieron esta decisión. La Audiencia les dio la razón. Los magistrados sostuvieron que se trataba de situaciones diferentes, hechos que debían analizarse por separado.
Sin embargo, el juzgado volvió a archivar el asunto. En esta ocasión alegó que los hechos no constituían delito sino faltas y, por tanto, estas estaban prescritas. La Audiencia corrigió de nuevo esta decisión.
Fuente: www.lasprovincias.es
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201504/21/juez-imputa-otros-seis-20150421131534.html
