Tan solo en Euskadi son ya 208 los fallecidos a los que oficialmente se les ha reconocido el haber estado en contacto con el amianto en el pasado, y desde Osalan se hacen estimaciones de que alrededor de 350 personas han fallecido hasta el momento y de que la cifra subirá de forma considerable.
Y no nos podemos olvidar de otras personas afectadas por otro tipo de dolencias derivadas del amianto, y de los 6.521 trabajadores inscritos en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), a los que se les reconoce desde sus propias empresas haber trabajado con amianto y que por tanto, además de tener derecho a un seguimiento sanitario especifico, son candidatos a contraer las enfermedades relacionadas con el amianto. Esta cifra también se estima que no llegara ni al 25% del número real.
Mientras todo esto sucede, las personas afectadas y sus familiares se ven obligadas a tener que reclamar en los tribunales sus derechos y, por tanto, a tener que soportar procesos judiciales con todo lo que ello acarrea: la duración de los procesos que en su mayoría acaban después del fallecimiento de la persona enferma, asumir los costes económicos que supone todo el proceso judicial, soportar la inseguridad jurídica que acarrea, la espera de una sentencia...
Es peor aún la situación de desamparo en la que se encuentran las víctimas, cuando no tienen a quién reclamar porque la empresa en la que trabajaban ya no existe, o han contraído la enfermedad sin haber trabajado en ninguna empresa.
Tampoco nos podemos olvidar de los problemas económicos que acarrea para las empresas, sobre todo cuando son pequeñas al tener que afrontar los gastos económicos de manera unilateral, cuando por otra parte en el pasado no estaba prohibido legalmente trabajar con amianto.
En varios países europeos como son Francia, Bélgica y Holanda a principios de los 2000 crearon un Fondo de Compensación financiado por el Estado y las empresas. De esta manera cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad derivada del amianto (especialmente en el caso del mesotelioma) la persona afectada tiene derecho a una indemnización económica en un breve espacio de tiempo y sin tener que recurrir a los tribunales.
En el Parlamento Vasco, en la pasada legislatura y por iniciativa de un diputado, se aceptó la creación de una comisión parlamentaria con el fin de estudiar la posibilidad de crear un Fondo de Compensación, tras el cambio de legislatura dicha comisión ha seguido existiendo, pero sigue sin terminar sus labores correspondientes. Y desde nuestro punto de vista el tiempo está transcurriendo de manera excesiva, y por dicho motivo queremos hacer un llamamiento al Parlamento Vasco para que en un breve espacio de tiempo acepte las peticiones de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) presentadas en dicha comisión y que son:
- La creación de un Fondo de Compensación dotándole de una partida económica suficiente para resarcir a las víctimas del amianto.
- Trasladar al Parlamento de Madrid la propuesta de la creación de una Subcomisión de investigación parlamentaria del amianto con el fin de que anteriores pronunciamientos aprobados desde el 2002 en dicho parlamento no queden en papel mojado.
- Apoyar económicamente a la investigación del cáncer derivado del amianto, con el objetivo de, en un futuro, conseguir parar las consecuencias fatales de la enfermedad.
Fuente: www.noticiasdegipuzkoa.com
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/06/19/opinion/tribuna-abierta/las-olvidadas-victimas-del-amianto
