El caso del amianto podría no llegar a juicio. Los abogados de Unión Naval de Levante, reconvertida en Unión Naval de Valencia, se reunieron ayer con las acusaciones particulares para llegar a un acuerdo en la cuantía de las indemnizaciones. Existe voluntad por ambas partes.
La negociación, según fuentes conocedoras del encuentro, sería alcanzar unas indemnizaciones similares a las que ya se abonaron durante la primera remesa de afectados. Entonces, se estableció el pago de 250.000 euros para cada fallecido, 150.000 para los lesionados graves y 110.000 para el resto de perjudicados. La empresa desembolsó más de 11 millones de euros a cambio de que los acusados fueran condenados a penas inferiores a dos años de prisión por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Los homicidios imprudentes se transformaron en faltas.
Ahora podría suceder, si los contactos fructifican de acuerdo a esta primera reunión, en el pago de una cifra bastante superior a los 20 millones de euros. En la causa, que actualmente instruye el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, figuran unos 240 afectados. Se trata de trabajadores de los astilleros que durante años estuvieron expuestos al peligroso material sin las debidas medidas de seguridad ni protección personales.
De ellos, según las fuentes, unos 40 habrían fallecido. El resto presentan dolencias de diversa índole. Todas relacionadas, lógicamente, con el amianto. Este fue muy utilizado en los astilleros desde 1960 y hasta la década de los noventa como aislante en la construcción de buques. Fue prohibido entonces por su elevada toxicidad. Buena parte de los fallecidos -los de la anterior sentencia y los de esta nueva investigación- han muerto por un cáncer. La mayoría sufre enfermedades pulmonares y respiratorias. En algunos casos, varias generaciones de una misma familia se han visto afectadas por los efectos nocivos.
La reapertura del caso estuvo rodeada de cierta polémica. El asunto terminó en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia que archivó la causa al considerar que se daba la circunstancia de cosa juzgada. De hecho, el sobreseimiento se produjo después de que el fiscal informara en el mismo sentido. Lo hicieron en base a la sentencia del juzgado de lo Penal 2 de Valencia por la que se condenó a los responsables y se acordó el abono de las indemnizaciones.
Sin embargo, las acusaciones particulares recurrieron la decisión. La Audiencia ordenó que se reabriera la causa. Consideraba que no concurría la anterior circunstancia y que debía estudiarse la situación de los nuevos afectados. El tribunal sostuvo que la primera sentencia no agotó el desvalor de los hechos u omisiones cometidos por los responsables si con posterioridad se habían detectado nuevos fallecidos. La anterior juez trató de nuevo de dar carpetazo al asunto alegando que los hechos eran faltas y, por tanto, estaban prescritas.
La Audiencia, por segunda vez, la corrigió. En ese último auto, le instó a que se pusiera a investigar y le recriminó su inactividad durante el último año. Tras esto, se imputó a siete responsables de los citados astilleros.
La conformidad que ahora se negocia debería contar con el visto bueno de la Fiscalía. No parece probable que se opongan a tenor del primer informe, que mantenía que se trataba de algo ya juzgado.
Fuente: www.lasprovincias.es
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201407/03/union-naval-victimas-amianto-20140703000310-v.html
