Luis Mari murió por amianto y su familia solo puede recurrir al fondo público que no llega nunca: "Nos han abandonado"

“Luis Mari, ¿has trabajado con amianto?”. Mª Carmen Mendizábal recuerda las palabras del médico que les quitó “la venda de los ojos” ante el fatal diagnóstico que habían puesto sobre la mesa a su marido. Mesotelioma pleural, un cáncer muy agresivo que se llevó a Luis Mari Sukia solo diez meses después. Su viuda y su hija no pudieron denunciar ni reclamar daños por la muerte, porque la empresa responsable había desaparecido. Desde enero de 2023, deberían haber podido recurrir al fondo público para víctimas del amianto aprobado, pero el Gobierno lleva ya dos años de retraso para ponerlo en marcha. “La sensación es de abandono absoluto”, sostiene la viuda.

Tras más de una década de lucha, el fondo público con compensaciones para las víctimas del amianto se aprobó en 2022 por unanimidad política, algo difícil de ver en estos tiempos. Todas las formaciones reconocían la “injusticia histórica” que se había cometido con las personas trabajadoras, sus familias y otras víctimas ambientales expuestas a esta sustancia cancerígena. Pese a ser conocida su peligrosidad desde hace décadas, en España no se prohibió su uso hasta 2001.

Hace más de 15 años, Mª Carmen Mendizábal estaba un día viendo la televisión vasca y se cruzó con un programa sobre personas enfermas por amianto. Euskadi es uno de los territorios con más movilización de las víctimas, muchas ligadas al sindicalismo en la industria. “La verdad es que no sabía del tema, salían casos y me quedé a verlo. No te das cuenta de la cantidad de personas afectadas que hay en realidad y de lo duro que es vivir esto”, reflexiona. Hasta que te pasa.

“La enfermedad te consume en nada”, dice con una voz que tiembla cada vez que se refiere a los últimos meses de vida de su marido. Luis Mari Sukia falleció en agosto de 2021. Cuando le detectaron el mesotelioma, una de sus mayores inquietudes fue “saber a ciencia cierta” el origen de su enfermedad. “Y en qué situación dejaba a su esposa y su hija”, explica Mª Carmen Mendizábal.

No le llegó la respuesta. La resolución de la Seguridad Social llegó poco después de su fallecimiento. La Seguridad Social reconocía la enfermedad profesional, contraída por la exposición al amianto en Fundiciones Echeverría. “Luis Mari llevaba casi 40 años que no trabajaba allí”, explica su mujer. “Desde 1972 hasta 1989, que se cerró la empresa”, apunta Mendizábal.

Como ya no existía la empresa, Mª Carmen Mendizábal y su hija comprobaron que no tenían a quién denunciar por la muerte de Luis Mari. “En ese momento, fue cuando estaba todo el boom del fondo público de compensación”, recuerda la viuda.

Los sindicatos y las asociaciones de víctimas estaban a punto de lograr una reivindicación histórica: que el Estado español indemnizara a las víctimas del amianto, como ya sucedía en países como Francia, Holanda y Bélgica. Una opción para evitar las largas batallas judiciales que demoran las indemnizaciones para las víctimas durante años y, sobre todo, para los casos como el de Luis Mari Sukia, en los que no existe ya una empresa a la que reclamar.

En 2022, se aprobó la ley con el fondo público para las víctimas, que obtuvo el respaldo de todos los partidos políticos. “Si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009, podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”, recoge la legislación.

El Gobierno se dio tres meses para aprobar el reglamento que regule y ponga en marcha el fondo, que finalizaron en enero de 2023. Pero no lo hizo nunca, lo que significa que dos años después de las celebraciones y los aplausos en en el Senado, no existe en realidad el fondo de víctimas del amianto.

“Somos víctimas, pero no tenemos nada”, lamenta Mª Carmen Mendizábal, que no entiende cómo el Ministerio de la Seguridad Social, que lidera Elma Saiz y que es responsable de aprobar el reglamento, pero también el Gobierno de coalición progresista en su conjunto han provocado esta situación.

“Cada día que pasa, se suman más fallecimientos de personas afectadas que no van a poder hacer efectiva la reparación de un daño a su salud que nunca debió producirse”, lamentan en CCOO, UGT y FEDAVICA.

Las víctimas del amianto no dan crédito al “ninguneo” que están sufriendo, critican desde la federación estatal FEDAVICA y en los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Las tres organizaciones, unidas en la lucha por el fondo público, llevarán la inacción del Gobierno ante el Defensor del Pueblo el próximo jueves, 6 de febrero.

“¿Cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos de la Ley, cuando ha sido aprobada por unanimidad por parte del Parlamento Vasco (en tres ocasiones), el Congreso de los Diputados y el Senado?”, denuncian las víctimas y sindicatos en un comunicado conjunto.

“Es una situación muy extraña. Ya no sabemos qué pasa, estamos perdidos, no lo entendemos”, explica Jon García, portavoz de FEDAVICA, que trabajó en CAF en Euskadi y está en el listado de trabajadores afectados por la exposición al amianto. “Hay 68 muertos por amianto en CAF Beasain y más de 100 entre todas las plantas de Zaragoza, Irún, Madrid y Beasain”, recuerda.

Mientras que en el pasado la Seguridad Social llegó a darles algún plazo para aprobar el fondo de compensación de víctimas, incluso presentó un borrador del reglamento (que indignó a víctimas y sindicatos), desde hace tiempo en el Ministerio de Elma Saiz no les responden con ningún horizonte para su aprobación, ni sobre los motivos de la demora, subraya Jon García. elDiario.es ha preguntado a la Seguridad Social sobre el fondo, pero tampoco ha obtenido respuesta.

En septiembre, la ministra Elma Saiz apuntó en el Senado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado como un “hito” para “la adecuada dotación presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones”. CCOO, UGT y las asociaciones de víctimas recuerdan que ya hay aprobada una primera partida de 25 millones de euros y, aunque tuviera que ampliarse, no consideran que sea excusa para no aprobar el fondo y cumplir la legislación.

“Nuestro último recurso ha sido ir al Defensor del Pueblo”, indica Jon García, que espera el respaldo de la institución que lidera Ángel Gabilondo. “Hay quien me dice si merece la pena salir peleando, que a qué precio... Porque esto te pasa factura, revivirlo una y otra vez. Pero hemos decidido luchar, poner voz y cara a las víctimas del amianto, ser visibles”, dice Mª Carmen Mendizábal. “A mí a lo mejor no me llega el fondo de compensación, pero lo hago por la gente que viene después, que tenga un lugar donde recurrir”, añade la viuda.

Fuente: www.eldiario.es

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