Los impactos sobre el amianto afectan hoy a grandes colectivos de población, pasando de ser un problema de salud laboral a un gran problema de salud pública y medioambiental que permanece invisible.
Unas tres millones de toneladas de amianto inundan hoy estructuras y edificios en España. De esta forma, a los miles de trabajadores que estuvieron expuestos al amianto entre 1965-2000, hay que añadir ahora otros colectivos que formarán parte de la hecatombe sanitaria en forma de cánceres y de enfermedades broncopulmonares. Según la Organización Mundial de la Salud, el amianto causa más de 125.000 muertes al año.
La salud de los trabajadores en general y el problema del amianto en particular no es un espacio reservado a los especialistas, expertos o sindicalistas. Ni tan siquiera es solo un problema de los trabajadores expuestos y afectados.
El abordaje de los impactos del amianto requiere la puesta en marcha de un movimiento social del que formen parte activa hombres y mujeres interesados en el tema, activistas, víctimas del amianto y sus familiares, sindicalistas, médicos, científicos, intelectuales, cineastas y documentalistas, juristas y personalidades políticas. Todos los saberes, todas las experiencias, todas las propuestas, todos los estudios e investigaciones son necesarios para evitar una catástrofe sanitaria y para defender a las víctimas y afectados por el amianto. La dispersión de recursos, la disparidad de agentes, abogados, jueces, tribunales, dan lugar a dudas y fallos no deseados en los procedimientos.
Este proyecto pretende coordinar dichos recursos, uniformar criterios y ponerlos al servicio de las víctimas del trabajo.
Las empresas, ignoraron, silenciaron y ocultaron el riesgo cancerígeno e incluso la legislación. Según Sentencia del Tribunal Supremo, las empresas no pueden alegar ausencia de normas en sus actuaciones al menos desde 1940.
Miles y miles de trabajadores y trabajadoras, manipularon amianto durante los años 60, 70, 80, incluso en los 90, con mayor o menor exposición a la fibra cancerígena.
Tal como nos muestra la historia de las víctimas, pequeñas exposiciones a un cancerígeno como el amianto pueden ser suficientes para generar la fatal enfermedad décadas más tarde, y la única medida preventiva es la detección precoz de la enfermedad mediante la vigilancia sanitaria específica.
El número de empresas que han usado amianto en los últimos 30 año supera 2.200 en España, en las que han estado expuestos más de 140.000 trabajadores que tendrán derecho a las indemnizaciones que les correspondan, al reconocimiento de enfermedad profesional, al recargo de prestaciones, utilizando en los casos que sea preciso la querella criminal.
El amianto se utilizó ampliamente, no solo en la industria específica, sino, también en acerías, fundiciones, fabricación de maquinaria, industria naval, de ferrocarriles, del papel, química, azucareras, construcción
, siendo los mecánicos, soldadores, calefactores, fontaneros, electricistas, caldereros o quienes reparaban la red de aguas municipales, las profesiones de especial riesgo.
La gran mayoría de las empresas, eludieron notificar al registro del RERA, el nombre de los trabajadores expuestos, imposibilitando así la vigilancia sanitaria específica, y con la absoluta permisibilidad de la dictadura franquista, gobiernos de la transición y la gran mayoría de los técnicos de la administración laboral y sanitaria, de Mutuas y de la Inspección de Trabajo, todos se confabulaban en contra de los trabajadores, y se encargaban de externalizar el coste de las enfermedades profesionales a la sanidad pública, camufladas como enfermedades comunes.
Por ello, además de llegar la hora de exigir responsabilidades al Estado, por no haber adoptado las normas acordes con los conocimientos científicos, por la catástrofe sanitaria producida por el amianto, las responsabilidades son evidentes, parece que es condición para avanzar, la creación de un Fondo Nacional de Compensación a las víctimas indefensas.
No podemos esperar. Mañana será tarde, las víctimas van muriendo y sus familias se quedan desamparadas y sin los derechos que les corresponden por tanto daño causado.
Nos proponemos hacer visible un drama que permanece invisible, situando el amianto en el campo judicial, político, económico y mediático.
Es fundamental la aprobación de una norma que obligue a las instituciones que corresponda la creación de un inventario de edificios y estructuras que contengan amianto.
Pero el amianto no es más que la punta del iceberg del drama de la enfermedad y la muerte en el trabajo. Existen más de 1.300 compuestos químicos cancerígenos de uso industrial con graves efectos en la salud pública, en la salud laboral y en el medio ambiente. Según diversos estudios, más de 16.000 personas mueren cada año en España por cáncer de origen laboral.
