El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha pedido este viernes que se inicie la eliminación del amianto en los edificios públicos en la Comunidad andaluza porque las cifras son "alarmantes, pasan de forma invisible, pero el efecto del amianto actúa sobre la salud de la gente". Así lo ha señalado en una rueda de prensa, en la que ha estado presente junto a la secretaria de Salud Laboral y Medioambiente del sindicato, Nuria Martínez, el presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida), y la abogada del colectivo, María José González. Carbonero ha pedido a la Consejería de Fomento y Vivienda "la realización de un inventario de todos aquellos edificios que deben pasar una Inspección Técnica de Edificios (ITE), en la que se detecte si hay amianto". Así, ha pedido que, en relación al plan de reactivación del sector de la construcción que ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "inmediatamente en esos planes entre como prioritaria la eliminación del amianto en todos los edificios públicos". En este sentido, el secretario general de CCOO-A ha mostrado la preocupación que comparten con la asociación "por la invisibilidad de las enfermedades profesionales". De esta forma, ha indicado que la asociación "tiene un proceso judicial y el trabajo encomiable de la lucha contra la utilización del amianto, pero también de la demanda y reivindicación de reparar el daño que está haciendo en miles de personas". Igualmente, Carbonero ha asegurado que en el último año han fallecido 62 personas, se han producido 808 accidentes graves y más de 65.000 accidentes leves con causa de baja. En este sentido, ha señalado que se ha producido "un crecimiento con respecto al año anterior de un 3,27 por ciento de los accidentes y de la siniestralidad". Asimismo, el secretario general de CCOO en Andalucía ha querido hacer un llamamiento a las administraciones públicas "para que no se olviden de que la crisis no significa que haya menos accidentes" y ha añadido que "la crisis provoca dejación de la vigilancia y de las inspecciones, no sólo de los accidentes, sino también de las enfermedades profesionales, entre las que está el amianto". Para Carbonero, la eliminación de algunas fábricas que utilizaban como producto principal el amianto de Andalucía "no significa que el problema haya desaparecido, pues sigue estando en la vida cotidiana, en los tejados de las casas, en los bajantes, en la fabricación del sector del automóvil y en el sector naval". "Un estudio epidemológico realizado por la Unión Europea dice que en España se producirán hasta el año 2025 entre 40.000 y 56.000 muertes por cáncer de pleura y que va a afectar a tanta gente como consecuencia del impacto que ha tenido en algún momento de su vida el amianto", ha asegurado el secretario. En este sentido, ha señalado que "se dará en esa fecha el mayor número de casos de afectados por el amianto, por lo que no es una cuestión del pasado, es presente y futuro". Actuación de la justicia De este modo, Carbonero ha afirmado que desde la asociación y CCOO exigen que "actúe la justicia para reparar el daño a las personas" y ha añadido que piden al Parlamento andaluz que "se reactive de inmediato la comisión sobre el amianto que duerme el sueño de los justos". Además, ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "ponga en marcha las unidades de referencia y de vigilancia de la salud a aquellas personas que hayan tenido relación profesional con el amianto". "Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo tienen la competencia sobre salud laboral, por lo que se pide al consejero, José Sánchez Maldonado, que haga una petición a todas las empresas que tienen en su actividad relación con el amianto para que aporten la relación de trabajadores que han tenido actividad profesional con esta sustancia y que se ponga en marcha ya, con celeridad, para poder detectar la enfermedad, paliar los efectos de la misma y mejorar la salud de la gente". Así, el presidente de la asociación ha señalado que "los daños provocados por el amianto no sólo ha afectado a los trabajadores de las empresas, sino que también a los familiares y a los vecinos de las barriadas colindantes". De igual forma, ha indicado que "los afectados del amianto que van a ir a juicio en los próximos días no pueden ser noticia desde el punto de vista jurídico, porque su situación ha prescrito". En este sentido, ha afirmado que "la empresa Uralita se está aprovechando de que, dada la situación de prescripción, muchos afectados no pueden demandar". Igualmente, Nuria Martínez ha apuntado que, según datos de la Junta de Andalucía, en la comunidad andaluza "hay 424 personas tienen enfermedades derivadas directamente de la exposición al amianto". Así, ha indicado que "el 54 por ciento de los casos provienen de los sistemas sanitarios públicos" y ha añadido que "el trabajador acude a la mutua y directamente lo deriva a contingencia común y luego el médico de ese servicio público de salud hace el informe de sospecha de enfermedad profesional, es decir, es una derivación de costes, que deberían asumir las empresas, al sistema sanitario público". Reclamaciones de indemnización Por su parte, la abogada de la asociación ha indicado que "muchos afectados tienen reconocida su incapacidad derivada de la enfermedad profesional". De esta manera, ha señalado que "en el ordenamiento jurídico vigente hay un período muy corto, en concreto un año, para efectuar las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios, por lo que es necesario ampliar el período de prescripción". Además, en relación al juicio que se celebra los días 17 y 19 de febrero la abogada ha explicado que se trata de 26 personas, 22 de ellas trabajadoras y cuatro familiares de personas fallecidas a causa del amianto, y ha señalado que "la principal dificultad a la que tendrán que enfrentarse no es reconocer la causalidad que ya está consolidada, sino conseguir que se amplíe el tiempo de prescripción de los casos porque el amianto es una sustancia cuyos efectos sobre la salud son imprevisibles en tiempo y forma"
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