La ciudad de Ferrol es la más afectada de Europa por el amianto. La Asociación Galega de Víctimas do Amianto, AGAVIDA, calcula que son 10.000 personas en la comarca, las que padecen alguna secuela debido a la exposición a estas fibras que se utilizaron en diferentes sectores y empresas como la construcción naval o en la Armada.
Muchos son los que se han quedado por el camino a causa de mesoteliomas, carcinomas o placas pleurales, pero el camino para luchar por los derechos de los que quedan todavía es largo.
Existe un fondo de compensación para afectados que se aprobó por ley en en julio del 2022. Casi tres años después no funciona, ni tan siquiera se ha redactado, a pesar de contar con 25 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado.
Este pasado lunes, víctimas y sindicatos de toda España representados en la federación Fedavica, se reunieron por primera vez con la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elena Saiz Delgado, el resultado: frustrante.
Esta es la impresión que tiene Xoan Xosé Pita, actual portavoz de AGAVIDA tras el fallecimiento de un líder histórico, Rafael Pillado, precisamente a causa también del amianto: "La verdad es que la reunión se finalizó sin ninguna novedad, lo que resultó frustrante para las víctimas porque no se produjo ningún avance desde el año 2022 que se aprobó el Fondo de Compensación. Yo creo que el Gobierno aquí nos está tratando como unas víctimas de segunda, totalmente indefensas", argumenta.
La asbestosis es una enfermedad rara, pero muy conocida en Ferrol, que causa fibrosis pulmonar originada por una contaminación por fibras de asbesto o amianto.
Se considera una enfermedad profesional, por lo que es un médico el que debe de reconocerla como tal para que los afectados puedan ser indemnizados en un futuro por este fondo sin pasar por los juzgados.
Desde Agavida también denuncian importantes retrasos en la atención médica por parte del Sergas, ya que se estipula que las personas que estuvieron años en contacto con el amianto deben de someterse a revisiones periódicas, una vez al año. Actualmente están tardando entre cinco y seis años.
Según diferentes estudios, las consecuencias del amianto se seguirán evidenciando hasta el 2030, teniendo en cuenta que el máximo consumo de este material, prohibido en España en el 1987, se produjo entre los años 1970 y 1980.
La próxima reunión entre las asociaciones de víctimas y el Ministerio se producirá el 7 de marzo.
Fuente: www.cope.es
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