El presidente de Reyal Urbis declara como imputado por el abandono de la antigua Uralita en Valladolid
Las instalaciones contaminadas por el amianto, sustancia altamente cancerígena, plantean un grave riesgo para los vecinos
El presidente de la promotora Reyal Urbis, Rafael Santamaría Trigo, ha testificado hoy en calidad de imputado por un delito contra el medio ambiente ante el estado de abandono de la antigua fábrica Euronit, Fachadas y Cubiertas, de la que es propietaria, anteriormente Uralita S.A, ubicada en pleno centro de la capital y que supone un grave riesgo para los vecinos debido a la acumulación en ella de amianto, material altamente cancerígeno.
El interrogatorio, previsto inicialmente para las 10.00 horas, se ha iniciado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, César Gil Margareto, con hora y media de retraso debido a la larga declaración prestada, también como imputado, por el delegado de la empresa en la capital, José María Barrio Gil Founier, que ha comparecido con carácter previo para explicar su supuesta implicación en los hechos que investiga el juez.
Sin embargo no ha trascendido detalle alguno del doble interrogatorio debido a la negativa del presidente de Reyal Urbis de atender a los medios de comunicación.
El delito contra el medio ambiente por el que ambos han tenido que declarar en calidad de imputados, recogido en el artículo 325 del Código Penal, que estipula penas de prisión de entre dos y cinco años, multas de ocho a veinticuatro meses y la inhabilitación para profesión u oficio entre uno y tres años, tendría su origen en el absoluto abandono que las instalaciones presentan desde su cierre, en 2009, sin que, hasta hace bien poco, hubieran sido descontaminadas ni se hubiera acometido trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos de amianto.
La presente investigación se encuentra en marcha a partir de la denuncia formulada por la Fiscalía de Valladolid, que empezó a indagar a raíz de recibir en julio de 2012 de la Asociación de Víctimas y Afectados de Amianto (Avidalid) diversa documentación, acompañada de un vídeo, en la que se alertaba de la situación de la antigua Uralita, situada en el kilómetro 187,5 de la Avenida de Madrid y que abarca unas 16 hectáreas de superficie.
La factoría de Uralita, cuyo origen se remonta al año 1966 y concluyó en 2009 tras ser adquirida por Euronit, para pasar actualmente sus terrenos a propiedad de la promotora Reyal Urbis, antes inmobiliaria Urbis, con domicilio social en Madrid y delegación en Valladolid, tuvo como principal actividad a lo largo de cuarenta años la producción de fibrocemento, proceso en el que se utilizaba Crocidolita o amianto azul y Crisotilo o amianto blanco, con una media de cincuenta toneladas al año.
EL COLEGIO SAN AGUSTÍN.
Dicha circunstancia, constituiría un evidente riesgo para la salud de las personas que residen o trabajan en las proximidades, en especial para los alumnos del Colegio de San Agustín o los vecinos del Barrio de Las Delicias o la zona residencial del Pinar de Jalón, ya que la inhalación de las fibras de este mineral puede producir cáncer de pulmón o mesotelioma pleural.
La decisión de la Fiscalía vallisoletana de iniciar acciones penales contra la propietaria del suelo se produce tras las investigaciones que la propia acusación pública, en concreto la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Ana Valle, viene realizando desde 2012 con el auxilio de efectivos del Seprona de la Guardia Civil y de la Oficina Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo, consistentes en la inspección ocular de la zona afectada y la toma de muestras.
A falta de los resultados de éstas últimas, lo que sí pudieron constatar los inspectores en las instalaciones de la Avenida de Madrid es que tanto la antigua nave de producción como la destinada a almacén parecían encontrarse construidas con placas de uralita viejas, además de algunos aislantes y placas de las paredes de las antiguas oficinas.
Pero además, la Fiscalía vallisoletana certificaba haber constatado en dichas instalaciones la presencia de individuos dedicados a llevarse distintos elementos constructivos para su venta posterior, lo que implicaba no sólo un evidente riesgo para su salud sino incluso para la de quienes pudieran entrar en contacto con los materiales sustraídos o inhalar las fibras de amianto que pudieran desprenderse de los mismos.
Ante ello, la acusación pública solicitó como medida cautelar que se requiriera a Reyal Urbis para que adoptase las oportunas medidas para el adecuado cerramiento y vigilancia del recinto de su propiedad, y todo ello con el objetivo de evitar el desmantelamiento de las edificaciones allí ubicadas y la dispersión de los materiales que pudieran contener amianto, ante lo cual el juez de Instrucción 2, por auto de 18 de febrero del presente año, ordenó a la empresa que acometiera tales trabajos.
Aunque inicialmente fue el Ayuntamiento el que asumió la responsabilidad de desmantelar la antigua fábrica y pasar luego factura a Reyal Urbis, cuyo coste fue estimado en 600.000 euros, finalmente los trabajos han sido asumidos por la actual propietaria.
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