La Audiencia Provincial de Madrid acaba de condenar a la empresa Uralita a indemnizar a 39 personas de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona) por los daños sufridos a causa de la exposición al polvo de fibra de amianto (asbestos) que emitía la fabrica ubicada en Cerdanyola. Es la primera vez que se reconoce como víctimas a quienes sufrieron una afectación pasiva ambiental. Es el último episodio del largo y tortuoso camino de las víctimas del asbestos para que los tribunales les reconozcan el derecho a indemnización.
Cuando en Europa se discute sobre la importancia de aplicar el principio de precaución a las nuevas sustancias, conviene tener a mano algunos ejemplos para saber de qué estamos hablando. Nadie discute el principio de protección, que exige tomar medidas cuando ya hay evidencias científicas de que una sustancia o una tecnología implica un riesgo para la salud. Pero el de precaución, que exige tomarlas para reducir el impacto de un posible daño cuando solo se tienen indicios, encuentra muchas más resistencias.
En el caso del amianto, los especialistas en salud laboral tardaron décadas en lograr que se aceptara la evidencia científica. Ahora sabemos que la inhalación de partículas de ese microcemento provoca asbestosis una insuficiencia respiratoria grave, la totalidad de los casos de mesotelioma (cáncer de pleura) y entre un 5% y un 15% de los de pulmón. Pero mientras la ciencia libraba su batalla contra poderosos intereses económicos, cientos de miles de trabajadores y personas que vivían cerca de las fábricas sufrían un envenenamiento silencioso. El problema es que el tumor provocado por el amianto tiene una latencia de más de veinte años sin dar síntomas, de modo que gran parte del daño causado está aún por emerger.
El primer caso descrito como asbestosis está datado en Londres en 1906. En 1935 se publicó el primer trabajo que vinculaba el amianto al cáncer de pulmón y en 1947, el que advertía de que podía ser la causa del cáncer de pleura. Numerosas investigaciones demostraron después esa relación. La OMS lo declaró sustancia cancerígena en 1970, pero hasta 2005 no se prohibió en toda la Unión Europea y aún ahora se utiliza en muchos países en desarrollo. En España fue prohibido en 2002. Algunos estudios estiman que en Europa pueden aparecer hasta 500.000 afectados antes de 2030.
La fábrica de Cerdanyola se cerró en 1997, pero en 2015 los servicios de salud tenían ya registradas 900 personas con patologías relacionadas con el amianto y se diagnosticaba un nuevo caso cada semana. De los 109 casos de mesotelioma, 43 no habían tenido exposición laboral. Eran esposas, familiares o vecinos que habían inhalado el polvo lavando la ropa de trabajo o limpiando los balcones que cada mañana aparecían cubiertos de blanco. Esta es la historia de las víctimas del amianto: primero sufrieron el retraso en aceptar la evidencia y ahora sufren el retraso de la justicia.
Fuente: www.elpais.com
https://elpais.com/elpais/2017/12/23/opinion/1514032772_347486.html
