Este auto favorece que los afectados logren responsabilizar a Azucarera
Si hay una situación que favorece las próximas declaraciones de las viudas y compañeros de trabajo sobre la presunta inhalación de amianto en Azucarera Ebro el próximo 23 de mayo en los juzgados de Toro es la última sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la responsabilidad civil de una empresa gallega por los daños derivados de la enfermedad profesional que aquejaba al trabajador.
Con estas palabras, el abogado de la acusación particular, Román Oria, confirma que la existencia de una normativa que obliga a la empresa a tomar medidas que, aunque de carácter genérico en ocasiones, venían establecidas para evitar una contaminación que, en aquellos momentos ya se conocía como posible, y el hecho de que la empresa no haya acreditado haberla cumplido conforme a las exigencias de la normativa, obliga a entender que la enfermedad contraída deriva de aquel incumplimiento empresarial y esas consecuencias nocivas le son imputables a la em¬presa. Si los empresarios no lo acreditan, son culpables, asevera el letrado.
Además de esta sentencia, hay una nueva resolución dictada por el Ministerio de Defensa que reconoce que el Estado conocía perfectamente la perjudicialidad del material tóxico conocido como amianto, creando una situación de riesgo que en este caso los militares no tenían por qué soportar. Esta resolución es muy importante porque es el reconocimiento de la administración de que en los buques de la armada había amianto y si en la administración había y ellos lo sabían, está claro que también había en fábricas como Azucarera, asegura otra de las abogadas, Andrea Peiró, quien confirma con este dictamen que, puesto que el amianto se usó masivamente en los buques de la Armada española, pueden ser miles los militares que pueden estar afectados por las distintas enfermedades relacionadas con el amianto como la asbestosis, el cáncer de pulmón, la mesotelioma o las placas pleurales.
Lo mismo ocurre con los trabajadores de la fábrica toresana por la que trece personas afectadas denunciaron por un delito de homicidio imprudente.
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