En las últimas semanas he estado como parlamentario interesándome y entrevistándome con diferentes agentes sociales vinculados a entornos productivo-laborales afectados por el problema de los accidentes y las enfermedades profesionales. Ha sido un buen baño de realidad que aconsejo a los responsables de la consejería de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del PP, para ver si retiran cuanto antes esa campaña publicitaria («Accidentes laborales. No es cuestión de suerte, es cuestión de todos») en la que sin tapujo alguno se responsabiliza al trabajador o trabajadora de que con sus descuidos provocan el accidente.
Las enfermedades profesionales matan a bastante más trabajadores y trabajadoras que los accidentes laborales, y sin embargo están absolutamente infradeclaradas. No aparecen ni como problema de salud público, ni apenas llegan a las Mutuas. ¿Cómo es posible este silencio que minimiza un problema público de primer orden?
APENA son las siglas de la Asociación de Afectados por el Amianto, una especie de ´milagro social´ asociativo que existe en Cartagena y que trata de organizar a las aproximadamente 7.000 personas que calculan estuvieron expuestos durante su vida laboral en la Región de Murcia a las fibras del amianto. Hoy muchas de ellas han contraído un cáncer específico ligado al amianto el mesotelioma pleural o bien un cáncer pulmonar. La elevada toxicidad del amianto es conocida desde finales del siglo XIX (1889) pero, sin embargo, eso no fue obstáculo para su enorme difusión a lo largo del siglo XX en varios sectores de la industria, desde la construcción naval a la industria automovilística y de aparatos electrodomésticos. Su gran resistencia al calor le hizo un producto de múltiple utilidad que a la larga se mostró letal para los operarios industriales que lo manejaron sin conocer su peligrosidad.
La gente de APENA me contaban el ´peregrinaje´ de los afectados para conseguir que se le reconozca su patología como enfermedad profesional. La soledad que sienten por la ausencia de estudios epidemiológicos. La impotencia ante un poder económico Repsol Cartagena y la dejación del poder político el Gobierno regional del PP imposibilita que Repsol ponga a disposición de las autoridades el listado de los numerosos trabajadores que estuvieron expuestos al amianto durante décadas en la refinería de Cartagena. En esta Región mueren personas cuyas familias se las ven y se las desean para que se les reconozcan los derechos que se derivan de la mortalidad por enfermedad profesional.
Los delegados de la sección sindical de CGT en la fábrica cárnica de El Pozo nos mostraron un paisaje de numerosas lesiones musculo-esqueléticas en trabajadores sometidos a unos ritmos por encima de sus capacidades humanas alentados por el cobro de una prima salarial deseada por quienes tienen una remuneraciones bajísimas. No hay ningún estudio médico sobre este problema muy presente en Alhama, cuya extensión y recurrencia debería llevar a declarar estas lesiones como enfermedad profesional. Tampoco existe disponible un listado de las minusvalías adquiridas durante la vida laboral de operarios que han tenido que dejar la empresa (prejubilaciones, despidos). No es posible medir de ninguna forma la extensión del problema. Silencio y más silencio.
El sindicato CC OO anualmente lanza la campaña «cáncer profesional cero». Mientras que las estimaciones más conservadoras sitúan en 9.000 casos el número de nuevos diagnósticos anuales de cáncer en España atribuibles a exposiciones laborales, las Mutuas sólo han comunicado 23 en 2015, 19 de ellos por exposición al amianto. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos hemos presentado una moción en la Asamblea Regional proponiendo un protocolo médico que ya existe en Asturies para detectar las situaciones de cáncer laboral.
Otra de las entrevistas que mantuve fue con sindicalistas de UGT y CC OO sobre el ´decretazo´ del Gobierno regional para liberalizar los horarios de los comercios y ampliar el número de domingos laborales. Hablan de plantillas en los grandes centros comerciales que gracias a la enorme flexibilidad introducida por la generalización del contrato a tiempo parcial, cuyos trabajadores están exhaustos y estresados, con enormes dificultades para conciliar vida laboral y familiar. Y llega el ´decretazo´ para empeorarlo todo. Nadie va a medir los trastornos producidos por los riesgos psicosociales que este tipo de ambientes estresantes producen en los cuerpos trabajadores. Estos riesgos siguen sin ser registrados, a pesar de su incremento debido al deterioro de las relaciones laborales producto de la crisis o de medidas irresponsables como las del ´decretazo´.
Todos estos casos apuntan a una cuestión fundamental para detectar las enfermedades profesionales: la naturaleza social del conocimiento. Que haya más o menos apertura del conocimiento sobre las enfermedades profesionales depende de las relaciones sociales y políticas. Hay poderes económicos y políticos que en esta Región tienen bloqueado el conocimiento que necesitamos para afrontar este problema y que no siga gente padeciendo o incluso muriendo en silencio y sin derechos. Necesitamos el conocimiento y compromiso de médicos y epidemiólogos, de los técnicos en prevención, de los propios trabajadores y trabajadoras, etc. para visibilizar y reconocer las enfermedades profesionales.
Necesitamos de políticas audaces que apliquen las leyes que ya tenemos, pero no se aplican. El silencio sobre las enfermedades profesionales es el silencio de una democracia silenciada.
Fuente: www.laopiniondemurcia.es
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/05/15/silencio-enfermedades-profesionales/737105.html
