El legado letal del amianto: desvelamos en qué empresas enfermaron los trabajadores

Esta es la historia de algunas de las empresas cuyas actividades enfermaron a sus trabajadores por el uso del amianto. Prohibido en España desde 2002, lejos de disminuir su impacto nocivo para la salud de la población, en especial de los extrabajadores, se acrecienta con el tiempo como si fuera un enemigo que actúa en silencio. Moncloa.com publica datos e informaciones exclusivas sobre las empresas para las que trabajaban.

Armado con una palanca y una porra, Jesús Ropero arrancó el amianto azul que había en el interior de los vagones de tren de la Serie 8000 de Renfe, fabricados en Alemania y Países Bajos desde 1950, y que circularon por las vías españolas hasta principios de los ochenta. Ese material aislaba la carrocería de la humedad, del frío y del calor.

Más de 35 años después de esa hazaña, Jesús vivía conectado a una bombona de oxígeno y a otra de morfina cuando fue entrevistado por este medio en su casa de Ikazteguieta (Guipúzcoa). 

Hacía un año que le habían diagnosticado un mesotelioma, un cáncer incurable que daña los tejidos que recubren los pulmones y que causa la muerte en meses tras aparecer los primeros síntomas. Las fibras inhaladas de amianto azul o crocidolita originaron la enfermedad mientras trabajaba en la sede guipuzcoana de Beasáin de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

“Nos caían nubes de polvo a cada golpe de porra, pero en esa época no sabíamos nada del amianto”, recordaba Jesús. Desguazó los vagones durante semanas.

Era 1987 y la CAF había recibido el encargo de Renfe de modernizar y remodelar esos míticos vagones, “los alemanes”, cuyo interior estaba forrado del amianto más peligroso que existe debido a sus fibras finas y afiladas. Un tipo de amianto, la crocidolita, que había sido prohibido en España en 1984, al calor de una directiva europea.

“Ahora a joderse y a aguantarse, lo tengo asumido”, comentó Jesús en referencia a su cercana muerte. “Tengo una mujer, 55 años juntos, mírala qué guapa es, hemos disfrutado la vida, eso sí es verdad”, dijo sonriendo mientras miraba con ternura a Maritere, su esposa. “Y tengo 7 nietos, por los que aguantaré lo que pueda”. Jesús Ropero falleció el 5 de noviembre pasado, dos semanas después de nuestra visita a su casa.

CAF admitió a Moncloa.com que hasta la fecha ha indemnizado a 110 trabajadores y familiares por daños y perjuicios originados en la exposición al amianto. Sin embargo, un portavoz refirió lo siguiente: “Los trabajadores de CAF, S.A. no realizaron tareas de desamiantado directamente en la serie 8000 de RENFE”, ya que sólo llevaron a cabo el “desmontaje de elementos de interiorismo de vehículos”.

Documentos del comité de empresa de 1986 consultados por este medio especifican tareas de desamiantado en vagones de Renfe transformados en coches litera. CAF reconoce que ése era el primer plan, pero que “luego se modificó” y que “la intervención de los trabajadores de CAF fue limitada a las primeras fases de desmontaje”.

“No se puede desligar el desmontaje del amianto porque la tarea de desmontar implicaba necesariamente estar en contacto con él”, afirma Jon García Arruabarrena, exempleado de CAF y presidente de la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto.

Lo corrobora Juan Andrés, trabajador de CAF Zaragoza de 58 años, que también participó en tareas de desmontaje de trenes de la Serie 8000: “El amianto quedaba al descubierto y caía sobre nosotros”. Prosigue: “Cuando estaba desmontando el tren, en muchas ocasiones, necesitaba quitar el amianto para acceder a otros elementos, y lo hacía con espátula y alguna vez con la mano donde no cabía la espátula, y sin protección alguna”.

Por su lado, un portavoz de Renfe manifestó que la empresa realizó “dos grandes campañas de eliminación de amianto en el material rodante, la primera en los años 80 y la segunda en los años 90 y principios de este siglo”. Añadió que, con posterioridad, “han aparecido puntualmente elementos con amianto que se han retirado de manera inmediata”. Además, enfatizó que la empresa aplica protocolos estrictos de prevención y control de la salud para “aquellos trabajadores que han estado expuestos o potencialmente expuestos a riesgo por amianto”.

El amianto ha causado y causa estragos entre los trabajadores expuestos a ese mineral. Es un cancerígeno y un potente destructor del sistema respiratorio, cuyos efectos perniciosos para la salud se conocen desde el primer tercio del siglo pasado.

Desde que se creara en 2007 y hasta 2020, el análisis de la base de datos del protocolo de Comunicación de Enfermedades Profesionales en Seguridad Social (CEPROSS) ─dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- arroja luz acerca de los 1.681 reconocimientos de enfermedad profesional reconocidos al menos a 1.479 trabajadores para ese periodo.

En muchas ocasiones, los reconocimientos se produjeron después de una larga batalla judicial, fruto de la tensión entre quienes pedían responsabilidades a las empresas contratantes y señalaban las carencias de una legislación que no se adaptaba a la complejidad del asunto y a la rigidez de empresas y mutuas a la hora de tramitar oficialmente esos reconocimientos.

Sin embargo, no existen en España estadísticas oficiales fiables sobre muertes por la exposición laboral, doméstica y ambiental al amianto en las últimas décadas. Se trata de un enemigo silencioso y silenciado. Este hecho provoca que los científicos y los periodistas tengan que realizar análisis de estimación.

Por primera vez, Moncloa.com pone nombre a las empresas cuyas actividades industriales enfermaron de gravedad a sus empleados. Algunos científicos y expertos habían advertido hasta ahora sobre la insuficiente información habida al respecto. Sólo entre 2007 y 2020, Navantia, empresa pública de construcción y reparación de buques, fue la que más casos de enfermedad profesional por amianto: 116 ─incluyendo en ese número los nueve casos de su sociedad predecesora IZAR Construcciones Navales.

Le siguen otras compañías con astilleros y de fabricación de tubos y conducciones con fibrocemento de amianto, y otras muy conocidas popularmente como la hoy extinta Uralita (y su heredera Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, Coemac, hoy en proceso de liquidación), con 60 casos; y empresas vinculadas al transporte ferroviario y a la construcción de trenes, como la pública Renfe, con 25 víctimas, o CAF, con 17.

Pero los datos son conservadores, ya que en la base de datos del CEPROSS aparecen 484 casos de un total de 1.681 que corresponden principalmente a personas jubiladas, cuyos registros no se vinculan a un CIF de empresa. No es casualidad que 312 de esos 484 casos fueran reconocidos por la Seguridad Social a trabajadores que ya tenían más de 65 años. Una vez jubilados, las empresas ya no son responsables.

La causa medular radica en que las patologías por amianto pueden manifestarse en toda su crudeza decenas de años después de la exposición, toda vez que ya son incurables, y a que una vez jubilados, las personas obtienen el reconocimiento de la Seguridad Social, no de las empresas para las que trabajaron.

Únicamente contando a trabajadores, el último informe del Ministerio de Sanidad con datos relativos a 2018 muestra que son al menos 22.500 los expuestos aún al amianto y más de 2.000 las empresas donde este material aún se manipula. De hecho, la evolución de los partes de reconocimiento de enfermedad profesional ha ido incrementándose desde 2007, salvo en el año pandémico de 2020 donde hubo parón administrativo y judicial. Si en ese primer año de registro se reconocieron 20 enfermedades profesionales vinculadas al amianto; en 2019 fueron hasta 151.

Un hecho que constata el análisis propio de este medio es que son muchísimos más los trabajadores que enfermaron por su exposición profesional a las fibras de amianto. Existe un déficit de infrarreconocimiento del 97%, es decir, sólo se ha registrado oficialmente a un tres por ciento de los más de 57.000 trabajadores que realmente enfermaron y murieron entre 2007 y 2020. Moncloa.com realizó ese cálculo cruzando datos de fallecimientos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y la aplicación de unas ratios avaladas por científicos reconocidos mundialmente**.

De acuerdo con el mismo método, en España, murieron entre 2001 y 2020 alrededor de 91.600 personas por enfermedades vinculadas al amianto. Según el promedio de defunciones por año, ya se habrán superado las 100.000 defunciones a finales de 2022. La gran mayoría de esas víctimas eran trabajadores que, en el desempeño de sus funciones, inhalaron las peligrosas fibras de amianto que causan enfermedades como el mesotelioma, cánceres de pulmón, bronquio, laringe u ovario, y enfermedades respiratorias como la asbestosis.

Sectores peligrosos: astilleros, agua, construcción…

La fabricación y la comercialización del amianto fueron prohibidos en España en 2002, pero la presencia de millones de toneladas en más de 3.000 productos fabricados con ese mineral ─sólo como materia prima fueron importadas en el siglo XX hasta  2,6 millones de toneladas─ aún sigue provocando cánceres y enfermedades profesionales a trabajadores, sus familiares y a cualquier ciudadano expuesto a ese mineral en su vida cotidiana.

En nuestro país, entre los años 1960 y 1984, fue el periodo de máxima utilización industrial del amianto, según recoge el mejor estudio sobre el asunto, realizado por varios autores para el Institut d’Estudis de la Seguretat de Barcelona. Ese trabajo afirma que las compañías pusieron en el mercado 21 millones de toneladas métricas de fibrocemento de amianto en productos como placas (uralita) y tubos de presión y bajantes.

Uralita SA, creada en 1907, fue la gran fabricante en España. De acuerdo con dicha investigación, para manufacturar sus productos, la empresa llegó a importar más de la mitad del total de la materia prima de amianto para el conjunto de España entre 1947 y 1985.

Debido a su incombustibilidad, sus grandes propiedades como aislante térmico o su resistencia a la abrasión, ese mineral fue usado masivamente en España y Europa en la construcción de edificios, instalaciones, barcos y ferrocarriles.

Las tejas de uralita aún forman parte del paisaje cotidiano de ciudades y del medio rural. Menos visible es su presencia en el revestimiento de hornos, calderas y chimeneas, en la red de suministro y tratamiento de aguas o en el forrado de estructuras de vagones de tren y embarcaciones, pero también en los falsos techos, conductos de ventilación y tabiques de viviendas y oficinas.

Así, las grandes víctimas del amianto fueron y son esencialmente los trabajadores que construyeron edificios, infraestructuras y medios de transporte de mercancías y personas.

Por sectores económicos, los trabajadores de astilleros encabezan la lista de reconocimientos de enfermedad profesional por su exposición al amianto, según los datos del CEPROSS, hasta 335 partes, uno de cada cinco. Le siguen los operarios dedicados a la captación, depuración y distribución de agua, con 91 partes.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo afirma que hoy “todos los trabajadores de la construcción, de mantenimiento y de limpieza se encuentran potencialmente en riesgo de exposición al amianto”. No es casualidad que los trabajadores de la construcción, demolición de edificios o las personas que se dedican al mantenimiento de instalaciones en los ayuntamientos aparezcan entre los más perjudicados.

Hay compañías que tienen un largo historial burocrático y judicial en el que batallan por negar que sus trabajadores enfermaran por el amianto mientras trabajaban en ellas. Uralita, y su sucesora Coemac, es el paradigma de ello para evitar pagar indemnizaciones a sus exempleados y las esposas de éstos que inhalaron las fibras de amianto al lavar y planchar los monos de trabajo de sus empleados.

Uralita comenzó a enfrentarse a fallos en primera instancia de demandas colectivas hacia 2009, demandas que incluían peticiones de indemnización por daños y perjuicios. Las víctimas ganaron los recursos interpuestos por la empresa ante el Tribunal Supremo en al menos cuatro ocasiones hasta 2021, lo que ha sentado jurisprudencia.

Fernando Morillo, abogado especialista que ha defendido a más de 200 víctimas del amianto, señala que Uralita (Coemac) “ha ido creando sociedades satélites donde derivan negocios productivos y logran que la sociedad matriz, que es la responsable, se vaya descapitalizando”.

Uralita está ahora en concurso de acreedores y se enfrenta a una demanda por descapitalización dolosa, según relata Morillo algo que se está juzgando corresponde “a la pieza de calificación, donde se determina si los administradores de la sociedad han actuado de manera negligente o dolosa en la creación de la insolvencia de la actividad” para no hacerse cargo de las indemnizaciones, cuenta Morillo.

Este medio se puso en contacto con Uralita a través de su administradora concursal, Barrilero y Zubizarreta Concursal AIE, pero no obtuvo respuesta a las preguntas remitidas.

Otra empresa que no se lo pone fácil a sus trabajadores enfermos por amianto es Repsol. En su práctica, nunca reconoce la enfermedad profesional y litiga las demandas de indemnización, según los trabajadores y abogados consultados por Moncloa.com. Esta multinacional energética no contestó a un cuestionario enviado. Escuetamente, un portavoz de Repsol se limitó a decir que “Repsol no utiliza ni manipula amianto en sus procesos productivos” y que “la manipulación, montaje o desmontaje de elementos que pudieran contener amianto siempre ha sido contratada con empresas especializadas y autorizadas”.

Navantia, líder en partes por amianto

“Yo tengo de todo menos mesotelioma”, cuenta con humor Ricardo Torregrosa, de 70 años, que trabajó en Cartagena desde 1967 como electricista en las salas de máquinas de barcos construidos o reparados por la sociedad pública Navantia, antes IZAR Construcciones Navales y Empresa Nacional Bazán. Padece tres enfermedades relacionadas con su exposición al amianto: asbestosis, atalastasia redonda y fibrosis pulmonar. La primera está inequívocamente causada por ese mineral.

A Ricardo le visaron la incapacidad total y le reconocieron la asbestosis. Un juez desestimó una demanda colectiva de cinco trabajadores de Navantia en Cartagena, pero han recurrido y el procedimiento está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para conseguir una indemnización.

La empresa pública que lidera el ranking de partes de enfermedades profesionales por amianto en los últimos años, Navantia se resiste a veces al reconocimiento y obstaculiza el pago de indemnizaciones.

Rafael Pillado, histórico sindicalista gallego que luchó por la democracia y fue encarcelado durante el franquismo, se enfrenta a su última batalla. A sus 70 años, ha caído enfermo de mesotelioma por su exposición al amianto cuando trabajaba en las instalaciones de Navantia en Ferrol. Después de decenas de años de ayudar a sus compañeros enfermados por ese mineral, como personaje público, ahora lucha judicialmente para conseguir una indemnización con el fin de sentar jurisprudencia.

Una sentencia condenó a Navantia al pagó de 130.000 euros a Pillado, que ha pedido la anulación de la sentencia porque el abogado de la empresa no pudo acudir a la lectura de la sentencia por enfermedad. Mientras el letrado de Navantia se ausentaba, Rafael llegaba caminando despacito al juzgado y acompañado por el aplauso de sus compañeros.

“Yo ya estoy llegando a mis últimos días, no sé si me quedan de vida 15 días o tres meses, pero lo asumo peleando porque la pelea ha formado siempre parte de mi vida”, cuenta el sindicalista. Añade: “Este recurso es una jugada de la empresa para prolongar al máximo el juicio; las empresas retrasan los juicios para que las personas se mueran y llegar a un acuerdo extrajudicial con las familias y que traguen con lo que se les ofrezca sin ir a juicio”.

Consultada Navantia, una portavoz explicó a Moncloa.com que cuando los informes periciales concluyen que una patología es de origen profesional por exposición al amianto, la actuación “consiste en trabajar por alcanzar acuerdos extrajudiciales con el objetivo de evitar dilatar los procedimientos”.

Navantia defiende que “no incumplió con sus obligaciones de prevención de los riesgos generales de su actividad, ni de los riesgos específicos del trabajo con amianto” y que “fue una de las empresas pioneras en España en la prevención”. Agrega que “los trabajos de reparaciones han sido realizados tradicionalmente por empresas subcontratistas; no obstante, no es posible asegurar que no se haya producido la presencia de trabajadores propios durante la ejecución de los trabajos”.

Los ayuntamientos y sus trabajadores de mantenimiento

Al menos 41 administraciones públicas han acreditado enfermedades profesionales relacionadas con el amianto entre 2007 y 2020. De todas ellas, el 78% (62 partes) fueron de corporaciones locales, mientras que el 22% (18 partes) provenían de otros órganos de la Administración del Estado y comunidades autónomas.

El Ayuntamiento de Zaragoza lidera el número de partes de reconocimiento (11) entre las administraciones locales. Le siguen los de Aranda de Duero (Burgos) con cuatro casos y varios con tres, como son los de Segovia, Alcalá de Henares (Madrid), Logroño y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Los ayuntamientos y sus empresas públicas tienen un problema con sus trabajadores de mantenimiento de edificios e infraestructuras, como en el caso de los servicios de aguas para consumo y residuales. Muchos fontaneros y soldadores de tuberías municipales inhalaron e inhalan las fibras de amianto al cortar y soldar los tubos y tuberías.

“El Ayuntamiento de Zaragoza pone trabas que dilatan los procesos judiciales una media de tres o cuatro años”, explica Andrea Peiró, abogada del bufete especializado Opamianto. Cuenta la letrada que ese ayuntamiento “no pelea el reconocimiento de la Seguridad Social cuando se trata de un mesotelioma o una asbestosis, pero sí el recargo de prestaciones a las víctimas y a sus familiares directos y las indemnizaciones”, lo que obstaculiza todo el proceso judicial.

Como muestra, el ejemplo de un fontanero que trabajó en el Ayuntamiento de Zaragoza y que falleció en 2017 por mesotelioma. Una sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de esa ciudad condenó al ayuntamiento a pagar una indemnización de 171.093 euros a los familiares del difunto. Pero el gobierno local apeló la sentencia porque el trabajador “desempeñaba también labores privadas y era fumador de entre 10 y 20 cigarrillos al día”.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó el recurso porque falló que la muerte del fontanero fue consecuencia de los efectos del amianto en su salud.

Carmen Diego Roza, jefa de servicio de Neumología del Hospital Universitario de Ferro, enmienda la plana al Ayuntamiento de Zaragoza: “En Ferrol, tenemos reconocidos casos con cáncer de pulmón por amianto. ¿Qué pasa? Muchos de estos trabajadores eran fumadores”.

Sin embargo, esta experta en tratar a enfermos por amianto entiende que eso no debería ser óbice para reconocer la enfermedad: “Si alguien ha estado en contacto con el amianto y además es fumador, me da igual, ha estado expuesto a dos carcinógenos, que sé seguro que producen cáncer de pulmón independientemente de que sea fumador o no fumador, y su riesgo de tener cáncer es superior al del que sólo fuma”.

El Ayuntamiento de Zaragoza admitió a Moncloa.com que ha tenido casos de operarios enfermados y muertos por amianto y que trabajaban como fontaneros en el Servicio de Conservación de Infraestructuras. También reconoció que “sigue habiendo instalaciones y edificios gestionados por el Ayuntamiento que tienen amianto”, entre ellos 250 kilómetros de tuberías de fibrocemento de un total de 1.300. Asimismo, un portavoz asegura que las medidas de prevención que se adoptan para prevenir más enfermedades a los operarios son escrupulosas desde 2007.

El perito judicial especializado en amianto Jorge Vidal critica con firmeza la falta de políticas de prevención en España con respecto a ese mineral nocivo. “Hay una falta absoluta de control e inspecciones por parte de las autoridades competentes en materia laboral”, denuncia Vidal. Añade: “El hecho de que veamos ahora que enferman fontaneros y trabajadores de mantenimiento, que han inhalado amianto a partir de 2001, cuando ya estaba prohibido, demuestra el fracaso total de la prevención y las administraciones son las primeras que no adoptan medidas”.

Por otro lado, en el análisis de la base de datos de partes de enfermedad laboral, destacan ocho casos de asbestosis de bomberos reconocidos por el Servicio Catalán de Salud en 2013, que en aquel momento tenían entre 30 y 59 años. El material y la indumentaria usada por los bomberos contuvo amianto por sus propiedades ignífugas. 

El papel obstaculizador de las mutuas

Para que la patología de un trabajador expuesto a amianto sea visada como enfermedad profesional debe acudir con informes médicos a la mutua aseguradora de su empresa o administración.

Si tienen problemas en esa primera fase porque la empresa y la mutua no reconocen los daños por exposición laboral, entonces el trabajador puede solicitar esa acreditación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En el caso de fracasar en alguna de esas dos vías, le queda la vía judicial para exigir que se reconozca su enfermedad profesional y, además, solicitar una indemnización.

En el caso de las víctimas del amianto, en muchas ocasiones el periplo administrativo y judicial se hace costoso y largo, a veces más largo que la propia enfermedad. Algunos sufren dolencias tan fulminantes como el mesotelioma.

Entre 2007 y 2020, un total de 19 mutuas y el INSS visaron 1.681 reconocimientos de enfermedad profesional por exposición al amianto, al menos, a 1.479 trabajadores. Las mutuas que más partes visaron fueron: Asepeyo, con 341 casos (20%), y Fremap, con 298 (18%). Asepeyo es cliente de empresas con decenas de casos de trabajadores enfermados por el amianto, como Navantia.

Por ello, la mayoría de sus partes de enfermedad profesional eran de trabajadores que desarrollaban tareas de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios: 101 entre 2008 y octubre de 2022, según ha aportado la propia mutua. De acuerdo con sus cálculos, en ese periodo, reconocieron un total de 174 partes de enfermedades por amianto. La tramitación de expedientes de enfermedades laborales es un principio básico de la labor de las mutuas.

En cambio, investigadores como Alfredo Menéndez, Montserrat García Gómez y Angel Javier Gallego llaman la atención sobre la poca colaboración de las mutuas para evitar el infrarreconocimiento de enfermedades profesionales por el amianto. Apuntan “el papel obstaculizador que juegan las mutuas de accidentes y enfermedad profesionales para frenar el reconocimiento basado en el papel contradictorio que juegan, al ser las entidades obligadas a la reparación del daño y, a la vez, las encargadas de su reconocimiento”.

Menéndez afirma a este medio que las mutuas son parte importante del problema porque “son juez y parte”. Explica que las mutuas reciben las cotizaciones de los trabajadores para el seguro de enfermedades profesionales y a la vez declaran si es o no una enfermedad profesional.

“La tendencia es a infravalorarlo y en accidentes de trabajo las mutuas tienen magníficos dispositivos, pero en enfermedades profesionales tienen una alta tendencia a no reconocerlo y, por lo tanto, no promueven medidas de prevención y vigilancia”, señala este catedrático de la Universidad de Granada.

Las mutuas sólo pueden asegurar la contingencia por enfermedad profesional por ley a partir de enero de 2008. La jurisprudencia considera que para determinar la fecha en que se originó la enfermedad hay que tener en cuenta el último momento en el que el trabajador trabajó expuesto al amianto, según cuenta Fernando Morillo, abogado de la Asociación de Víctimas de Amianto.

Según varias víctimas entrevistadas y sentencias consultadas para esta investigación, las mutuas tratan de impugnar la aprobación de enfermedad profesional, la incapacidad y, si todo falla, el recargo de prestaciones para evitar así que los trabajadores y sus herederos accedan a resarcimiento alguno por el daño causado. Cuando las sentencias dictan indemnizaciones a favor de trabajadores, en muchas ocasiones, las mutuas, junto a las empresas, recurren los fallos ante tribunales superiores.

Patxi Kortazar se dio cuenta de que estaba enfermo de asbestosis cuando a los 49 años comenzó a sentir asfixia. “Caminar el kilómetro que separa mi casa de la fundición se me hacía imposible”, recuerda. Vive en Durango (Vizcaya).

A pesar de haber pasado reconocimientos médicos periódicos desde el año 2003 en su hoy extinta empresa, Función Nodular Flesic, denuncia que Mutualia, su aseguradora, no le comunicó su diagnóstico y no le ayudó a acreditar la incapacidad permanente.

En 2006, tras un derrame de pleura y una neumonía atípica recibió el diagnóstico de un médico de la sanidad pública. Tenía una asbestosis avanzada. En 2007, la Seguridad Social reconoció su enfermedad profesional, pero la mutua lo recurrió judicialmente y obligó a Patxi a emprender un calvario judicial para lograr su incapacidad permanente y un recargo en sus prestaciones.

“Estuve siete años batallando contra la mutua porque, a pesar de que ellos sabían que había estado soldando amianto, negaban a diestra y siniestra su presencia en la fundición”, relata Patxi.

El caso de Patxi era el primero de su fundición y uno de los primeros que se dio a conocer en el País Vasco. Cuando logró vencer los recursos judiciales de la mutua, la fundición cerró y no pudo lograr una indemnización. En el transcurso de su lucha judicial, fundó la Asociación de Víctimas del País Vasco, que ha abierto camino al resto de trabajadores de empresas de fundición vascas.

Este medio envió preguntas a diversas mutuas, incluida Mutualia, pero todas declinaron responder, salvo Asepeyo, que aseguró que «nunca ha rechazado la asociación de los daños con las exposiciones laborales» y que siempre ha prestado «la asistencia sanitaria de la forma más completa al trabajador».

Fuente: www.moncloa.com

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