Oria asegura que el relato de sus historias personales puede «arrojar luz» al procedimiento y demostrar la relación entre asbesto y cáncer
El abogado de las trece personas que hace un año decidieron interponer una querella contra Azucarera, por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, solicitará que los denunciantes presten declaración para, a través de sus historias personales, intentar demostrar la vinculación entre las enfermedades y el fallecimiento de algunos trabajadores con la exposición continuada al amianto. Los afectados ya han comunicado al letrado que están dispuestos a comparecer en sede judicial con el objetivo de que sus testimonios puedan «arrojar más luz» al procedimiento. En el día de ayer, prestaron declaración en el Juzgado de Toro, responsables de varias empresas subcontratadas por Azucarera.
MARÍA JESÚS CACHAZO
Un año después de que se presentara en el Juzgado de Toro una querella contra Azucarera por presuntos delitos de homicidio y contra la seguridad de los trabajadores, los abogados de los denunciantes solicitarán que presten declaración los enfermos y familiares de fallecidos, presuntamente por la inhalación y la exposición continuada al amianto en las instalaciones de la fábrica de Toro. Esta petición será presentada en sede judicial por el abogado de los querellantes, Román Oria, quien ayer estuvo presente en la comparecencia, para prestar testimonio, de tres subcontratistas y del responsable de otra subcontrata de Azucarera y que, en su día, se encargó de coordinar la seguridad en la fábrica toresana.
Después de estas declaraciones que para Oria, «no serán definitivas», el abogado ha planteado a los querellantes que presten declaración en el Juzgado de Toro porque «ha llegado el momento de clarificar algunas cuestiones». En este punto, el letrado reconoció que las personas que decidieron unirse para presentar una querella conjunta, han vivido directamente la enfermedad o el fallecimiento de seres queridos y «pueden arrojar bastante luz», ya que «sabían cómo, cuándo y dónde» trabajaban sus familiares, datos concretos que, en este momento del procedimiento judicial iniciado hace un año, pueden ser claves para determinar las consecuencias de la inhalación continuada de amianto.
Tras asistir a la comparecencia de los testigos que ayer tuvieron que prestar declaración en sede judicial, Oria mantuvo un breve encuentro con las personas que decidieron interponer esta querella para conocer si están dispuestas a declarar en el Juzgado y relatar sus historias. Según la información recabada por este diario, los querellantes han manifestado al letrado que están dispuestos a testificar, e incluso cuentan con el respaldo de algún trabajador, ya jubilado, de la Azucarera de Toro que, de forma voluntaria, se ha ofrecido para aportar datos que puedan esclarecer si existe una relación directa entre la exposición al amianto y las enfermedades que padecen algunos empleados y las que han ocasionado la muerte a otros operarios de la fábrica en los últimos años. Una de las personas que más se ha implicado en este caso y la primera en percatarse en Toro de la posible relación que existe entre el fallecimiento de su marido con la inhalación de amianto, M. C.A. se mostraba ayer dispuesta a «luchar» y a relatar una larga y dura batalla desde que a su esposo le detectaran un cáncer de pulmón del que no pudo curarse. Siente un profundo dolor y las lágrimas empañan sus ojos al recordar un «largo peregrinaje de médico en médico», después de que a su marido le diagnosticaran un cáncer, pero quiere que el procedimiento judicial siga adelante con el fin de que se depuren posibles responsabilidades. M. C. A. recordaba ayer que su marido era un hombre «sano» al que le encantaba montar en bicicleta, con la que llegó a recorrer hasta 3.000 kilómetros en un año, pero un día «llegó a casa y dijo que no había podido subir una cuesta». El trágico desenlace fue el fallecimiento de este trabajador, a los 58 años de edad, y ahora su esposa no está dispuesta a tirar la toalla y quiere llegar hasta el final, aunque el proceso removerá muchos recuerdos y sentimientos.
«Quiero saber quién es el culpable». Este es el deseo de M. C. A. quien espera que el procedimiento judicial iniciado sirva para demostrar que el fallecimiento de su marido guarda una relación directa con la exposición al amianto. Su esposo empezó a trabajar en la fábrica de Toro en 1972 y poco después decidieron casarse, ya que habían encontrado una estabilidad de la que, hasta el momento, no habían podido disfrutar. Cuando terminaba la campaña remolachera, este trabajador se encargaba por su profesión, calderero, de la reparación de la maquinaria de la fábrica. En el año 2003, le diagnosticaron un cáncer de pulmón que no pudo superar. Durante todo este tiempo, su esposa tuvo que ejercer de «enfermera» y apuntar «todo» para que el paciente tomara la medicación a su hora o para colocarle los parches que le aliviaban el intenso dolor que le producía la enfermedad, hasta que falleció en enero del 2006. A pesar de que es «muy duro» remover tantos recuerdos, M. C. A. tenía claro que «no me podía quedar de brazos cruzados», sobre todo después de que no encontrara una respuesta a todas las preguntas que se había formulado durante el tiempo en que su marido estuvo enfermo y a pesar de que es consciente de que «esto es como luchar contra un gigante, pero no quiero que le suceda a nadie más». Fueron sus dos hijas las que empezaron a investigar sobre el amianto, aunque M. C. A. también consiguió recabar más datos sobre este compuesto en un reportaje que leyó en una revista. Planteó sus dudas sobre el amianto a un médico pero «no me hizo caso», aunque esta mujer ya «tenía la mosca detrás de la oreja», sobre todo porque en ninguna de las consultas en el Hospital preguntaron a su marido en qué trabajaba. M. C. A. se puso en contacto con otra de las viudas personadas en la causa contra Azucarera y se trasladaron a Madrid para entrevistarse con un abogado, quien les indicó la conveniencia de que contactaran con un perito médico. Tras preguntar en distintas instancias, finalmente localizaron a un perito en Salamanca, quien las animó a que formaran una asociación de afectados. Dos años esperaron estas dos mujeres a que el primer abogado les informara sobre el proceso, hasta que decidieron pedirle la devolución de toda la documentación. Por Internet, la sobrina de M. C. A. localizó una noticia en la que se relataba como una abogada, Andrea Peiró, había ganado un juicio por amianto en Murcia y decidieron ponerse en contacto con la letrada. De inmediato, Peiró se mostró dispuesta a llevar su caso y el de otros afectados.
El intenso olor que desprendía la ropa de trabajo y la imposibilidad de usar máscara
«Era un trabajo muy sucio», reconoció ayer M. C. A, al recordar cuando su marido llegaba a casa y tenía que lavar la ropa utilizada en la fábrica, sobre todo por el «intenso olor» que desprendía. De hecho, ahora se plantea la duda de si es posible que las esposas de los trabajadores que tenían que lavar esta ropa se hayan podido «contagiar», como en su caso, que ha tenido que ser operada de un mioma, aunque afortunadamente ha conseguido superar su enfermedad. También recuerda M. C. A. cuando su marido llegaba con la cara tiznada de negro, después de que tuviera que soldar tuberías que estaban revestidas con amianto, trabajo para el que no podía utilizar mascarillas porque «sino no podía soldar». Por último, esta mujer quiere dejar claro que decidió querellarse, no para conseguir una indemnización económica, sino para que se haga justicia, porque «duele mucho quedarte sin marido».
http://www.laopiniondezamora.es/toro/2012/10/30/abogado-afectados-amianto-solicitara-testifiquen-juzgado/637507.html
