El plan para retirar todo el amianto presente aún en el Metro de Madrid, dotado con 140 millones de euros, ya está en marcha. Las actuaciones comenzaron ayer con las tareas para la sustitución de los seis primeros apagachispas, una de las piezas de los vagones en los que se ha detectado la existencia de este material cancerígeno, y está previsto que concluyan en 2025.
En el suburbano subrayan la «dificultad» del proceso, ya que los planes de trabajo encomendados a empresas que tienen incluidas en el registro de las que pueden manipular dicho mineral deben ser además autorizados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud. Este trámite administrativo tiene una duración de en torno a 40 días.
Para tratar de aligerarlo, Metro está trabajando en la adjudicación de un acuerdo marco con el que se puedan retirar tanto las piezas con amianto identificadas al menos en 33 trenes y otras que puedan aparecer en la minuciosa revisión que se está haciendo de la flota. El presupuesto destinado para poder limpiar todos los vagones que siguen circulando por las líneas 1, 6 y 9 será de unos cinco millones de euros.
Además, este año se va a eliminar la uralita de las estaciones de Gran Vía, Pavones y Príncipe de Vergara en el marco de un plan más amplio para su modernización. Según la previsión de desamiantado de la compañía pública de transporte, que destinará más de 100 millones a esta partida, en los próximos siete años se hará lo propio en los otros 50 vestíbulos en los que permanece dicho material de construcción muy común en España en el siglo XX, pero cuyo uso está prohibido desde 2001.
En el Metro reiteran que «no hay ningún riesgo para la salud» por el amianto ni para los 2,3 millones de viajeros que lo utilizan diariamente ni para los trabajadores que tienen que realizar el mantenimiento de los trenes o conducirlos. Asimismo, recuerdan que se «ha reforzado todo tipo de información» y que se ha elaborado un «protocolo de actuación» para los operarios que tienen que manipular componentes en los que sigue presente.
En paralelo, la Fiscalía continúa su investigación para determinar si se incumplió la normativa en el tratamiento de este material. Tal y como explican en el suburbano, el Ministerio Público les ha requerido documentación en dos ocasiones y están ultimando su recopilación para remitírsela.
Un trabajador de los talleres de Canillejas sufre cáncer de pulmón por la exposición prolongada al amianto, reconocido como «enfermedad profesional» por el Instituto Nacional de Seguridad Social, y hay un segundo caso pendiente de confirmación. Por este motivo la Inspección ha impuesto una sanción de 191.000 euros al Metro.
Fuente: www.elmundo.es
http://www.elmundo.es/madrid/2018/04/25/5adf730f46163f9e5a8b4648.html
