El presidente de Reyal Urbis declarará como imputado en Valladolid por el abandono de Uralita
Las instalaciones contaminadas por el amianto, sustancia altamente cancerígena, plantean un grave riesgo para los vecinos.
El presidente de la promotora Reyal Urbis S.A, Rafael Santamaría Trigo, ha sido citado a declarar en calidad de imputado como presunto autor de un delito contra el medio ambiente en el curso de la investigación judicial abierta como consecuencia del estado de abandono de la antigua fábrica Euronit, Fachadas y Cubiertas, de la que es propietaria, anteriormente Uralita S.A, ubicada en pleno centro de la capital y que supone un grave riesgo para los vecinos debido a la acumulación en ella de amianto, material altamente cancerígeno.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, César Gil Margareto, de citar a declarar como imputados al magnate de la construcción y al delegado de la empresa en la capital, José María Barrio Gil Fournier, quienes comparecerán en sede judicial el día 1 de octubre, se produce a instancias de la Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Ana Valle, según informaron fuentes jurídicas.
El delito contra el medio ambiente, recogido en el artículo 325 del Código Penal, que estipula penas de prisión de entre dos y cinco años, multas de ocho a veinticuatro meses y la inhabilitación para profesión u oficio entre uno y tres años, tendría su origen en el absoluto abandono que las instalaciones presentan desde su cierre, en 2009, sin que, hasta hace bien poco, hubieran sido descontaminadas ni se hubiera acometido trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos de amianto.
La presente investigación se encuentra en marcha a partir de la denuncia formulada por la Fiscalía de Valladolid, que empezó a indagar a raíz de recibir en julio de 2012 de la Asociación de Víctimas y Afectados de Amianto diversa documentación, acompañada de un vídeo, en la que se alertaba de la situación de la antigua Uralita, situada en el kilómetro 187,5 de la Avenida de Madrid.
El presidente de Avidalid, Esteban Doncel, expresó ya entonces su satisfacción y subrayó la trascendencia del asunto pues, como así ha recordó, se trata de una fábrica con 16.000 hectáreas de terreno en los que se acumulan materiales altamente contaminantes y que supone una "bomba de relojería, ya que las partículas de amianto no se ven y se esparcen por el aire, máxime cuando no se han limpiado nunca las instalaciones y la gente se dedica ahora a robar y trocear lo que pilla".
La factoría de Uralita, cuyo origen se remonta al año 1966 y concluyó en 2009 tras ser adquirida por Euronit, para pasar actualmente sus terrenos a propiedad de la promotora Reyal Urbis S.A, antes inmobiliaria Urbis S.A, con domicilio social en Madrid y delegación en Valladolid, tuvo como principal actividad a lo largo de cuarenta años la producción de fibrocemento, proceso en el que se utilizaba Crocidolita o amianto azul y Crisotilo o amianto blanco, con una media de cincuenta toneladas al año.
EL COLEGIO SAN AGUSTÍN
Dicha circunstancia, constituiría un evidente riesgo para la salud de las personas que residen o trabajan en las proximidades, en especial para los alumnos del Colegio de San Agustín o los vecinos del Barrio de Las Delicias o la zona residencial del Pinar de Jalón, ya que la inhalación de las fibras de este mineral puede producir cáncer de pulmón o mesotelioma pleural.
La decisión de la Fiscalía vallisoletana de iniciar acciones penales contra la propietaria del suelo se produce tras las investigaciones que la propia acusación pública, en concreto la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Ana Valle, viene realizando desde 2012 con el auxilio de efectivos del Seprona de la Guardia Civil y de la Oficina Territorial de Seguridad e Higiene en el Trabajo, consistentes en la inspección ocular de la zona afectada y la toma de muestras.
A falta de los resultados de éstas últimas, lo que sí pudieron constatar los inspectores en las instalaciones de la Avenida de Madrid es que tanto la antigua nave de producción como la destinada a almacén parecían encontrarse construidas con placas de uralita viejas, además de algunos aislantes y placas de las paredes de las antiguas oficinas.
Dichas edificaciones, como así reflejan en su informe, se hallaban en estado de ruina y los paramentos, principalmente los verticales, prácticamente destrozados, así como la valla que cerca la parcela por la zona Oeste lindando con la Avenida de Madrid, que, por su aspecto externo, como por los materiales abandonados en varios puntos de ella, pudiera también contener este mismo material cancerígeno.
Pero además, la Fiscalía vallisoletana certificaba haber constatado en dichas instalaciones la presencia de individuos dedicados a llevarse distintos elementos constructivos para su venta posterior, lo que implicaba no sólo un evidente riesgo para su salud sino incluso para la de quienes pudieran entrar en contacto con los materiales sustraídos o inhalar las fibras de amianto que pudieran desprenderse de los mismos.
Ante ello, la acusación pública solicitó como medida cautelar que se requiriera a Reyal Urbis S.A. para que adoptase las oportunas medidas para el adecuado cerramiento y vigilancia del recinto de su propiedad, y todo ello con el objetivo de evitar el desmantelamiento de las edificaciones allí ubicadas y la dispersión de los materiales que pudieran contener amianto, ante lo cual el juez de Instrucción 2, por auto de 18 de febrero del presente año, ordenó a la empresa que acometiera tales trabajos.
Aunque inicialmente fue el Ayuntamiento el que asumió la responsabilidad de desmantelar la antigua fábrica y pasar luego factura a Reyal Urbis, cuyo coste fue estimado en 600.000 euros, finalmente los trabajos han sido asumidos por la actual propietaria.
MATERIAL PROHIBIDO
Ya en 1977 la Organización Mundial de la Salud clasificó el amianto en la categoría I de los productos confirmados como cancerígenos, y la Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, incluye en la lista de productos peligrosos los materiales de aislamiento y de construcción que contengan amianto.
En España, la Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001 estableció que a partir del 14 de junio de 2002 el amianto, en todas sus variedades, quedara prohibido, no pudiéndose comercializar ningún producto que lo contenga en su composición a partir del 14 de diciembre de 2002.
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