En la fábrica de Ibertubo, al final del polígono industrial, se utilizaron unos 25.000 kilos de amianto. A su cierre en 2002, la parcela acumulaba 50.000 metros cúbicos de lodos, tejas, ladrillos y tuberías. Según datos de un estudio científico publicado en la revista BMC Cancer, entre los años 2006 y 2011, fallecieron en España 1.120 personas debido al mesotelioma pleural, provocado por el amianto, y hasta 2020 podrían producirse casi mil muertes más por la misma causa. El dato evidencia el peligro del material tanto para los vecinos como para los 118 trabajadores fijos en plantilla al cierre de la fábrica (llegó a tener hasta doscientos).
Tras la gran alarma social y los informes técnicos, las administraciones se aventuraron a retirar finalmente el peligroso material. En aquel momento, se desconocía que también se acumulaba en otros lugares cercanos al barrio residencial. La operación, fruto del acuerdo firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y la Comisión de Liquidación que agrupa a los acreedores de la empresa, costó tres millones de euros. Los residuos se trasladaron al vertedero de la dehesa del Cañete, a ocho kilómetros del barrio.
El amianto, material existente en el fibrocemento, se ha demostrado cancerígeno y potenciador de enfermedades como la fibromialgia, entre otras. Llegó a Toledo de la mano de la fábrica Ibertubo, clausurada en 2002. Pero la historia viene de atrás. En 1995 el Gobierno central publicó en el Boletín Oficial del Estado una relación de productos peligrosos, entre los cuales el amianto se encontraba entre los potencialmente cancerígenos. Antes, entre los años 70 y 80, ya se empezó a tener constancia de los efectos perniciosos de este mineral no metálico sobre el hombre y, fundamentalmente, sobre todos aquellos obreros dedicados en años anteriores a la construcción de barcos, vehículos, edificios, tuberías y placas de uralita, actividades en las que era muy habitual la utilización del asbesto o amianto. Sin embargo, hasta junio de 2002 el Ejecutivo español no prohibió su empleo, adelantándose, eso sí, a una directiva europea que marcaba su fin de uso en enero de 2005.
Sería por la directiva, o por la cada vez mayor presión social, sobre todo en el barrio del Polígono. Pero lo cierto es que un mes después, a mediados de febrero de 2005, la Junta de Comunidades hacía público su plan para retirar el amianto de la antigua fábrica de Ibertubo en Toledo. En breve comenzó la eliminación del material, que se llevó a un vertedero especializado (autorizado por Medio Ambiente en 2002) en la dehesa del Cañete, a ocho kilómetros por la carretera de Ocaña. La empresa encargada de la retirada llevaba ya entre dos y tres meses visitando Ibertubo y el vertedero al que se llevaron los residuos. Había efectuado catas en el suelo y cubicaciones. Las previsiones iniciales eran que trabajos de retirada de los residuos, llevados a cabo por Sufi, se prolongarían por espacio de entre seis y ochos meses y en turnos de veinte horas. Los residuos ya estaban encapsulados y la Junta aseguró en aquel momento que no habían provocado contaminación ambiental.
Las medidas de protección de los operarios (EPIs) y el control en la manipulación de estos residuos fueron extremadamente fuertes, por el riesgo de exposición humana a las fibras de amianto que contiene este tipo de materiales.
La retirada de los residuos de Ibertubo costó en torno a tres millones de euros, que se querían pagar en parte con la en venta los terrenos de la antigua fábrica, que tienen una superficie de 140.000 metros cuadrados. De hecho, la Junta y la Comisión Liquidadora de Ibertubo pusieron muchas esperanzas en esa venta. Con ella también querían saldar la deuda de 19 millones de euros a los antiguos trabajadores de Ibertubo, que en aquel momento cobraban del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y al resto de acreedores.
El proceso de quiebra de Ibertubo terminó en mayo de 2007 con la firma de un protocolo por el que la Junta pagó las tareas de descontaminación por amianto de las instalaciones. En concreto, aportó 1,9 millones a Sufi por su trabajo. A partir de ahí, ya quedó vía libre para liberar el dinero para pagar las indemnizaciones a los trabajadores en unas dos semanas que alcanzaban los 2.900.000 euros.
En enero de 2008, el Ayuntamiento anunciaba por boca del presidente de la Junta de Distrito del Polígono, Aurelio San Emeterio, que la parcela de Ibertubo ya se encuentra limpia de residuos de amianto.
Sigue el problema. ¿Punto final? Eso parecía. Pero sin solución de continuidad, en aquel mismo mes de enero, la Asociación de Vecinos El Tajo denunció la aparición de amianto acumulado en una finca particular a escasos trescientos metros de las viviendas del barrio del Polígono, en el cauce del arroyo Ramabujas, que lo podría estar arrastrando hasta el río Tajo. Desde entonces, los vecinos han estado acudiendo sin éxito a las administraciones para exigir también la retirada de estos residuos. Finalmente, en junio de 2014, la Asociación de Vecinos, Ecologistas en Acción, la Plataforma en Defensa del Tajo e IU presentaron ante el Fiscal General del Estado una denuncia sobre esta presencia de amianto en parcelas cercanas al Polígono. Esto ha llevado al menos a que tanto la Junta como la Confederación Hidrográfica del Tajo evalúen la situación, y en estos momento las administraciones parecen estar tomando consciencia de la importancia de las toneladas acumuladas en el entorno del barrio.
¿Qué ha ocurrido? Los propietarios del entorno apuntan que Ibertubo vertió amianto principalmente en tres lugares de la antigua finca, antes de que ellos lo compraran. Fue en menor medida en la zona del arroyo Ramabujas, que hoy es donde la presencia de fibrocemento es más escandalosa, y que sería responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo; así como otros dos espacios en los que durante el boom urbanístico se han estado vertiendo escombros de obras e incluso la tierra de la creación del centro comercial del Polígono. En estas dos zonas hay más amianto, pero hoy está tapado. El problema podría venir en una hipotética ampliación urbanística de la ciudad hacia esos terrenos.
Recientemente, se ha conocido que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha comunicado a una veintena de propietarios del entorno de Ramabujas que tienen residuos de amianto en su parcela y han de proceder a dar una solución técnica o gestionarlos con una empresa que esté acreditada para la tramitación de residuos con fibrocemento. A día de hoy, señala la Junta, son parcelas privadas con una acumulación de residuos, por lo que procede de parte de la administración notificar a los propietarios que tienen que llevar a cabo la solución. Sin embargo, ellos se niegan, porque no son responsables (el amianto estaba allí cuando compraron sus terrenos, y porque el desescombro, apuntan los especialistas en la materia, podría costar más que el valor de las tierras en las que están acumulados.
La valenciana Amidesa ya estuvo evaluando en la zona hace ocho años. Detectó amianto mezclado con tierra y muchos conejos en la zona, excavando allí sus madrigueras. Hay incluso campos labrados de los que aflora el fibrocemento. Lo realmente peligroso es si existen amianto en estado friable, que se diluya en sustancias pequeñas.
Su limpieza es un proceso complicado, tanto por las salvaguardas legales, como por las necesidades de seguridad y la necesidad de encontrar material y un vertedero acondicionados. En primer lugar, hay que ver qué cantidad de material existe. La Junta ha detectado hasta tres mil metros cúbicos en un lugar determinado, donde la Asociación de Vecinos El Tajo, que ha levantado la liebre, entiende que no es el de mayor acumulación. Salacer advierte que el amianto está muy mezclado con la tierra, por lo que ya será complicado dictaminar esto. Después, por obligación legal, la limpieza se tiene que hacer con trabajadores especializados y material especializado, tal y como recoge el Real Decreto 396/2006. Hay que realizar un plan de trabajo para manipular el amianto, que esté aprobado por la autoridad laboral en Toledo y la Inspección de Trabajo, que han de determinar si reúne los condicionantes necesarios de seguridad. Debe aportar todas las garantías laborales de seguridad, y estudiar cada zona en la que se intervenga, que pueden ser muy distintas en este caso. Después podrá actuar la empresa especializada, que cuente con los permisos oportunos.
Se podría extraer el amianto o, en este caso, tratar toda la tierra en su conjunto, dado que están contaminadas y no se puede separar el material cancerígeno. Se tendrán que cargar de una forma determinada, contemplada en el plan de trabajo, en los contenedores especializados para llevar a un vertedero adecuado, y no hay muchos.
Fuente: www.latribunadetoledo.es
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z6DDF5CE0-B7B9-0B8D-DF494821668628D8/20160403/ibertubo/acumulaba/50000/m2/fibrocemento
