UNA LEY INTEGRAL DEL AMIANTO

El amianto está considerado como un cancerígeno de primer grado desde qué en 1977 lo declaró como tal la Organización Mundial de la Salud, por culpa de sus fibras miles de personas han fallecido, están falleciendo y fallecerán en nuestro país debido a sufrir enfermedades relacionadas exclusivamente con él, hoy podemos asegurar que la tasa media de fallecimientos derivados de las enfermedades que produce el amianto está cercana a cuatro muertes diarias.

La aparición de las distintas, y en muchos casos mortales, enfermedades tienen un periodo de latencia que oscila entre los 15 y 50 años desde la exposición a dicho contaminante, es decir que los trabajadores qué estuvieron en contacto con amianto entre los años 1973 y 2008, están bien sufriendo hoy los síntomas de las distintas enfermedades o falleciendo debido a ellas, hay que recordar que el año 1974 es el año que más amianto importamos 126.000 toneladas métricas. En España se prohibió su utilización en el año 2002.

Solo en enero de 2023 conocemos los fallecimientos de antiguos trabajadores de ACENOR, KRAFF, Envases Metalúrgicos, CAF Zaragoza, un trabajador de oficinas del Banco Bilbao Vizcaya en su mejor sede en Bilbao, dónde claramente las fibras del amianto llegaron al medio ambiente de trabajo. Hablamos de personas conocidas con nombres y apellidos, pero, ¿cuántos han fallecido sin siquiera saber que su muerte fue debida al amianto? Según el Ministerio de Sanidad entre el 95% y el 99% de los afectados por enfermedades derivadas del amianto, no están reconocidas como Enfermedades profesionales por el Ministerio de Seguridad Social, y no por inacción, sino utilizando todos sus medios administrativos y jurídicos para impedir que los trabajadores o sus causahabientes obtengan sus derechos.

Personalmente, tengo que mencionar el fallecimiento de Miguel Ángel R, ingeniero aeronáutico, trabajador del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, INTA, (Ministerio de Ejercito), gran persona y gran técnico, al que conocí al inicio de su enfermedad, era el máximo responsable ensayos para la determinación de gases contaminantes en vehículos, trabajaba en una sala que tenía el techo revestido con un proyectado de aglutinante y fibras de amianto que entraron en sus pulmones le produjeron un mesotelioma que le causó la muerte sin haber cumplido 60 años de edad. Muerte injusta y prevenible. 

Escalofriante es el caso de Vanesa, que según relató a la Cadena SER, el amianto mató a su padre y a su madre. Su padre fue albañil durante veinte años (de 1970 a 1990) en Altos Hornos de Vizcaya. La única relación que tenía su madre con el amianto es cuando lavaba la ropa del trabajo de su marido en casa. Y así cayó enferma ella antes que él. "Al principio, cuando no sabes, no conoces, es una absoluta sorpresa. Cuando nos dicen que efectivamente ahí es donde ha existido ese contacto de manera indirecta. Comunicarle a tu padre que su mujer está enferma por haber lavado su ropa de trabajo es un golpe muy duro". El hombre lo encajó como pudo. "Con muchísima valentía e intentando pensar en lo que venía y en que él tenía que estar ahí". Más tarde enfermó su padre. Misma patología. "Con mi madre fue un golpe muy duro. Con mi padre no deja de ser duro porque, al final, es revivir la misma enfermedad y, además, sabiendo que él había sido cuidador antes de enfermo. Entonces él sabía los pasos, sabía perfectamente, era conocedor de lo que le esperaba. Sabía lo que le iba a pasar".

El 20 enero se cumplieron tres meses desde que se incluyó en el BOE la ansiada creación de un fondo de compensación para las víctimas. Y digo ansiada porque los sindicatos UGT y CCOO, las asociaciones de afectados y sus familiares han estado años luchando por conseguirlo, pero el acuerdo político se fue retrasando años y años, hasta que en octubre finalmente se llegó a un consenso. El fondo, dotado de 25 millones de euros, salió adelante. Y con esos 3 meses, se cumple también el plazo que se daba la propia ley para tener listo el reglamento que desarrolle la norma y que determine cómo van a ser y a gestionarse esas compensaciones. Poco se sabe de este nuevo reglamento, cuando debería estar en vigor, está en fase de realización de un borrador para entregar a los agentes sociales, pero todo indica que las indemnizaciones, de las cuales no se conoce su cuantía, no van a ser tales por qué van a cotizar como ingresos en el impuesto sobre la renta de personas físicas, (salvo en el País Vasco) un golpe bajo a todos los que habían negociado la ley y a los que se prometió que en el capítulo correspondiente en los presupuestos del Estado saldría dicha indemnización libre de impuestos algo que de momento no es así.

Tampoco el Ministerio de Trabajo está haciendo sus deberes. La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de septiembre de 2022 indica que “el cáncer profesional es la primera causa de mortalidad laboral en la UE. Se debe principalmente a la exposición a sustancias cancerígenas como el amianto. Hasta el 78 % de los cánceres profesionales reconocidos en los Estados miembros está relacionado con el amianto, e insta a los países miembros a bajar el valor límite admisible del 0,1 existente hoy al 0,01, es decir, 10 veces inferior al actual”. 

Con respecto a las repercusiones en los trabajadores, dice la Comisión Europea, la presente iniciativa debería contribuir a evitar los casos de cáncer profesional, reduciendo al mismo tiempo efectos como el sufrimiento de los trabajadores y sus familias y la disminución de su calidad de vida o su bienestar. Se calcula que, con esta medida, en la UE podrían evitarse 663 casos de cáncer (cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer laríngeo y cáncer de ovario). El beneficio sanitario monetizado de la iniciativa se calcula entre 166 y 323 millones de euros. Por favor pónganse en marcha.

Tampoco Trabajo avanza en un tema fundamental, la protección de trabajadores autónomos con respecto a fijar medidas para paliar los riesgos y las enfermedades con amianto, se da la paradoja de que si bien los autónomos deben cumplir con las normas generales respecto a salud laboral, su incumplimiento no es sancionable, y ya sabemos lo que pasa en nuestro país cuando cualquier actividad se escapa de la vigilancia y control, algunos promotores que conocen los entresijos de la normativa laboral, contratan a precios irrisorios cualquier tipo de desamiantado y es cada vez más habitual ver a trabajadores autónomos en trabajos de desamiantado sin ningún tipo de protección, que enfermaran y fallecerán pasado el periodo de latencia. En concreto, podemos decir que no realizar una pequeña reforma al decreto de amianto del año 2006, que está en la mesa de los distintos ministros de trabajo desde hace más de 10 años, está permitiendo que trabajadores autónomos y sus familiares, al llegar estos a casa con su ropa de trabajo cubierta de fibras mortales, enfermen o fallezcan a causa de trabajar hoy día con amianto. 

Otro escollo que parece irresoluble es la normativa que regula la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de 2011, desde entonces obligatoria para edificios de más de 50 años. En este sentido, otros países europeos obligan que en estas inspecciones se incluya la identificación de materiales sospechosos de contener amianto, en el nuestro no, parece ser que es otra de las muchas batallas perdidas al respecto. Qué fácil sería incluir un apartado, aunque sea copiado del modelo francés, que no sería una inspección de amianto en profundidad, sino simplemente una información para que las comunidades de propietarios y la administración fuesen consciente de la existencia en sus edificios de un carcinógeno de primer grado. 

Podría seguir haciendo todo tipo de alegatos de las barbaridades, que se han hecho, se están haciendo y se harán, para que siga esta horrible sangría de muerte de miles de personas, en la mayoría trabajadores, aunque también en el ámbito doméstico, cuántas mujeres han fallecido por lavar la ropa de sus maridos, y en el ambiental. Alguien dijo que el amianto es el enemigo oculto, pero también es el problema oculto no podemos o no debemos consentir más muertes evitables.

Solo una ley integral del Amianto que entre otros aspectos, cuide a las víctimas y a sus familiares, corrija la posibilidad de que trabajadores (autónomos) estén trabajando hoy con riesgo grave de inhalación de fibras, la cualificación de las empresas que trabajan con amianto y la formación de sus trabajadores, la creación de técnicos cualificados, y sobre todo que se cuantifique, cualifique y planifique, en el menor plazo posible, la retirada segura de las 2.600.00 TM que hay instaladas en España.

Joaquín Ortega Herrera

Ingeniero de edificación. Arquitecto técnico.

Inspector en amianto.

Fuente: www.dclm.es

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