El amianto es un material que se utilizaba en construcción de manera frecuente y de diferentes formas. En la década de los 80 su uso fue masivo, en todo tipo de locales, techos, aulas, escuelas, universidades, etc. En la actualidad se sabe que es causa, con evidencia científica cien por cien, de patología tumoral maligna cuando se tiene contacto con él de forma profesional, familiar, etc.
En el conjunto del estado español, entre 1994 y 2008, el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943, cifra que se nos antoja muy alta y, por lo tanto, adquiere tintes sanitarios de gran repercusión.
Durante el siglo 20 se importaron unas 2.600.000 toneladas de amianto, y el máximo de consumo se produjo entre los años 1960 y 1980. Unas tres cuartas partes se utilizaron para la fabricación de fibrocemento para la construcción, cifra similar a la de otros países.
Se ha comprobado científicamente que existe, como es el caso del amianto, una relación directa entre la utilización y el consumo de amianto y el mesiotelioma (tumor maligno) que tiene frecuentemente localización el tórax.
En estudios recientes (Chéné-Charlin 2018), se señala que en Francia se diagnostican unos 1.000 mesoteliomas de promedio al año.
Por todo ello, se estima que, en España, donde el consumo ha sido un 30 por ciento inferior, se podría afirmar que estaríamos en torno a 700 mesoteliomas de promedio al año.
Este tipo de circunstancias se asimilan a las existentes en otros países de la Unión Europea.
La estimación es que entre los años 2003-2009 podrían haberse producido 7.154. De estos datos se puede deducir que hasta 2023 seguiremos con un número creciente de casos.
El gran número de demandas sufridas están derivando en una gran cantidad de litigios y, además, hace necesaria la creación de un fondo de compensación sin culpa.
A diferencia de los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales, como es el caso del amianto, los daños no son instantáneos, aparecen años más tarde y en el caso que nos ocupa, incluso en décadas posteriores.
El motivo principal de este artículo es precisamente recalcar la aprobación por unanimidad en las Cortes Españolas, publicado el 20 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial de Estado, de la Ley de 9 de octubre de creación de un fondo de compensación de las víctimas de amianto, que permitirá que se puedan ir incorporando los nuevos casos de enfermedad producida por la utilización del amianto o contagio directo.
De esta forma, volver a poner en el calendario sanitario de actuaciones imprescindibles nos parece importante. Además, la localización y retirada inmediata donde existe aún es una obligación no graciable.
Y algo más importante, quiero poner sobre aviso como sanitario, periodista y político en las Cortes Españolas como representante de la soberanía nacional, de que no hay ninguna justificación para que puedan existir (y existen aún muchas) edificaciones con amianto. Su presencia llega al esperpento, pues en muchas edificaciones oficiales (universidad, facultades incluida la de Medicina, ministerios, etc.) sigue existiendo y, aparte de ser ilegal, puede tener consecuencias sobre la salud de forma grave, lo que es absolutamente evitable.
Recientemente ha ocurrido el famoso caso amianto en el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyo responsable es Miquel Iceta, que ha traído consecuencias médicas, sociales y políticas importantes.
Somos de los que pensamos que el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia. Tampoco es lógico crear alarmas sociales innecesarias, que no es el caso.
La mejor forma es terminar, de una vez por todas, con la existencia del amianto en ninguna construcción y, sobre todo, en las oficiales. Siempre con el dictamen de profesionales acreditados.
Es triste que todavía, y rozando la irresponsabilidad como ya hemos dicho, se siga detectando claramente amianto en lugares oficiales y no se haya solucionado.
Estaremos muy atentos. Basta ya.
Fuente: www.gacetamedica.com
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