Rafael Rubio, el trabajador jubilado del metro de Barcelona a quien la Justicia ha reconocido una incapacidad permanente por una enfermedad laboral a causa del amianto, reclama una indemnización de 180.000 euros en concepto de daños y perjuicios. El exmecánico de los talleres de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pide la cantidad tanto por motivos económicos como físicos y morales, ha explicado el Col·lectiu Ronda, que representa al exempleado.
El Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona declaró a principios de mes a Rubio en situación de incapacidad permanente en grado total derivado de la asbestosis. Concluyó que el operario estuvo expuesto al amianto mientras ejerció de tornero durante 42 años en la estación de Vilapicina.
Esa decisión marca un precedente para los trabajadores que también están afectados y que tienen también el apoyo del colectivo de abogados y del sindicato CGT. Hace unos años ya hubo un primer reconocimiento judicial a un trabajador sobre su enfermedad por amianto. No obstante, ya había fallecido cuando se dictó la sentencia definitiva.
TMB intensificó los chequeos a la plantilla de algunos departamentos del servicio de metro a partir de 2018, cuando se detectó amianto en piezas de trenes e instalaciones. A raíz de aquella campaña de pruebas médicas, se diagnosticó que 28 trabajadores de los talleres y de tareas de mantenimiento habían desarrollado engrosamientos pleurales, una deformidad no incapacitante compatible con haber respirado polvo de amianto.
El material es nocivo, puede inducir a contraer cáncer y prohibido comercializar desde 2002. En todo caso, TMB siempre apostilla que la causa de las alteraciones pleurales de sus operarios "podrían estar relacionadas con una exposición al amianto, pero también por otras causas".
Fuente: www.elperiodico.com
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