La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra un empresario de La Carolina (Jaén) por presuntamente cometer delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente. La investigación se desencadenó después de que el empresario ordenara a sus empleados retirar placas de uralita de una nave sin la autorización necesaria para manipular este tipo de estructuras que contienen amianto.
Tras recibir información sobre la manipulación de placas de fibrocemento con amianto en el tejado de una nave en el polígono industrial de dicho municipio, el centro operativo de servicio del cuerpo (062) actuó de inmediato.
La intervención fue llevada a cabo por una patrulla de Seguridad Ciudadana, que se desplazó al lugar para verificar la situación. En el sitio, se constató el desmontaje de las placas de fibrocemento con amianto del tejado.
Durante la inspección, los agentes procedieron a identificar a los trabajadores presentes, quienes afirmaron estar realizando estas tareas bajo la dirección del responsable de la empresa para la que trabajan, un hombre de 41 años residente en La Carolina. Sin embargo, este individuo carecía de la habilitación necesaria para llevar a cabo este tipo de trabajos, que implican riesgos para la salud debido a la emisión de fibras de amianto durante su manipulación.
Por consiguiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) está investigando al empresario como presunto autor de los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente.
La comercialización y uso del amianto se prohibió en España en 2002, a través de la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001. Por esta razón, la manipulación y retirada del amianto es un proceso regulado que en la legislación española se recoge en el Real Decreto 396/2006, del 31 de marzo, por el que se establecen las “disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto” (puede consultarse aquí).
Atendiendo a esta normativa, las empresas deben cumplir con una serie de puntos que, presuntamente, habría incumplido la empresa andaluza. En primer lugar, todas las empresas que manipulen o retiren este material deben estar inscritas en el RERA (Registro de empresas con Riesgo de Amianto) y contar con un Número de Identificación Medioambiental (NIMA) y un Plan de Trabajo aprobado.
Los trabajadores, por su parte, deben estar debidamente formados, contando con un curso específico de formación en retirada de amianto, un curso de prevención de riesgos laborales y un reconocimiento médico aprobado. Además, la ley obliga a las empresas a proporcionar el material adecuado a los empleados para la retirada, así como a seguir unas medidas de protección mínimas con el entorno. En algunos casos, también es obligatorio realizar un análisis de fibras para determinar la concentración de amianto en el aire durante los trabajos de descontaminación.
Incumplir todos estos puntos, no solo supone una vulneración del Real Decreto 396/2006, sino de los derechos laborales de los trabajadores expuestos. En 2022, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) incluyó el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental. Pero, además, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española, en su artículo 14, se recoge el derecho de los trabajadores “a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”; a que el empresario garantice “la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”; y a que el empresario cumpla “las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.
El amianto es un mineral natural que se ha utilizado ampliamente en la construcción y la industria debido a su resistencia al calor, al fuego y a los productos químicos. Sin embargo, a pesar de sus propiedades útiles, el amianto es extremadamente peligroso para la salud humana cuando se manipula de forma incorrecta.
Cuando las fibras de amianto se desprenden y se inhalan, pueden causar graves enfermedades respiratorias, como cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis. Estas enfermedades pueden tardar años o décadas en desarrollarse, lo que hace que la exposición al amianto sea un riesgo aún mayor.
Fuente: www.noticiastrabajo.huffingtonpost.es
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