La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del amianto (Fedavica), CCOO y UGT acusaron al Gobierno de “dinamitar” el fondo para las víctimas del amianto por vetar las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que las indemnizaciones a quienes sufren secuelas por este mineral gocen de una exención tributaria.
Dicho veto del Ministerio de Hacienda y Función Pública se apoya en el artículo 134.6 de la Constitución Española que prevé que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
Las enmiendas fueron presentadas por UP, PP, ERC y EH Bildu a propuesta de Fedavica, UGT y CCOO y pretendían evitar que las víctimas del amianto que acepten las indemnizaciones previstas en dicha Ley se vean obligadas a cotizar en el IRPF entre el 45% y el 47%, no sólo del importe de esas indemnizaciones, sino del conjunto de los ingresos de ese ejercicio fiscal, incluidas rentas del trabajo o pensiones.
Para los sindicatos y Fedavica, este veto “desvirtúa el objetivo pretendido con la creación del Fondo de compensación de las víctimas del amianto, que no era otro que evitar a las personas afectadas todos los complejos trámites administrativos y judiciales para acceder a una indemnización de las empresas responsables de la exposición a este cancerígeno, que se demoran durante años y que en demasiadas ocasiones se sustancia cuando la víctima ya ha fallecido”.
“El Gobierno no sólo convierte el Fondo del amianto en un instrumento ineficaz con esta decisión, sino que discrimina a las víctimas del amianto respecto a otros colectivos que sí gozan de esta exención tributaria como es el caso de las víctimas del terrorismo o del VIH”, indicaron las tres organizaciones.
Además, denunciaron que esta decisión de Hacienda “revictimiza” a las personas afectadas por el amianto y las convierte en víctimas de “segunda categoría”, máxime cuando el “Estado español tiene una responsabilidad directa en los daños a su salud al haber permitido durante décadas el uso y comercialización del amianto a pesar de existir evidencia científica sobre su letalidad y de haber sido advertido de ello por la comunidad científica y los sindicatos de clase”.
A todo ello se une la paradoja de que el Fondo del amianto podría continuar litigando contra las empresas responsables de las exposiciones y de los daños a las víctimas, en virtud de la subrogación prevista por la Ley. En esos casos, las indemnizaciones que pudiera obtener el Fondo por vía judicial estarían exentas de tributación, mientras que las víctimas que perdieron la salud o a un familiar cercano ya habrían tenido que hacerlo, según explicaron estas tres organizaciones.
“Desde Fedavica, CCOO y UGT nos vemos obligados a manifestar que hemos sido engañados durante la tramitación de la Ley por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista tanto en el Congreso como en el Senado, pero lo más grave es que se traicionan el espíritu de la propuesta de un Fondo de compensación de las víctimas del amianto que llevábamos quince años reclamando y las expectativas generadas entre un colectivo maltratado que ha sufrido unos daños irreparables”, agregaron.
Por todo ello, avisaron de que estudian convocar acciones para exigir al Gobierno que rectifique su decisión y se comprometa públicamente a incorporar las indemnizaciones del fondo del amianto entre las rentas exentas de tributación del IRPF.
Fuente: www.lavanguardia.com
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