Luis Muro asegura que nunca le avisaron del peligro que escondían las piezas de los trenes de la línea roja del metro de Barcelona que torneaba, taladraba y manipulaba. Estuvo destinado en el taller de la Sagrera entre 2004 y 2008, una década antes de que, en 2018, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) admitiese que 94 vagones de la L1 y la L3 conservaban componentes que contenían amianto. “Cuando estuve allí, no recibimos ninguna advertencia ni equipos de protección”, atestigua.
La sustancia se prohíbe comercializar en España desde 2002 y, cuando se desgasta y desprende partículas, induce enfermedades respiratorias que surgen al cabo de décadas, incluidos cánceres incurables. Muro es uno de los integrantes de TMB que planean ahora demandar a la empresa pública para que los prejubilen por haber estado en contacto con el también llamado asbesto, sin ser conscientes del riesgo que conllevaba, y mostrar indicios de afecciones o deformidades que asocian al mineral.
“Estuvimos comiendo suciedad durante años -protesta el operario-. Salíamos negros de debajo de los trenes. Los limpiábamos a mano y sacábamos las fibras de amianto acumuladas durante años”.
Igual que Muro, por la nave de material móvil de Sagrera pasó un buen número de los 28 empleados en activo que TMB apreció que han desarrollado alteraciones en la pleura, la membrana que rodea el pulmón y es sensible a una potencial exposición al contaminante. También informó de un trabajador que fue tratado de un carcinoma broncopulmonar. TMB los detectó a todos entre 2018 y 2019, cuando comenzó una campaña de revisiones médicas de una dimensión inédita. Siempre puntualiza que los trastornos pudieron incubarse por otras causas que no fueran el amianto.
Tras la primera remesa, el número de diagnosticados dentro de la plantilla del metro no aumenta desde hace cuatro años. La empresa justifica que no han aflorado más síntomas adversos en las pruebas. La ausencia de más casos de los que pudieran derivarse responsabilidades para TMB despierta escepticismo en la asociación de afectados por el amianto en el metro (ATEA-AMB).
“Puede haber una veintena de personas que estuvieron expuestas y que presentan incapacidad pulmonar, nódulos, calcificación… Pero la empresa no los relaciona con el amianto”, sostiene la entidad. La compañía niega que sus servicios médicos eviten poner por escrito diagnósticos que puedan dar pie a compensaciones.
Un electricista que lijó y toqueteó piezas con amianto de convoyes de la L3 durante 12 años explica que una clínica privada le reconoció una disminución respiratoria que “podría ser un principio de asbestosis”, afirma. “También me encontraron una mancha en el pulmón. Si crece un milímetro, tendrán que operarme. La empresa dice que la insuficiencia es leve moderada y que puede deberse a la edad, el tabaco, vivir en la ciudad… Lo minimiza”, reprocha. Como otros asalariados, prefiere hablar bajo anonimato.
TMB replica que ha incorporado 898 trabajadores a un programa de vigilancia de salud y que los TAC a que ha sometido a los que pudieron aspirar el amianto son de alta resolución, “los más avanzados que existen”, subraya. Añade que ha retirado y confinado el 82% del amianto en las instalaciones para defender que está comprometido en erradicarlo.
Trabajadores del suburbano están recopilando historiales clínicos e informes de vida laboral para preparar demandas. Discrepan del modo en que la compañía aplica el pacto que selló con los sindicatos en 2021. El compromiso marca que el personal con manifestaciones asociadas al amianto sea reubicado en labores exentas de asbesto y que, a los 58 años, pase a un régimen de ausencia retribuida hasta la jubilación definitiva.
La asociación de afectados indica que ocho de los 28 identificados con lesiones pleurales no incapacitantes han sido recolocados y que se deniega el retiro anticipado a los demás. TMB esgrime que “se reubicó a todos excepto aquellos que ya se encontraban en un puesto donde no hay ningún tipo de contacto posible con amianto”. La empresa señala que la reducción de jornada a los 58 años “va vinculada” a conseguir antes el traslado de puesto. “Es tal como se acordó con los representantes de los trabajadores”, apela.
Los afectados rechazan que la baja retribuida se supedite a una reubicación previa. “No se me ofreció ni la pedí, aunque sigo bajando a las estaciones y encuentro carteles de aviso de presencia de amianto”, confiesa un extécnico de mantenimiento de señales. Confiaba que, en su caso, no hallaría reparo a la prejubilación: reparó piezas fabricadas con el elemento insalubre durante seis años, sin saberlo, y se le halló un engrosamiento pleural en los chequeos de TMB. Además, compartió turno con un compañero ya fallecido, el primero al que una sentencia declaró víctima mortal del amianto en el suburbano. “Pensé que el retiro sería automático, pero la empresa no da facilidades ni se ha movido”, recrimina.
“El acuerdo es muy claro y no es solo para personas con cánceres o asbestosis, sino también con alteraciones pleurales benignas, la primer señal de haberse expuesto al amianto”, alega Àlex Tisminetzky, abogado del Col·lectiu Ronda, que asesora a empleados del metro. Aduce que, aun sin ser crónicas, el personal con afectaciones incipientes o no incapacitantes tienen derecho, “si no a la adecuación de puesto, como mínimo a la jubilación a los 58”.
Muro no figura en la lista de los 28 diagnosticados. Sí aparece quien lo sustituyó en el taller. “Hacíamos tareas muy similares”, compara. Entre los informes médicos que muestra, consta uno del Hospital Sant Joan de Déu que precisa que se le detectó un “engrosamiento pleural segmental mínimo” en 2019. En cambio, la alteración presuntamente causada por el amianto no se menciona en los resultados de los controles de TMB. De baja temporal, Muro piensa que la discrepancia entre los dictámenes le ha perjudicado. “De poner engrosamiento, me podría haber marchado con 58 años. Y ya tengo 59”, lamenta.
Fuente: www.elperiodico.com
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