Mucho se ha hablado sobre la presencia de amianto en los trenes e instalaciones de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y sobre cómo este material ha podido perjudicar a la salud de los trabajadores que más en contacto han estado con esta sustancia que en España dejó de comercializarse en 2002. Menos conocido es el hecho de que la propia sede de esta empresa pública también se construyó echando mano del dichoso fibrocemento, presente tanto en el interior como en el envoltorio de la finca. El edificio, sito en la calle número 60 de la Zona Franca, es una mole de hierro y cristal de ocho plantas de altura que comparte parcela con otras instituciones del Área Metropolitana de Barcelona, además del Consorcio de la Zona Franca. Para tratar de solucionarlo, TMB tiene abierto un concurso público para 'limpiar' el inmueble por valor de 2,2 millones de euros.
En julio de 2019, meses después de que estallara la polémica por la presencia de amianto en el metro y semanas más tarde de que se hiciera público que el subterráneo de la capital catalana contenía 293 toneladas de materiales con amianto, TMB elaboraba un informe en el que se identificaba y confirmaba la existencia de materiales de fibrocemento en 10 patios (técnicamente, son armarios de mantenimiento) y cuatro áreas de los edificios denominados ZF2.
Se trataba, detalla la propia inspección, de conductos de ventilación, tubos y placas que van saltando de una planta a otra. Posteriormente, se elaboró, de la mano de la empresa privada Inserail, un sesudo 'Proyecto constructivo para la eliminación de fibrocemento de ZF2'. Son 825 páginas que detallan todo lo que hay que hacer. Y cómo.
El concurso público para retirar el material dañino, sin embargo, no se convocó hasta junio de 2023, cuatro años después de ser detectado. Seis enmiendas después, la licitación volvió a publicarse el pasado 19 de diciembre, con un presupuesto base de 2.167.943 euros y 14 meses de obras. Pero con una peculiaridad: la propia convocatoria admite que solo hay dinero asegurado para una primera fase de 726.000 euros (siempre con IVA). Para el segundo manguerazo, con un coste de 1,44 millones de euros, reza el concurso, todo dependerá de la "disponibilidad financiera de TMB".
Los dos edificios forman parte de un conjunto de cuatro inmuebles idénticos. La lógica invita a pensar que los otros también deberían estar afectados por el amianto, puesto que se levantaron al mismo tiempo. Y así es. Pero vayamos por partes, porque la cosa tiene su historia. El Consorcio de la Zona Franca fue quien construyó el complejo en 1975. El solar es suyo y también lo eran los bloques.
Un portavoz de la entidad explica a este diario que TMB compró los dos edificios centrales en 1991, y que el AMB hizo lo propio en 1988 con el que queda más cerca de la Ronda Litoral, de manera que el restante sigue en manos de la entidad consorcial. Relata esta misma voz que el consorcio ya solucionó su problema con el amianto durante el 2022 por valor de 705.830 euros. TMB lo tiene previsto (si hay dinero) y el AMB tiene el trabajo a medio hacer en sus dominios: en el pasado se hizo alguna intervención pero para el futuro tienen agendadas mejoras que deberían incluir la retirada total de amianto.
Los dos edificios de TMB tienen una superficie construida de 11.873 m2 y consta de planta subterránea, planta baja, siete pisos, cubierta y sobrecubierta. El informe detalla que en bajo tierra se han detectado 42 tubos de amianto "usados como desguace y paso de antiguas instalaciones eléctricas". Detalla, para tranquilidad del trabajador de la empresa, que la propia estructura del edificio los ha dejado "confinados".
También en toda la fachada, "entre el cristal y el forjado de cada planta", existen placas de fibrocemento. En total, unos 1.120m2 de envolvente afectado. Desde que se realizó la auditoría, Todos los puntos de los edificios afectados tienen asido un cartel que advierte lo siguiente: "Prohibido efectuar cualquier actividad que pueda erosionar la placa de fibrocemento, por existencia de materiales con contenido de amianto". Algunos están a un metro escaso de un puesto de trabajo, pero siempre hay una puerta que aísla la zona delicada.
En el momento en el que se empiece a ejecutar la extracción del amianto, y tal y como especifica el informe de Inserail, será necesario crear "burbujas", esto es, zonas aisladas, con itinerarios de extracción, en las que solo podrá acceder el personal debidamente protegido de la cabeza a los pies. Las estancias afectadas quedarán cerradas entre dos y ocho días, en función de la superficie sobre la que se tiene que intervenir. Los residuos quedarán depositados en un enorme contenedor sito en el jardín interior, entre los cuatro edificios y la enorme sede de la AMB, edificio que, por cierto, también está en obras.
Fuente: www.elperiodico.com
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