«No hay uso seguro para el asbesto»

Es imposible hablar sobre las víctimas del asbesto en Brasil sin mencionar a la ingeniera Fernanda Giannasi.

Como auditora fiscal del Ministerio de Trabajo, se dio cuenta del peligro de contacto con el mineral fibroso conocido como amianto o asbesto y lo que causó en los mineros, trabajadores y sus familias, y emprendió la lucha para prohibir la producción y el uso de esta materia prima en el país.

Su dedicación de más de 35 años a esta causa ha resultado en enfrentamientos con empresas y autoridades poderosas, demandas penales, administrativas y civiles, castigos en el trabajo y amenazas, inclusive de muerte.

También la obligó a asistir a muchos funerales y entierros de personas que murieron y continúan muriendo debido a las diversas enfermedades, principalmente pulmonares, causadas por este mineral cancerígeno, prohibido en la mayoría de los países industrializados.

Utilizado principalmente en la construcción civil, en cubiertas, depósitos de agua y tuberías, el amianto es tan peligroso, que incluso enferma a las esposas de los trabajadores, solamente por lavar su ropa.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) prohibió su producción y uso, pero una ley del Estado de Goiás, de 2019, volvió permitir nuevamente su exportación.

«Necesitamos urgentemente que el STF declare inconstitucional esta ley», dijo Fernanda al blog Mulheres Ativistas, do Conexão Planeta.

Retirada por el Ministerio de Trabajo, la ingeniera continúa su trabajo para que los contaminados reciban sus derechos mientras aún están vivos, ya que estas enfermedades pueden aparecer hasta muchos años después del contacto con el mineral.

¿Cuándo comenzó a llamar tu atención el problema del amianto?

Concursé para el Ministerio de Trabajo, como agente de inspección de trabajo – hoy el cargo es de auditor fiscal de trabajo – en 1983.

Todavía estábamos en el proceso de apertura y tenía dudas sobre tomar posesión, pero mis padres me convencieron.

En el piso donde me quedé, había un coronel del Servicio Nacional de Información (SNI), de turno de guardia. De hecho, no querían que trabajáramos.

Incluso llegaron a mandarnos para casa y solamente aparecieron por allí, de turno de guardia,  una vez por semana.

Durante este período, estaba dando consultorías de seguridad laboral, y conocí una fábrica que usaba amianto y se resistía a reemplazarlo, a pesar de los rumores de que la materia prima pronto sería prohibida en todo el mundo.

En 1985, con la apertura política consolidada, volví a dedicarme a tiempo completo al Ministerio, en un momento en que los sindicatos comenzaron a hacer fuertes demandas y ocupar espacios en la sociedad.

Junto con un colega médico del Ministerio, decidimos elegir un área temática para trabajar en la protección de los trabajadores. Sugerí que estudiáramos el amianto, porque me había quedado recelosa.

Hicimos una búsqueda bibliográfica y llegamos a identificar a los dos fabricantes más grandes de Brasil, consumidores del 95% de la producción nacional: la francesa Brasilit , del grupo Saint-Gobain, y la suiza Eternit, propietarias de la compañía minera de amianto en Goiás, Sama, y también controladoras de la distribución del mineral en el país.

Descubrimos, entonces, que era un cartel donde las empresas asociadas recibían cuotas predeterminadas de la materia prima, no pudiendo importar o aumentar su producción.

El cartel controlaba, desde la materia prima, hasta el producto final.

La única variable era la mano de obra, y, por eso, las empresas también comenzaron a controlar a los sindicatos de trabajadores.

Uno de los sindicalistas vinculado a las empresas, se nos acercó en el Ministerio y fue allí donde tuvimos contacto con la Associação Brasileira do Amianto (Abra), una organización propagandista de la  minería, que actuaba para decir que el amianto no era peligroso, si se usaba de manera controlada.

Creamos, entonces, el Grupo Interinstitucional do Asbesto (GIA), en 1985, con la participación de Abra y de los sindicatos de trabajadores, y comenzamos a inspeccionar las fábricas del Estado de São Paulo, exigiendo que se ajustaran a las recomendaciones del Convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el uso seguro del amianto, aprobado en 1986 y ratificado por Brasil.

Hasta ese momento, las empresas estaban abiertas a la negociación, porque sabían que la discusión sobre la prohibición estaba creciendo en varios países.

Con el tiempo, al darme cuenta del poder del lobby corporativo, me alejé de la idea de que era posible usar el amianto de manera segura.

¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre el uso seguro de este mineral y abrazar la lucha por su prohibición?

A principios de la década de 1990, también estaba trabajando en problemas de salud en el sector nuclear y, por eso, en 1992, conocí al diputado y ambientalista del estado de Río de Janeiro, Carlos Minc, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente , Rio-92.

Él criticaba duramente el uso del amianto en los stands del Foro Global de las ONG y Movimientos Sociales, en el vertedero de Flamengo.

Luego, propuso el proyecto de ley que lo prohibía en Río de Janeiro y me invitó a ayudarlo. Fue un hito en mi vida.

En 1993, fui invitada a un evento promovido por los parlamentarios de los partidos verdes europeos, en Milán, en el cual se creó la Federación Europea para la Prohibición del Amianto, que había sido prohibido en Italia, en 1992.

Propuse que el movimiento debería ser mundial; de lo contrario, el tercer mundo concentraría la producción sucia y peligrosa en sus zonas, más vulnerables.

Los presentes acordaron celebrar un evento similar en Brasil, que tuvo lugar en 1994, en São Paulo.

Incluso con el intento del gobierno brasileño de vaciar la reunión, se aprobó la creación de la Red de Prohibición del Asbesto, coordinada por continentes. Asumí la coordinación latinoamericana.

Con la popularización del uso de Internet, conseguimos articularnos a nivel mundial, difundiendo nuestras propuestas para prohibir el amianto y la justicia para las víctimas; entonces se iniciaron los grandes enfrentamientos y procesos, inclusive, los criminales, contra nosotros.

¿Para qué sirve y por qué es tan malo el amianto?

Este mineral se usó, en el 95% de los casos, en la construcción civil, en la fabricación de cubiertas, depósitos para agua y tuberías, pero también en tanques, forros, pisos, tabiques y muchos otros artefactos, conocidos como amianto-cemento.

Comencé a tener contacto directo con las víctimas, cuando me transfirieron a Osasco, en 1995, en represalia por mi actuación –a los 37 años, estaba en un embarazo de  riesgo.

En esa época, la fábrica de Eternit, la más grande de toda América Latina, cerrada en 1993, estaba siendo demolida, para la construcción de un hipermercado, y paralizamos  la obra.

Con la repercusión del caso, los ex empleados comenzaron a buscarme en el Ministerio de Trabajo, para informar que estaban enfermos: «estallido» de la pleura, cáncer de pulmón, mesotelioma (conocido como cáncer del amianto), etc. La progresión fue geométrica. Les pedí que se reuniesen con sus antiguos colegas, con problemas de salud.

De los primeros ocho que se sometieron a pruebas en Fundacentro, un órgano del extinguido Ministerio de Trabajo, solamente en uno no se detectó nada en el pulmón.

Irónicamente, murió a finales de ese año, de mesotelioma peritoneal, una de las enfermedades más raras causadas por el amianto. Hoy, hay una plaza en honor a él, en Osasco.

Rápidamente, pudimos reunir a 1,200 personas, 60% de las cuales tenían algún cambio en sus pulmones, sin contar a aquellos que ya habían muerto sin un diagnóstico.

Fue entonces cuando comenzamos a conversar con los ex empleados y a orientarlos sobre la necesidad de una representación.

La fábrica había cerrado, porque el propietario del conglomerado suizo Eternit, considerado el gurú de los negocios del desarrollo sostenible, dijo que se despertó ante la gravedad de la situación, durante su temporada en Osasco, para aprender cómo administrar el negocio de la familia, y, sensibilizado con lo que vio, vendió sus acciones en la multinacional, a la competidora francesa, Brasilit.

La nueva compañía formada con la empresa conjunta (Eterbrás) reestructuró y cerró las fábricas en Osasco y São Caetano do Sul.

¿Cómo has empezado a actuar desde entonces?

Comencé a reunirme con los ex empleados y los ayudé a fundar, a fines de 1995, la Asociación Brasileña de Expuestos al Amianto (Abrea).

Hasta el día de hoy, soy la primera en ser informada de las muertes, y convocada a los funerales de las víctimas.

Según nuestras encuestas, las personas que trabajaron con amianto, en las décadas de 1940 y 1950, murieron sin un diagnóstico relacionado con la exposición; la mayoría de los que trabajaron entre 1960 y 1970 también murieron, pero logramos realizar diagnósticos en parte de ellos.

Ahora, estamos en la tercera ola de enfermedades, la de aquellos que trabajaron entre 1980 y 1990.

La mayoría de las enfermedades relacionadas con el amianto, aparecen décadas después del primer contacto con el mineral. No tenemos estadísticas fiables, sobre los afectados en Brasil.

Un estudio realizado por un investigador de Fiocruz informó que, en los últimos 30 años, entre 1980 y 2010, hubo 3.718 muertes por mesotelioma.

Pero estos números están subestimados, en comparación con el promedio de países como Inglaterra, Francia e Italia, con 5,000 muertes anuales y 10,000 en los Estados Unidos.

En Brasil, todavía tenemos un agravante en el  número de víctimas, entre hombres y mujeres, que es casi equivalente, diferente de lo que sucede en otros países, porque aquí las mujeres lavan la ropa de mineros y operarios. Trabajo doméstico, como causa de contaminación.

Cuando me retiré del Ministerio de Trabajo, estuve en cuarentena durante un año y ahora soy consultora de los abogados de Abrea, donde he trabajado desde su fundación, como voluntaria.

Hago de puente, entre los abogados, los afectados, sus entidades y las instituciones, públicas y privadas, de salud y de pensiones.

¿Qué ha cambiado desde la creación de Abrea?

En estos 25 años de asociación, los afectados han ganado en visibilidad social e interlocución con la Seguridad Social (INSS), el Sistema Único de Salud (SUS), los Ministerios Públicos y, también, con las diversas instancias de los poderes Legislativo y Judicial, en la búsqueda del reconocimiento de su condición de víctimas del amianto y en la lucha por su prohibición.

Durante este período, como inspector de trabajo, denuncié a las empresas Eternit y Brasilit ante el Ministerio Público de Trabajo (MPT), que suscribió acuerdos de compensación extrajudicial para las víctimas, para evadir los casos de enfermedades, tanto del INSS como del SUS.

Las empresas fueron evaluadas, y parte del dinero fue donado al Instituto do Coração (Incor), donde se creó una clínica ambulatoria, equipada para ayudar a las víctimas de amianto.

¿Cuál es la situación legal con respecto al uso del amianto en el país?

El primer proyecto de ley para prohibir el amianto, fue el del ex diputado federal Eduardo Jorge, en 1993; proyecto presentado nuevamente en 1996, junto con el entonces su colega, Fernando Gabeira.

Pero la llamada Bancada del Amianto Blanco o Crisotilo, en el Congreso Nacional, compuesto principalmente por parlamentarios de Goiás, donde se encuentra el mayor yacimiento de amianto de América Latina, se unió, e impidió su aprobación.

Por lo tanto, nuestra lucha se redirigió a las asambleas estatales y los ayuntamientos, donde podríamos tener una mayor participación y voz.

La primera ley aprobada, fue la prohibición del amianto en el estado de São Paulo, seguida de otras, en varios estados y municipios, incluida la propia capital de São Paulo.

Desde la década de los años 2000, sin embargo, ha habido una fuerte reacción de la comunidad empresarial y de sus partidarios, y han comenzado a aparecer acciones en el STF, alegando la inconstitucionalidad de esas leyes de prohibición. La alegación es, que si la ley federal permitiera el uso, el estado no podría prohibirlo.

En 2001, el STF aceptó la solicitud de inconstitucionalidad, y revocó la primera ley de prohibición del amianto, de São Paulo, y la de Mato Grosso do Sul.

En 2008, se aprobó otra ley que prohíbe el uso del amianto en el Estado de São Paulo y, esta vez, en 2017, la Corte Suprema cambió su posición, y decidió que los estados sí podrían ser más restrictivos.

Sin embargo, a mediados de 2019, contrariamente a la decisión del STF, una ley estatal, en Goiás, permitió la extracción y el procesamiento del amianto, con fines de exportación.

Como resultado, Eternit, la empresa matriz de Sama, anunció la reanudación, este año, de la producción de amianto en su mina en el municipio de Minaçu.

Alega que la operación es temporal y para fines de exportación, y tiene como objetivo procesar el mineral restante, extraído antes del cierre de la compañía minera en 11 de febrero de 2019. Precisamos, ahora, que el STF declare esa ley inconstitucional.

¿Quién todavía usa el amianto en el mundo?

Brasil se convirtió en el tercer mayor productor y exportador del mundo y el cuarto mayor consumidor.

Actualmente se produce en Rusia, que consume y exporta gran parte de la producción; China, para consumo interno, y Kazajstán.

La India es el mayor importador, además de Indonesia, Tailandia y otros países asiáticos, con la excepción de Japón y Corea del Sur, principalmente para su uso en el sector de la construcción, en cubiertas de inmuebles.

Su activismo ha dado lugar a demandas, castigos y amenazas de muerte a lo largo de los años.

¿Cómo lidiaste con eso?

La historia de mi vida me preparó para esto. Nací en Ribeirão Preto, en una familia de inmigrantes italianos, cuyos abuelos maternos vivieron las dificultades de la primera guerra mundial en Europa, y que siempre me inspiraron.

Mi padre era director y mi madre era maestra, en la escuela pública en la que estudié, y me sentí obligada a ser una óptima alumna. No podía decepcionar a mis padres.

Un profesor de física me animó a hacer ingeniería y, a la edad de 17 años, en 1976, fui aprobada para el curso de ingeniería en la USP, campus de São Carlos. De los 180 alumnos de ingeniería, solamente éramos seis chicas. Fue un período difícil para mí y mis padres, ya que nunca me había ido de casa.

Por razones familiares, regresé a Ribeirão Preto, donde me gradué. Después de graduarme, me mudé a São Paulo e hice una pasantía en el Instituto de Investigación Tecnológica (IPT), hasta que me presenté a concurso, para acceder al Ministerio de Trabajo.

Cuando llegué a São Paulo, recién formada y casada, descubrí, después de la boda, que mi esposo tenía una enfermedad neurológica, que lo estaba volviendo muy agresivo. Sufrí violencia doméstica hasta que, un día, llamé a mi padre, que vino a recogerme. Mi matrimonio duró un año y medio y fue anulado en un proceso muy doloroso.

Pedí la anulación y, por increíble que parezca, el hecho de sufrir agresión física y psicológica no se consideró una razón para esto, sino que tenía esclerosis cerebral múltiple y no poder procrear.

En mi vida profesional, fui castigada varias veces en el Ministerio de Trabajo, incluidas transferencias arbitrarias, en 1990 y 1995, de São Paulo, a la Subdelegación de Trabajo en Osasco, conocido como el lugar donde se enviaba a los indisciplinados.

Alegando que era para protegerme, me sacaron de la fiscalización en 2004, y me pusieron en servicio interno en una sala de archivo sin ordenador o teléfono.

Además, sufrí una denuncia penal, administrativa, civil e incluso penal, en virtud de la arcaica ley de prensa, de la época de la dictadura militar.

También recibí muchas amenazas, como llamadas telefónicas a mí y a la casa de mis padres y cartas anónimas, incluso del extranjero.

Recibí dos cartas desde Alemania, en las que me llamaban nazi, diciendo que yo moriría quemada. Las entregué a la Policía Federal y a la Interpol, que no tomaron ninguna providencia.

Era la época de las correspondencias que llegaban con denuncias de contaminación con ántrax, lo que me dejó muy asustada.

Cambié de apartamento y me fui a vivir al edificio de mis padres, para que mi hija estuviera más protegida, cerca de sus abuelos. Pero no me intimidaron, principalmente porque mi familia siempre me apoyó. Mi madre asistió a las asambleas de víctimas e incluso colaboró financieramente con la asociación.

Mis padres estaban orgullosos de mi trabajo y mi única hija, Elena, que jamás sufrió por  mis ausencias, me ve como un ejemplo. Valió la pena. Fue difícil, pero nunca pensé en desistir.

Maura Campanili

Periodista y geógrafa, fue reportera y editora de ciudades y medio ambiente en la revista Agência Estado y Terra da Gente.

Trabajó en ONG como la SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental y Red de ONG de Mata Atlântica.

Es autora y editora de libros y publicaciones sociales y ambientales y autora del blog «Paulistanasp» en el que habla sobre temas que le son muy queridos: el medio ambiente, la metrópoli de São Paulo, la literatura y el feminismo.

Nota del traductor:

En las páginas 282-3 de nuestro libro: Amianto: un genocidio impune, Ediciones del Genal. Málaga 2014. ISBN 978-84-16021-11-6. 480 págs., insertábamos los siguientes párrafos, acerca de Fernanda Giannasi:

«En el número correspondiente a los meses de abril a junio del año 2004, la prestigiosa revista profesional “International Journal of Occupational and Environmental Health”, se publicaba un artículo editorial, signado por la renombrada activista de la prohibición del amianto, Laurie Kazan-Allen, titulado: “Open Season on Brazil’s Labor Inspectors”.

En dicho artículo se insertaban dos ilustraciones, sendas fotografías de la Inspectora de Trabajo brasileña, la ingeniera Fernanda Giannasi, incansable paladín de la misma causa en su país, en el resto de la América Latina y en todo el orbe mundial.

Una de las fotografías, en especial, llama poderosamente la atención.

En ella, se puede contemplar a la Inspectora Giannasi, en su “oficina”: una mesita, más apropiada para su uso en el juego del trile, en un rincón de un pasillo, y junto a un extintor de incendios, con el que, si se descuida al levantarse de la silla, es muy probable que se choque… (todo un elocuente ejemplo de celo prevencionista, en el Ministerio que la colocaba en esa situación de ostracismo).

 Si es cierto que una imagen vale por mil palabras, aquí tenemos un ejemplo en el que se cumple plenamente el aforismo. La vida profesional de la Inspectora Giannasi, se concreta, en buena medida, en dos permanentes luchas, que son, en realidad, sólo una: la primera, es la lucha por la prohibición mundial del amianto, y, en la esfera de su directa jurisdicción, por el cumplimiento estricto de la limitada y aún parcial legislación que versa sobre el uso del asbesto existente en Brasil; la segunda lucha, es la originada por el permanente hostigamiento promovido por la industria del amianto.

 Asaeteada a pleitos, cual moderno San Sebastián en el martirio, a esta berroqueña luchadora, a quien algunos comparan con nuestra Pasionaria, ya le resulta imposible recordar cuántos juicios ha tenido que afrontar.

 Amenazada de muerte y sometida a un continuo acoso de llamadas y mensajes intimidatorios, por su lucha contra el amianto, y por su porfía por su supervivencia profesional y humana, nos recuerda a la imagen del Laocoonte, en el famoso grupo escultórico de la Grecia clásica.

Fuente: www.rebelion.org

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