Navantia se blinda ante los litigios por amianto con un contrato de 1,9 millones

Las violentas protestas de los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz han provocado el colapso casi total de la Bahía, con cortes en los accesos a las ciudades -puentes y carreteras- y con 'piquetes informativos' que han impedido cualquier actividad en las numerosas fábricas de la comarca. La huelga indefinida que comenzó hace seis días por las posturas intransigentes de los negociadores del nuevo convenio colectivo del metal ha dibujado un escenario de conflictividad difícilmente asumible, que previsiblemente seguirá e incluso aumentará la semana que empieza, y que ha puesto en la picota a la compañía pública Navantia, pulmón económico y laboral en una zona con un 27% de paro.

La compañía, que ha asumido en los últimos años numerosos contratos en prácticamente todo el mundo, desde la construcción de submarinos, portaviones y fragatas a plataformas para parques eólicos, ha visto como en unos días el trabajo en los astilleros se acumula, lo que previsiblemente impedirá cumplir con los rígidos plazos impuestos por una situación inesperada en este momento. El nuevo frente, que pone en riesgo los compromisos contractuales y cientos de empleos, como reconoció en un comunicado reciente la compañía, no es el único abierto. A él se unen el de los demandas y pleitos laborales, ocasionados por despidos, traslados y prejubilaciones de empleados, y el de los litigios generados por el amianto, que están experimentando un incremento progresivo y con sentencias nada favorables para el gigante constructor. 

El pasado agosto, después de varias modificaciones de plazos, Navantia cerró la adjudicación de un contrato con un valor estimado, que incluye todos los conceptos recogidos en el artículo 101 de la LCSP, incluidas prorrogas y modificaciones del contrato previstas, de 1,9 millones, dividido en tres lotes. El objeto del citado contrato es blindar la defensa de los intereses de la empresa en los juzgados ante un más que previsible aluvión de demandas de trabajadores que declaran haberse visto afectados por asbestosis, una enfermedad crónica del pulmón causada por la inhalación de fibras de amianto que puede degenerar en cáncer. Los lotes de contratación han sido divididos por zonas y es la de Ferrol (A Coruña) la que se lleva el 70% del presupuestos previsto.

Al lote de la localidad gallega, que se ha adjudicado al bufete madrileño G. Cueto Legal, se unen el que agrupa Valencia, Cartagena, Cádiz, Sevilla y Madrid, que ha ido a parar al mismo despacho, y el diseñado para la representación legal en Gijón, Sestao y Santander ha recaído en Samu Consultores, un despacho radicado en Bilbao dedicado al asesoramiento jurídico y sociológico, que también se ha hecho adjudicado recientemente la defensa jurídica de Euskal Irrati Telebista (EITB). Los dos primeros paquetes tienen un presupuesto base de licitación total de 560.000 euros y el último, de 45.000 euros. Todos por año y prorrogables tres más.

Los tribunales, en todas las instancias, están fallando mayoritariamente contra Navantia e Izar -aunque desde luego hay también excepciones- ante los recursos planteados por los trabajadores, ex empleados y familiares de fallecidos en los últimos años por, presuntamente, causa de asbestosis y otras enfermedades causadas por el trabajo en instalaciones con amianto, un material demasiado frecuente también en las sedes de Radio Televisión Española, ferroviarias y colegios. El pasado marzo, un juzgado de lo Social de Bilbao condenaba a la empresa pública dedicada a la construcción naval a indemnizar con 216.459 euros a un trabajador que enfermó por inhalar amianto, tras reconocer el juez el efecto directo de su trabajo como tubero durante 24 años en el astillero bilbaíno en la enfermedad que le provocó graves daños pulmonares.

Sin embargo, también ha algunas instancias que han sentenciado a favor de la constructora, dejando patente que no todo el mundo puede reclamar y que los peritajes y los cuadros médicos son fundamentales. Casi acabando 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó conceder una indemnización adicional a un trabajador de Astilleros Españoles en Puerto Real (Cádiz), que alegó haber contraído una enfermedad pulmonar por inhalación de amianto y como consecuencia de la falta de medidas de protección en la empresa. El empleado, octogenario, trabajó entre 1964 y 1992 como pintor y posteriormente, entre 1992 y 1995, como pañolero para empresas auxiliares y subcontratas de Astilleros Españoles, pero el tribunal entendió que el trabajador no pudo demostrar haber trabajado con amianto ni que la empresa incumpliese las medidas de seguridad.

En la información previa a la adjudicación, Navantia detalla el volumen de asuntos en los tribunales derivados de reclamaciones por el amianto entre 2017 y 2019. No se detalla 2020, un año en el que la Covid y el cierre de los juzgados han frenado las reclamaciones. En total, menciona 149 procedimientos en los juzgados, mayoritariamente derivados del astillero de Ferrol y prácticamente todos como consecuencia de reclamaciones de cantidad por daños y perjuicios por falta de medidas de seguridad. Mientras, otros 85 están en vía administrativa -recargos-.

La Auditoría de Cuentas Consolidadas de la Sociedad de Participaciones de Industriales y Sociedades Independientes 2021 destaca la importancia que tienen las provisiones para responsabilidades y litigios en Navantia e Izar, que sumaron casi 60 millones de euros en 2020. El año pasado se dotaron 14,7 millones de euros para litigios de personal y otros 6,2 millones por responsabilidades Covid frente a subcontratistas. Mientras, Izar tenía previstos 4,3 millones de euros -una cantidad similar a la de 2019- para reclamaciones planteadas por asbestosis.

En las Auditorías de la SEPI, también en el informe del Tribunal de Cuentas en el que se fiscalizaron las aportaciones de la Sepi a las empresas del grupo durante los ejercicios 2012 y 2013 -informe actualizado en 2016-, se evidencia que en las provisiones para responsabilidades y litigios destacan las partidas correspondientes a la cobertura de las reclamaciones judiciales de empleados de los astilleros públicos, solicitando indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados al haber tenido exposición en su trabajo al amianto, sustancia cancerígena cuyo uso y comercialización fueron prohibidos en España en 2001. 

"Los litigios por esta patología, que se conoce como asbestosis, han tenido un incremento exponencial desde el año 2000 en que se produjo la primera reclamación judicial, con sentencias en la actualidad desfavorables para Izar y con indemnizaciones crecientes, que han superado en algunos casos individualmente los 400.000 euros. Los litigios abiertos pendientes de resolución al cierre del ejercicio 2013 eran 327", señalaba el informe del organismo fiscalizador.

Los efectos del amianto en la salud se han cobrado cerca de 8.000 víctimas en España y no solo Navantia es objeto de las demandas, puesto este material estuvo consentido durante décadas y utilizado para diferentes fines. Una enmienda de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 pactada hace apenas una semana con el Partido Socialista y apoyada por Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) permitirá sacar adelante una partida de 25 millones de euros para dotar el fondo de compensación para indemnizar a las víctimas de la exposición al amianto.

Fuente: www.lainformacion.com

Noticia completa