Metro de Madrid indemnizará a la familia del primer fallecido por amianto al aceptar la demanda por daños y perjuicios presentada por el hijo y la viuda, según fuentes de CC.OO. Las partes en el proceso han acudido esta mañana a los juzgados en la calle de Ventura Rodríguez y, en una comparecencia de la empresa que gestiona el suburbano, han comunicado también la decisión de desistir en la reclamación dirigida a la Seguridad Social referida al caso de Antonio Morán Canseco. La familia del fallecido ha preferido no hacer pública la cuantía de la indemnización. A pesar del acuerdo al que ha llegado con la empresa de transportes, mantiene abierto el proceso penal por homicidio agravado donde varios encargados de prevención laboral están siendo investigados.
Morán, un oficial de mantenimiento jubilado, falleció en mayo de 2018 a los 57 años de un mesotelioma pleural. La enfermedad la contrajo durante su prestación profesional como mecánico de ciclo corto. El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) había reconocido que esa enfermedad había sido causada por exposición a amianto poco más de un mes antes de su muerte. Actualmente hay otros ocho trabajadores que han recibido ese reconocimiento, cuatro de ellos ya han fallecido también. Sin embargo, Metro solamente reconoce a tres de ellos, dos de los cuales ya han muerto.
Aparte al acuerdo alcanzado, en el que Metro de Madrid se ha comprometido a indemnizar al hijo y a la viuda de Morán, la familia todavía mantiene el pulso contra la empresa en la vía penal. En la causa en la que la familia de Morán está personada como acusación particular se investiga a siete responsables de prevención laboral por la presunta comisión de dos delitos de homicidio imprudente respecto al caso de Antonio y de otros compañeros fallecidos. Las comparecencias de este caso penal están agendadas para enero del 2021 ante las reiteradas suspensiones por la pandemia.
Pese a que Metro de Madrid ha evitado que se celebre el juicio de esta mañana al llegar a un acuerdo, desde CC.OO. han criticado que de forma paralela se esté denunciado a los otros compañeros que también la enfermedad profesional reconocida por el INSS. Los trabajadores, ha explicado el portavoz del sindicato, solicitarán la indemnización por daños y perjuicios, y un recargo de prestaciones, que es una sanción impuesta por el INSS a las empresas por incumplir la ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
En abril del año pasado Metro de Madrid había sido condenada a pagar 371.733 euros a la familia de Julián Martín Rebate, que falleció en octubre de 2018, y que fue el primer empleado de la empresa a quien el INSS le reconoció la enfermedad profesional. Más adelante, en enero de 2019, la empresa decidió abonar a la Seguridad Social el 50% del recargo en la pensión de viudedad de la esposa de Rebate, sin esperar a que se celebrase el juicio en el que ella solicitaba ese recargo por el incumplimiento de las medidas de salud laboral.
Para evitar esta situación, el Congreso tramita una ley de fondos estatales de indemnizaciones para víctimas del amianto para eliminar este tipo de obstáculos judiciales. Los titulares del derecho a beneficiarse de las indemnizaciones que se fijen en su momento serán las víctimas del amianto en el ámbito laboral y doméstico, así como aquellas cuya enfermedad tenga que ver con el amianto, y no con otros factores ambientales de origen distinto.
Fuente: www.elpais.com
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