El amianto se ha convertido en una grave amenaza para la salud pública. Durante décadas, su uso en la construcción se extendió a través de techos, cañerías y otras piezas de fibrocemento, un material compuesto por un 90% de cemento y un 10% de amianto. De hecho, llegó a ganarse el pseudónimo de "material mágico" por el amplio uso que adquirió en el siglo XX. Sin embargo, este componente es altamente tóxico cuando se deteriora y libera polvo. La exposición a las fibras de amianto afecta principalmente a los pulmones y la pleura, y puede causar enfermedades como la asbestosis y ciertos tipos de cáncer. Lo más preocupante es que este fenómeno se traduce en un desastre ambiental y un riesgo para la salud ciudadana debido a los crecientes vertederos ilegales de amianto.
“El amianto es susceptible de liberar fibras cuando se rompe o se tritura”, explica el doctor Ramon Orriols, de la Sociedad Catalana de Neumología de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya. Por lo tanto, en un vertedero ilegal, donde el amianto ya ha sido manipulado, existe una mayor probabilidad de que desprenda fibras tóxicas.
“Es un riesgo para la salud pública a largo plazo”, alerta por su parte el doctor Josep Tarrés, médico de familia, neurólogo y doctor en medicina experto en amianto, quien lamenta el “incivismo” que provoca que "todos paguemos las consecuencias". Según Tarrés, el problema del amianto está condicionado por su latencia; es decir, el tiempo que transcurre antes de que la enfermedad se manifieste, que puede ser de más de 30 años: “El peligro de un vertedero ilegal se refleja a lo largo de muchos años, ya que no se puede medir de forma inmediata, lo que lo hace aún más peligroso”. El médico adjunto del Servicio de Neumología (Área de UFFIS Respiratoria) del Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Jaume Joan Farrer, añade que el problema se origina desde el momento en que el amianto se manipula, ya que quien lo hace queda expuesto de forma inmediata a su toxicidad.
A pesar de ello, las multas por abandonar amianto en la vía pública pueden oscilar entre los 300.000 y 600.000 euros, según explica Julio González, de la empresa Desamiantados Barcelona SL. "La legislación es muy clara al respecto: toda retirada de amianto debe realizarse bajo unas condiciones específicas, con empresas especializadas y bajo ciertos controles", detalla el doctor Farrer. Hacerlo de forma individual e irregular es un gran riesgo, ya que la persona puede inhalar las fibras durante el proceso de retirada y también quien circule cerca del vertedero ilegal, en palabras del doctor.
El uso y la venta de amianto -material que tarda entre 30 y 50 años en degradarse- están prohibidos en España desde 2002. Por lo tanto, casi la totalidad de las placas aún instaladas continúan amenazando con esparcir fibras nocivas, capaces de causar alteraciones pleurales, enfermedades respiratorias crónicas y cánceres.
Para el entorno natural, la presencia de partículas de amianto también representa un grave peligro. En primer lugar, porque puede afectar de forma indirecta a las personas que transitan por estos lugares y entran en contacto con este material tóxico.
Lena Martí, miembro de la comisión contra el amianto de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona), advierte del "fracaso" que supone tener trozos de amianto esparcidos por zonas naturales: "Es habitual ver estos vertederos cerca de ríos. Se trata de una amenaza para el hábitat que puede esparcirse hacia otras zonas."
Fuente: www.elperiodico.com
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