La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) apeló este martes a la Comisión Europea (CE) para que avance en su iniciativa legislativa sobre detección, registro y seguimiento de amianto, planteada en su programa en 2023, a meses de finalizar su mandato.
Los sindicatos europeos remitieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde recuerdan que la Unión cuenta con «solo cuatro meses» para «cumplir su promesa» para mejorar la protección contra el amianto y garantizar la seguridad de los trabajadores.
En 2022, el Ejecutivo Comunitario presentó su programa de trabajo para 2023, en el que se incluía una directiva para la detección, registro y vigilancia del amianto prevista para el segundo trimestre de 2023. El objetivo era mejorar el acceso a la información sobre la presencia de amianto en las infraestructuras y mitigar los riesgos para la salud.
El amianto, o asbesto, es responsable de casi el 80 % de los cánceres relacionados con el ámbito laboral y, aunque esté prohibido en la Unión Europa desde 2005, sigue presente en edificios antiguos, lo que supone un riesgo para la salud de los trabajadores de diferentes sectores como la construcción, la extinción de incendios o la industria.
Los sindicatos recordaron a la Comisión que no avanzar en la legislación comprometería la «seguridad de los ciudadanos» y «erosionaría la confianza y credibilidad de la Unión Europea» dando así credibilidad a «partidos antieuropeos» a las puertas de las próximas elecciones europeas que tendrán lugar en junio de este año.
Además, la ETUC afirmó que, a la luz de la iniciativa Oleada de Renovación, una de las prioridades del Pacto Verde europeo y que pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios, es «crucial» proteger la seguridad de los trabajadores.
Los sindicatos europeos señalaron que entre 4 y 7 millones de empleados están expuestos al amianto y esperan que la cifra aumente en un 4 % en los próximos diez años como resultado de las renovaciones de los edificios.
La carta sindical pide además un «enfoque legislativo ambicioso» que incluya no solo el cribado de los edificios sino también elementos como formación y acreditación para las empresas encargadas de retirar el amiento, la gestión segura de los residuos, así como procedimientos de descontaminación de ropa y equipos.
En este contexto, la secretaria general de la ETUC, Esther Lynch señaló que la Comisión tiene «la obligación moral de cumplir su promesa» y añadió que el control del amianto no puede caer en el olvido «porque la atención de los políticos se ha vuelto hacia las elecciones».
«Millones de personas que trabajan en todos los sectores han visto sus vidas cruelmente truncadas por el cáncer después de haber estado expuestas a él sin saberlo», puntualizó Lynch.
Fuente: www.euroefe.euractiv.es
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