La justicia llega tarde para las víctimas del amianto en Navarra

Esteban Apeztegia Piquer se sienta ante la mesa blanca de la sala de reuniones y empieza a hablar.

"Esta es la txapela de mi aita, la he traído aquí también como homenaje", dice.

Y a continuación mira los papeles que cuentan su historia, la de su padre, Esteban Apeztegia Iturralde, trabajador de Victorio Luzuriaga, hoy Fagor Ederlan, fallecido hace un año, dos meses y diez días debido al cáncer surgido por trabajar con amianto durante más de tres décadas en la fundición de Tafalla.

"Imagina lo que es para mí ir a trabajar todos los días allí", dice después, tras una rueda de prensa en la sede del sindicato ELA, en la que ha reclamado junto a otros trabajadores y sindicalistas más apoyo para las víctimas de una epidemia silenciosa, de la que poco a poco se van conociendo las consecuencias. El sindicato reclama al Gobierno de Navarra que actúe para mitigar y compensar el daño. Porque –recuerda– el amianto sigue "siendo un problema vivo". Poco a poco se conocen nuevos casos, casi todos ellos procedentes del sector industrial navarro, donde este material fue empleado en muchos casos de manera indiscriminada, a sabiendas, explican en el sindicato, de su peligrosidad.

"Entre la vida y la productividad, las empresas eligieron lo segundo", dice David Pena, abogado del sindicato para ilustrar el modo en que se trabajó con un material "cuya peligrosidad ya era conocida en 1940" y cuyos vínculos con el cáncer ya fueron publicados hace un siglo en 1921. A pesar de ello, cientos de empresas siguieron empleándolo, explicó, amparándose en el desconocimiento de los trabajadores y en la falta de sistemas eficaces de protección de la salud. "Los equipos de protección estaban hechos de amianto: lo que debía protegerte te mataba", dice Pena.

En Luzuriaga, por ejemplo, la limpieza de los hornos, el picado, era uno de los momentos críticos. Pero había más. Y el problema, además, se trasladaba a los domicilios, a las parejas e hijos. "Porque los trabajadores se llevaban a casa la ropa para lavar".

Conocer las empresas

"A nosotros nos dieron el aviso unos maquinistas de Renfe", dice Juanjo Zelaia, extrabajador de Sunsundegui, empresa de Alsasua de azarosa existencia, que ha pasado por diferentes propiedades y que empleaba el amianto en la construcción de vagones de tren. "Pero aquel material, que era amianto azul, se cortaba y salía despedido, caía al suelo y era recogido por el personal de la limpieza, se hacían pequeños montones. Y, además, teníamos un sistema de calefacción de gasoil, que tomaba el aire de la nave, lo calentaba y lo volvía a lanzar, con lo que estábamos en un ciclo completo respirando ese producto", recuerda.

Sunsundegui, donde también menudean los casos, y Fagor Ederlan no son las únicas empresas donde se empleó el amianto. Ni mucho menos. Unas 3.000 personas, muchos de ellos ya jubiladas, trabajaron expuestas a este material. "Y el Gobierno de Navarra tiene la lista completa de las empresas, por lo que le pedimos que la haga pública. Muchas son empresas pequeñas, que ya no existen", dice Andoni Larralde, del sindicato ELA.

No es lo único que se le reclama al Ejecutivo foral. Retirar el amianto de las empresas navarras tendría un coste de unos 240 millones de euros, pero los fondos públicos están muy lejos de concretarse en cantidades suficientes. "Todavía no se ha empezado a retirar –dice Larralde– y para el año que viene la partida económica incluida en los Presupuestos de Navarra es de apenas 50.000 euros. A este paso, dentro de 600 años el amianto seguirá estando ahí".

Justicia que llega tarde

Con este panorama, los afectados y sus familiares acuden en muchas ocasiones a los tribunales, buscando resarcimiento y una justicia que muchas veces llega tarde. Vuelve a hablar Esteban Apeztegia Piquer, trabajador de Fagor Ederlan: "La empresa se dedicó a estirar el tiempo y dilatarlo todo lo que pudo, de tal modo que mi aita murió sin saber que la justicia le iba a dar la razón", con una indemnización de 200.000 euros y un recargo del 40% en la pensión de viudedad. David Pena, su abogado, tiene abiertos varios procesos más en esta y otras empresas y pone voz a lo que viven decenas de personas en la misma situación: "La judicializalición es un proceso que revictimiza, porque te matan en la empresa trabajando y te matan también en el juzgado".?