La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabiliza en 107.000 las personas que, cada año, mueren en el mundo por enfermedades causadas por el amianto, como cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis. Aunque este material tiene prohibida su producción en países como España, aún existen múltiples instalaciones y edificios que incluyen amianto en su construcción, por lo que actualmente unos 125 millones de personas en el mundo están expuestas a él en su lugar de trabajo.
Ante esta realidad, existe, desde hace tiempo, la urgente necesidad de crear una normativa que regule y prohíba el uso y la exposición de este material tan dañino y peligroso para la salud de las personas. Por ello, diversas empresas, grupos ecologistas y sociedades científicas han elaborado un manifiesto que solicita al Gobierno el desarrollo de una Ley Integral del Amianto para evitar las muertes derivadas de la exposición a este material. ICAPEM (Asociación para la investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres), en su lucha continua por concienciar sobre el gran aumento de casos en cáncer de pulmón en las últimas décadas, sobre todo por parte de mujeres, anuncia su adhesión a dicho manifiesto.
Según el presidente de ICAPEM y jefe de Oncología Médica del Hospital La Paz, Javier de Castro, “es necesario que exista una regulación específica para el amianto ya instalado a nivel nacional, pues, aunque ya no se produce, sigue formando parte de muchas instalaciones al haber sido un material muy utilizado en España en el pasado. Se ha demostrado su toxicidad y que está detrás muchos tipos de cáncer, por eso, nuestra asociación apoya totalmente este manifiesto”. También se han unido a la iniciativa entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácia (SEPAR), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).
Otro de los factores más peligrosos del amianto es su periodo de latencia, estimado en hasta 40 años. Por lo tanto, no solo los trabajadores relacionados con lac construcción están severamente expuestos a este material, sino que toda la población lo está indirectamente, al encontrarse en el ambiente.
Este manifiesto, que es un proyecto de gran envergadura, se hace llegar al Ejecutivo de España, incluyendo el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transición ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. El grupo de trabajo de esta Ley Integral está trabajando para que España esté libre de amianto en el año 2028.
A pesar de la prohibición de la producción e importación de amianto en el año 2001, este mineral fue utilizado masivamente en la construcción entre los años 60 y 2000 y sigue costando miles de vidas al año. Se estima que es la causa del entre 10% y 15% de los cánceres de pulmón que se producen en España al año. Para 2020, se calculan más de 5.000 muertes derivadas.
“Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto, tanto laboral como medioambiental”, explican desde el grupo de trabajo de la Ley sobre el Amianto, apoyado por ICAPEM.
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