España aspira a adelantarse a la UE y eliminar todo el amianto antes de 2028

Desde hace unos años, los distintos niveles de la administración (local, regional, nacional e internacional) han acelerado la puesta en marcha de medidas para eliminar de forma íntegra el amianto de los edificios y para proteger la salud de las personas y familiares que han estado en contacto con este material con componentes cancerígenos.

Con este fin, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la Unión Europea, emitió en 2015 un dictamen en el que concluía que el objetivo debía ser “erradicar todo el amianto a finales de 2032”. Para ello, deberían animar al conjunto de Estados miembros a “lanzar hojas de ruta y planes de acción específicos a diferentes niveles”. Y, en el caso de España, el Gobierno ha transmitido su voluntad de adelantarse a esa fecha fijada.

A preguntas de ConSalud.es, el Ministerio de Sanidad ha informado de la próxima creación de planes de acción “para la eliminación segura e integral del amianto, antes de 2028”. Se trata, según han apuntado, de una de las propuestas que recoge el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA), elaborado por Sanidad de forma conjunta con el Ministerio de Transición Ecológica.

Entre las 420 acciones que se ha marcado el PESMA, destaca el compromiso de “mejorar el diagnóstico por exposición al amianto” y la elaboración de un “registro de enfermedades relacionadas”. Además, en su primer programa bienal, existe una línea específica sobre control y vigilancia para “minimizar los impactos de los residuos del amiento en la salud”.

LEY DE RESIDUOS: CENSO DE EDIFICIOS

La segunda de las acciones que el Gobierno ha emprendido para actuar contra el amianto es la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el pasado mes de abril.

En concreto, en la disposición adicional decimocuarta se indica que en el plazo de un año desde que entró en vigor la ley, es decir, antes de abril de 2023, los ayuntamientos deberán elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto “incluyendo un calendario que planifique su retirada” y priorizando a la peligrosidad y exposición que perjudique a la población más vulnerable.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha confirmado a este medio que “se ha constituido un grupo de trabajo interministerial que ha comenzado los trabajos destinados a la elaboración de directrices para la priorización del desamiantado de instalaciones y centros incluidos en los censos municipales”.

FONDO DE COMPENSACIÓN

Finalmente, la última de las acciones emprendidas ha sido la publicación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para víctimas del amianto. En esta ocasión, la iniciativa no sido impulsada por el Gobierno, sino que proviene de una petición del Parlamento Vasco que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado.

De forma general, el Fondo contempla ayudas para los trabajadores con una enfermedad profesional reconocida debido a su exposición al amianto. Además, se beneficiarán las víctimas domésticas o familiares y las víctimas ambientales con una enfermedad de la que se haya determinado que su causa principal es la exposición a este material. Para ello, un equipo de valoración determinará “el diagnóstico y la valoración de la enfermedad, su calificación y revisión”.

Fuente: www.consalud.es

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