El triunfo de los olvidados del amianto

A mediados del siglo pasado, entrar a trabajar en alguna de las empresas industriales del Goierri guipuzcoano era sinónimo de una estabilidad laboral casi vitalicia. Felipe Sarriegi lo consiguió con apenas 14 años, y durante casi 50 años se entregó al desempeño profesional que le permitió sacar adelante una vida digna y mantener una familia numerosa de 5 hijos. Tras su jubilación, sin embargo, aquellas cinco décadas en la fábrica le pasaron una terrible factura. Los médicos le diagnosticaron un mesotelioma, una forma poco habitual de cáncer vinculada al amianto.

“Desde el primer momento los médicos nos preguntaron si el aita había trabajado con amianto. No sabíamos ni lo que era, y él tampoco tenía constancia, pero enseguida pudimos confirmar que durante décadas estuvo respirando amianto cada día. En CAF, su empresa, ha habido muchos casos similares”, explica Mamen Sarregi, una de sus hijas.

Un año después del diagnóstico, con 77 años, el mesotelioma se llevó la vida de Sarriegi, “una persona activa, vital y optimista a la que le quedaba mucho por vivir”. “No tenía ningún otro problema de salud, y lo peor de todo es que te queda la sensación de que su muerte se podía haber evitado”, añade Mamen Sarriegi.

La historia de Felipe Sarriegi es también la de otros muchos trabajadores que alrededor de la jubilación son diagnosticados de mesotelioma, asbestosis, algunos tipos de cáncer de pulmón, u otras enfermedades vinculadas al amianto (también conocido como asbesto). Durante las dos últimas décadas, afectados y familiares se han unido para que se reconozca el origen laboral de su enfermedad y las empresas responsables se hagan cargo. Una de las reivindicaciones fundamentales de este colectivo ha sido la creación de un fondo de compensación para las víctimas. El calendario de su lucha tenía una fecha marcada en rojo: el pasado martes. La proposición fue presentada por un grupo plural de parlamentarios vascos y recibió el apoyo casi unánime del Congreso (salvo Vox).

Este fondo de compensación, que ofrecerá prestaciones similares a las que ya existen en países como Francia, Holanda o Bélgica, servirá para reparar a los miles de afectados y reconocer la responsabilidad del Estado por no haber obligado a retirar este material aislante y resistente al calor, tan común en la construcción y en la industria durante décadas.

Félix Casado es otro de los trabajadores afectados por el amianto. En su caso, según reconocen dos sentencias judiciales, el contacto directo con el amianto durante sus ocho años en la empresa José María Aristráin, en Olaberria (Gipuzkoa), le causó un cáncer de pulmón. A sus 71 años, su día a día está totalmente condicionado por las consecuencias de la enfermedad, de origen profesional, que obligó a que hace una década le extirpasen el pulmón derecho y parte del pericardio.

“Puedo caminar, pero me canso mucho. Al menos sigo vivo, pero otros compañeros han fallecido. La mayoría no llegaron a ver reconocido el daño que les habían hecho. El amianto era más barato que nuestra seguridad”, explica.

La Organización Mundial de la Salud clasificó el amianto como elemento cancerígeno en 1977, aunque desde mucho antes se sabía de su toxicidad. Este material se empezó a utilizar con aplicaciones industriales a comienzos del siglo pasado, si bien el auge tuvo lugar entre los 60 y los 90, cuando se comenzó a retirar. En el 2002 se prohibió su utilización, aunque aún se está retirando.

Es complicado calcular cuántos miles de afectados ha dejado en España. El Consejo Económico y Social Europeo señala que cada año mueren en Europa 88.000 personas por enfermedades derivadas del amianto. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, por su parte, considera que para el año 2050 el amianto podría haber causado 130.000 muertes en España.

La importancia del fondo de compensación radica en que el reconocimiento llegará a muchas personas que han quedado desamparadas, desde autónomos hasta trabajadores de empresas desaparecidas. En todo caso, en opinión de Mamen Sarriegi lo más importante es que se reconoce “de manera pública la injusticia que se cometió”.

Fuente: www.lavanguardia.com

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