El fondo del amianto sigue pendiente del reglamento para compensar a víctimas

El reglamento necesario para poner en marcha el fondo para las víctimas del amianto sigue pendiente de desarrollo pasado un mes desde que se cumpliera el plazo de tres fijado en la ley para que estuviera listo y los afectados pudieran comenzar a reclamar sus compensaciones.

El 19 de octubre de 2022 el BOE publicó la ley para la creación de este fondo, una reivindicación de las asociaciones de víctimas y los sindicatos desde hace aproximadamente quince años.

La norma, aprobada por unanimidad en el Senado, daba tres meses para dictar el reglamento necesario para poner en marcha el fondo, una fecha que se cumplió el pasado 19 de enero.

Desde el Ministerio de Inclusión -encargado de un desarrollo en el que también trabajan el Ministerio de Sanidad y el de Trabajo- explican que eran necesarias unas modificaciones normativas previas que se han aprobado recientemente por las Cortes y que se está trabajando en todos los desarrollos para poder asumir esta nueva competencia.

También destacan que el contacto con los afectados es permanente y que el reglamento está bastante avanzado.

"Las compensaciones no van a poder empezar a llegar hasta que no se haga ese reglamento", recuerda a EFE el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, que señala entre las dificultades la forma de definición y acreditación de todas las víctimas -no solo los trabajadores sino también los familiares que lavaban sus ropas- y el tema fiscal.

En el trámite parlamentario quedó pendiente que las compensaciones de este fondo no tuvieran retención fiscal, algo que sí ocurre en otras compensaciones como la de las víctimas de terrorismo.

"Ese tema sigue atascado", critican desde CCOO, que tacha de injusticia que estas compensaciones sí tributen.

Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto criticaron con dureza que este fondo no quedará exento de tributación.

DURAS CRITICAS POR EL TRATAMIENTO FISCAL

"La decisión del Ministerio de Hacienda revictimiza a las personas afectadas por el amianto y las convierte en víctimas de segunda categoría, máxime cuando el Estado español tiene una responsabilidad directa en los daños a su salud al haber permitido durante décadas el uso y comercialización del amianto a pesar de existir evidencia científica sobre su letalidad y de haber sido advertido de ello por la comunidad científica y los sindicatos", criticaban en una nota junto a CCOO y UGT.

Desde UGT reconocen que los tiempos para el desarrollo reglamentario se han apurado y también señalan a esa necesidad de poder habilitarlo para que pidan las compensaciones no solo trabajadores sino también los familiares afectados.

"Necesitamos que se ponga en marcha cuanto antes (...) y que sea un trámite fácil, ágil y eficaz", explica el secretario de Política Sindical e Industrial de UGT Aragón, José de la Morenas, que confía en que pronto se cierre este último paso y empiecen a llegar las compensaciones.

Desde UGT explican que se han mantenido reuniones con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, y trabajado en borradores y recuerdan que el tema no solo depende de Seguridad Social sino también de Sanidad, Trabajo y Hacienda.

El fondo, tal y como quedo recogido en la ley, será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.

El amianto es un agente cancerígeno responsable de asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, entre otras enfermedades mortales.

El pico máximo de uso del amianto se produjo en España entre los años 1970 y 1980 y unas tres cuartas partes fueron utilizadas en la construcción.

Entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943.

Según la ley, "si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades".

Fuente: www.lavanguardia.com

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