El Congreso avanza en la definición del fondo de compensación a las víctimas del amianto

Las víctimas del amianto en España pueden tener motivos de alegría en las próximas semanas. Según los recientes pasos dados por los grupos parlamentarios, las personas afectadas por este componente y que les ha afectado a su salud podrían beneficiarse próximamente de ayudas económicas, según se recoja en la definición del Fondo de Compensación que se está negociando en el Congreso.

Según han confirmado fuentes parlamentarias a ConSalud.es, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debatirá las enmiendas que los grupos parlamentarios han ido presentando a la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esta iniciativa, que fue llevada por el Parlamento Vasco al Congreso, fue registrada en diciembre de 2019 y tomada en consideración en abril de 2021.

Será el próximo miércoles, 16 de marzo, cuando se inicie la discusión de las enmiendas, por un tiempo que no se ha determinado pero que podría durar meses. En total, los grupos parlamentarios con representación en el Congreso han presentado 174 enmiendas al texto original, tal y como recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

PROPUESTA ORIGINAL

En la Proposición de Ley original se especifica que el Fondo se encargaría de “la reparación íntegra de los perjuicios tanto de toda aquella persona que haya obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto como de toda persona que haya padecido un perjuicio resultante de una exposición al amianto en el territorio del Reino de España”.

Y para que se cumpla este fin, el texto indica que dicha acción deberá disponer de varios recursos económicos “cotizaciones efectuadas por los empresarios y empresarias, públicos y privados, que empleen trabajadores por cuenta ajena; aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; cantidades obtenidas por subrogación; o consignaciones o transferencias que puedan fijarse en los Presupuestos Generales del Estado”.

La ley propuesta por el Parlamento Vasco establece, además, un procedimiento específico para solicitar la correspondiente indemnización. Una vez se presente la correspondiente petición, el Fondo presentará al solicitante, en el plazo de seis meses, “una oferta de indemnización que indicará la evaluación establecida para el daño y perjuicio, así como el montante de las indemnizaciones que le corresponden”.

25 MILLONES EN LOS PGE

Relacionado también con el desarrollo de esta ley, el Gobierno firmó con EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022 para que la Seguridad Social financie la creación del fondo de compensación mediante 25 millones de euros. El acuerdo también se sustentó en el desbloqueo de la ley que está en el Congreso.

Una vez se apruebe esta ley y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el fondo de compensación para las víctimas del amianto se debería crear en el plazo máximo de 3 meses.

Fuente: www.consalud.es

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