En los años 60-90 el amianto fue un material apreciado por sus características como aislante, sus propiedades térmicas, químicas e ignífugas y su bajo precio, por eso se instaló en innumerables construcciones públicas y privadas.
Es el responsable de asbestosis, cánceres de pulmón y mesotelioma, así como de cánceres de laringe y ovarios; incluso otros trastornos pulmonares y pleurales no malignos, todas enfermedades neumológicas muy graves, irreversibles, sin curación que incluso pueden ocasionar la muerte.
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor el 9 de abril del pasado año, plantea en la disposición adicional decimocuarta que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada …..…. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”.
Es decir, los municipios españoles y, por tanto, los de la Comunidad de Madrid están obligados a lo largo de este año 2023 a elaborar un mapa público de instalaciones y emplazamientos así como un calendario de retirada de este peligroso material. Incluso para los de carácter público plantea que en función del riesgo deberán estar gestionados, es decir, desamiantados antes del 2028.
Son muchas las personas trabajadoras que a lo largo de los años inhalaron sus fibras, pero también sus familias e incluso a través de la contaminación ambiental aquellas personas que hoy pueden llegar a estar o están afectadas por sus letales efectos.
Desde UGT-Madrid consideramos que estamos ante un grave problema laboral, social y ambiental por lo que venimos trabajando en la necesidad de realizar un registro público de lugares donde hay instalado amianto y la elaboración de un mapa de edificios e instalaciones en donde este mineral cancerígeno está presente.
Es urgente que los municipios de la Comunidad de Madrid realicen la elaboración de este censo y lleven a cabo un desamiantado seguro.
Además, los madrileños y madrileñas, necesitamos un claro compromiso político para la detección y eliminación de este material cancerígeno y peligroso.
Propuestas legislativas, educativas, de formación, de financiación pública para su eliminación y sensibilización sobre los riesgos y las enfermedades que causa y sin olvidar la deuda social que tenemos con las víctimas y afectados en su salud.
Urge la creación de una mesa de diálogo social en la que trabajemos en la elaboración de esa Estrategia para desamiantar la Comunidad de Madrid y en la que la participación de los interlocutores sociales es fundamental.
Identificar, registrar, vigilar, controlar, informar y retirar con seguridad elementos donde hay instalado amianto.
Desplegar una estrategia para todos los municipios de Madrid que incluya plazos claros y realistas, prioridades y objetivos, detección y registro, financiación y apoyo a los propietarios de viviendas y las pymes, medidas de protección de los trabajadores y trabajadoras, así como la eliminación segura del amianto y la gestión de los residuos.
Ha de ejecutarse el desamiantado de la Comunidad de Madrid, respetando la salud y la seguridad de la ciudadanía, de las personas trabajadoras, así como del medio ambiente. Aprovechando los Fondos que la Unión Europea ha puesto a disposición de nuestro país. Madrid debe seguir el camino ya iniciado por otras Comunidades Autónomas como Navarra, Murcia o el País Vasco.
No es posible mirar hacia otro lado. Conocemos la realidad, afrontémosla y abordemos de manera definitiva este mal que tanto sufrimiento y tantas vidas está poniendo en riesgo.
Desde UGT consideramos que en la Comunidad Autónoma de Madrid tenemos que avanzar ya hacia un sistema saludable, social y económicamente sostenible libre de amianto.
Un Plan de Desamiantado seguro debe ser una prioridad en la Comunidad de Madrid.
Fuente: www.madridiario.es
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