El amianto mata y nos rodea

El pasado 13 de junio, se leyó este trabajo del autor, en Madrid, con motivo de la mesa redonda sobre amianto a que fue convocado por iniciativa del despacho de abogados Oria y Pajares, con el mismo título que encabeza este escrito. Decía así:

Las noticias sobre el amianto se suceden: huelgas, encuentros, muertes y condenas.

Como dice Víctor Hugo, “No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado”.

Es lo que los griegos llamaban el kairos, el tiempo oportuno. No hay ya más que especular sobre este extremo.

El pasado 24 de mayo recibíamos la buena noticia de la nueva condena del criminal Stephan Schmidheiny, de la Eternit suiza y de AVINA, a cuatro años de cárcel, por un tribunal de Turín. Hay que difundir que los lavados verdes de sus fundaciones vinculadas financieramente a la masacre del amianto, hablo de AVINA Y Ashoka, no deben ser toleradas o al menos han de denunciarse con ocasión o sin ella.

En España tenemos que pensar en promover la justicia a los victimarios o verdugos, por la vía penal, especialmente a la familia March, la responsable durante los años más productivos del siglo XX del mayor número de muertes. No puede quedar impune, enriquecida con la sangre de miles de trabajadores, familiares y ciudadanos, siendo la 7ª fortuna de España. Y menos debe quedar con ese lavado de imagen que su Fundación, sedicente filantrópica, trata de difundir.

El amianto mata: las víctimas exigen verdad, justicia y reparación. En ello debemos seguir aplicándonos. En cuanto a la justicia reparativa hay que fomentar el Fondo de Indemnización, la reducción del tiempo de trabajo de los expuestos y pos-texpuestos, y reclamaciones por las vías laborales, civiles, administrativas y penales de las jurisdicciones correspondientes. El trabajo profesional de los juristas nunca ha estado más necesitado. Amén de presionar para llegar a índices de reconocimiento de las enfermedades profesionales del amianto a valores europeos.

Hay que estimular la conciencia de los afectados y afectadas y apoyarles en sus reivindicaciones, especialmente en las calles y en los momentos de dolor. Ha llegado la hora, como hemos dicho. Para ello hay que estar en los medios, en las redes, indagar, investigar y publicar. Y coordinar con fuerza las asociaciones de víctimas, que crecen por meses (Navarra, Aragón, Albacete, etc.). Hay que llegar a la Universidad y a la judicatura.

Hay que seguir la culminación de la construcción social acerca de la percepción de la historia del amianto como un genocidio que está quedando impune.

El último trabajo de Sugio Furuya, Odgerel C., Ken Takahashi, Annette David y Jukka Takala, aparecido en 2018 en la Revista de Salud Pública Ambiental, corrigen los datos de la OMS sobre la masacre del amianto, elevando el número actual de muertes en el mundo por el mineral a 255.000 muertes, el doble de las hasta ahora consideradas. Y redondean los cálculos afirmando que “Cada 20 toneladas de asbesto producido y consumido mata a una persona en algún lugar del mundo”. Así, los cerca de 200 millones de toneladas consumidas en el siglo XX supondrán un total de casi 10 millones de víctimas mortales, muchas de ellas por llegar. Amén de las que el siglo XXI vaya aportando y las que proporcione la tercera oleada de víctimas (las del amianto instalado), tal como previó Selikoff.

El amianto nos rodea como una telaraña global: nos afecta a todos y a todas en esa red de 2.6 millones de toneladas que se instalaron en el siglo XX, la mayor parte de ellas en sus lugares originales y la mayor parte del resto en vertederos incontrolados.

Estas toneladas de amianto, en forma de fibrocemento el 76% de ellas, están casi todas ellas superando su vida útil (en 2023 ya lo habrán hecho el 84%, según los cálculos del INSHT) y su carácter más friable y peligrosos no deja lugar a dudas, por mucho que los responsables de abordar el problema (administraciones y empresas) proclamen que si no se manipula no es peligroso. Porque las afirmaciones de la IARC, desde 1977, son taxativas “no hay dosis mínima segura”. El caso de la muerte del filósofo Jesús Mosterín es muy representativo. Le diagnosticaron un mesotelioma y se hizo la siguiente pregunta “¿Cuándo estuve yo en contacto con el amianto?”. No podía saberlo.

Aunque sí sabemos que la peligrosidad es, sobre todo, proporcional al tiempo de exposición, la dosis y el tipo de asbesto. Eso, para que no nos digan alarmistas.

Y aunque la Orden de prohibición de 17 de diciembre de 2001, procedente de la Directiva 1999/77/CE, es algo ambigua, podemos hacer una lectura favorable en el sentido de que, si solo estará permitida hasta su eliminación o el fin de su vida útil, ésta ya ha llegado y hay que retirar, erradicar, el amianto instalado, prácticamente podemos decir que al 100%.

Los atajos de mantenerlo debajo de la alfombra, por métodos de encapsulado, doblaje, emparedado etc. están desaconsejados por el propio INSST, y legalmente son muy discutibles.

No hay justificación alguna para seguir manteniendo el fibrocemento (y demás objetos con amianto) en colegios, tuberías de agua potable, hospitales, metros, ferrocarriles, viviendas, etc. Se necesita pues un Plan Nacional de Desamiantado Seguro, que lleve aparejado una retirada de los residuos existentes en vertederos incontrolados, y la promesa de una futura inertización, tal como exige el Parlamento Europeo (2013) y el CESE (2015). Un Plan de estas características puede ser financiado en parte por la UE y puede vincularse a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de las ciudades, que en la actualidad se viene implementando.

En una consulta del ayuntamiento de Castro Urdiales, el pasado 15 de diciembre de 2016, al INSSBT (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, emitida a través del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), se afirmaba lo siguiente:

“En el caso del fibrocemento, se estima que la vida útil puede alcanzar alrededor de 30 a 35 años, contando desde que se fabrica el producto, puesto que pasado ese tiempo iría perdiendo propiedades y deteriorándose. No obstante, ese tiempo es variable, es una estimación que puede verse afectada por otros parámetros como, por ejemplo, las condiciones a las que se haya visto expuesto ese material, que podrían reducir el tiempo de vida útil del producto”.

Se propone llevar a los juzgados casos de instalaciones con más de 33 años de amianto instalado (fibrocemento). La ambigüedad de la fecha del tiempo de la vida útil ya está técnica y administrativamente aclarada. Pero para que tenga efectos jurídicos es necesario ganar en alguna instancia judicial un pleito de estas características. 

Se trata de que algún agente individual o colectivo interponga una demanda contra la institución que mantiene el fibrocemento instalado con más de 33 años de vida, a través de un despacho experimentado en amianto, o de gabinetes jurídicos de los sindicatos, etc. Si se pudiese ganar una sola demanda de estas características el resto podría ir cayendo como una bola de nieve, habida cuenta que, como hemos mostrado en el 2023 el 83% del instalado en el siglo XX ya ha sobrepasado estas fechas. Es importante que en demandas concretas de tiempo y lugar se pueda documentar la fecha de su instalación (bien con papeles o bien con testimonios solventes), porque esta es el punto de partida para contar 33 años de vida útil.

Hay mucho trabajo pendiente que hacer en todas las instancias, pero como estamos invitados por juristas, a ellos les alentamos a que emprendan las tareas que les correspondan.

Como estamos en el tiempo oportuno, los viejas y razonables escepticismos cada vez tiene menor lugar. Es la hora de avistar muchas batallas ganadas. Librándolas.

Fuente: www.http://sinpermiso.info

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