No es la primera vez que desde CC OO de Euskadi abordamos un nuevo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, denunciando la precariedad laboral que impregna desde hace tiempo todo nuestro mercado de trabajo. Precariedad que identificamos como la causa fundamental de la siniestralidad laboral. Esto, junto con una legislación en prevención de riesgos laborales que, aún siendo un buen instrumento, es reiteradamente incumplida por un número indeterminado de empresas, nos dibujará el panorama que en la actualidad existe en los centros de trabajo en Euskadi: unas condiciones de trabajo que generan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Entre estos incumplimientos destacan la deficiente realización de las evaluaciones de riesgos y la inaplicación de las planificaciones de la actividad preventiva que se tienen que derivar de aquellas. No es este el único problema, puesto que hay empresas que o no tienen realizada la evaluación de riesgos (concretamente un 24% de empresas en Europa, según los últimos datos que ha hecho públicos la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo), o la han llevado a cabo sin la participación de las y los representantes de los trabajadores o no la han revisado jamás.
No es un tema menor. Una evaluación de riesgos correctamente realizada no sólo facilita la aplicación de las medidas preventivas, para lo cual, por supuesto, también es necesario que haya voluntad por parte de la empresa, sino que también facilita que no se oculten dolencias de origen profesional y que podamos impugnar las altas médicas que las mutuas emiten constantemente de forma indebida. Al ser una fotografía descriptiva de lo que son las condiciones de trabajo en la empresa, también se relaciona con los procesos que se abren frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en busca de incapacidades profesionales para aquellas personas que, por las dolencias que presentan, ya no pueden llevar a cabo su trabajo. Por todo ello, CC OO va a llevar a cabo una iniciativa para dar a conocer la importancia de las evaluaciones de riesgos y todas sus utilidades, con el objetivo de detectar centros de trabajo en los que existan deficiencias en relación a ellas.
Para nuestro sindicato también es motivo de gran preocupación la reciente aprobación del Real Decreto 231/2017, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de forma considerable la siniestralidad laboral. Si bien el bonus, como tradicionalmente se conoce este sistema de bonificación de cuotas, ya existía, en esta nueva redacción de la regulación se elimina la participación activa de las y los delegados de prevención y de la Inspección de Trabajo. En la anterior regulación era necesaria la firma con el visto bueno de los delegados de prevención, y si no existía tal visto bueno cabía también la posibilidad de presentar alegaciones ante la Inspección de Trabajo, aspectos que ahora desaparecen.
También nos preocupa que, siendo la mutua quien redacta el informe sobre la siniestralidad que hay en cada una de sus respectivas empresas asociadas y siendo la mutua quien presenta la solicitud de la empresa ante la Seguridad Social, pueda pactarse entre empresa y mutua que una parte de esta bonificación de cuotas se incorpore al patrimonio histórico de la mutua. No sólo es motivo de escándalo que la mutua -que viene a ser una asociación de empresarios- pueda incorporar dinero público procedente de la Seguridad Social a su patrimonio histórico y que a la mutua se le permita tomar parte en prejuzgar un hecho del que luego se puede lucrar, siendo esto dudosamente ético, sino que nos encontramos ante un hecho que podría fomentar acuerdos entre empresa y mutua para no declarar accidentes de trabajo.
Igual de censurable es la actitud del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está negando la contingencia profesional de dolencias cuyo origen está en el trabajo. Concretamente, el INSS está denegando el origen profesional de cánceres específicos relacionados con el amianto tanto a personas que han trabajado toda su vida laboral en empresas con un amplio historial de enfermedades y fallecimientos por amianto, como a personas cuya exposición laboral al amianto ha certificado Osalan. Es muy grave puesto que, si bien el sindicato continuará pleiteando en los juzgados para demostrar el origen profesional de estas dolencias, la actitud del INSS no hace sino prolongar el sufrimiento y mermar las fuerzas de personas con enfermedades muy graves o mortales en algunos casos. Por ello, decimos alto y claro que el INSS se comporta de forma similar a las mutuas a la hora de ocultar enfermedades profesionales.
No es la única acción del INSS que suscita nuestro malestar. En los casos de bajas prolongadas y tras el preceptivo y obligatorio reconocimiento médico de reincorporación al puesto de trabajo, si este reconocimiento médico arroja como resultado la no aptitud para el puesto de trabajo de la persona que ha estado de baja, esto no está siendo tenido en cuanta por el INSS para valorar la posibilidad de una incapacidad profesional.
Al movimiento sindical nos toca movilizarnos frente a todas estas realidades, realmente lesivas para los intereses de las personas trabajadoras. Cada día es más necesario afrontar esta movilización desde un escenario de unidad sindical, sin duda el más propicio para la defensa de la seguridad y la salud en el trabajo. Alfonso Ríos. Responsable de Salud Laboral de CC OO de Euskadi
Fuente: www.eldiario.es
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/salud-trabajo-siniestralidad_laboral-precariedad-amianto-Seguridad_Social_6_637696257.html
