La batalla contra la presencia del amianto en la industria y en los centros educativos, por sus efectos nocivos sobre la salud, se libró ayer en tres frentes: el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, la puerta del Palacio de Justicia y el Pleno del Ayuntamiento.
En el juzgado, el presidente de la Plataforma de afectados por enfermedades producidas por el amianto de la Región de Murcia (Apena), Ricardo Torregrosa, ratificó la denuncia que llevó a la Fiscalía a presentar una querella contra Repsol por la presencia de amianto en la refinería de petróleo de Escombreras.
Según informaron fuentes judiciales, Torregrosa confirmó todas las afirmaciones realizadas en un escrito dirigido en 2018 a la Fiscalía, que el pasado febrero pidió abrir diligencias por la presunta comisión de tres delitos: contra los derechos de los trabajadores, de lesiones por imprudencia grave y de homicidio por imprudencia grave. La investigación del Ministerio Fiscal llevó a constatar la presencia en la factoría del «agente nocivo» (la mercantil subcontrató el desamiantado a dos mercantiles el año pasado) y su posible vinculación con la asbestosis de cinco exempleados. Estos trabajaron en Escombreras de 1962 a 2008 y desarrollaron enfermedades profesionales.
En la declaración de Torregrosa estuvo presente el fiscal delegado de siniestralidad laboral, Antonio Vivo. Este encontró sospechas de homicidio por imprudencia, en lo relativo al fallecimiento en 2011 de un antiguo calderero y ayudante técnico de mantenimiento. Repsol ha sostenido que «no ha existido ni existe exposición de trabajadores» al amianto.
Frente al edificio judicial, miembros de las plataformas 'A por el 45' y 'Amianto Zero', así como el diputado regional de Podemos Andrés Pedereño, se concentraron con pancartas, como respaldo a Apena, y exigieron retirar los tejados de uralita en colegios e institutos. Esto último fue reclamado también por el Pleno municipal, que aprobó por unanimidad una moción de Podemos y MC. La apoyaron PSOE, PP y Cs.
Fuente: www.laverdad.es
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