La publicación en prensa acerca de la presencia de amianto en un total de 33 colegios en Madrid o en el Metro disparaba las alarmas acerca de las consecuencias de esta circunstancia. Unas consecuencias enmarcadas por supuesto en la salud y en el marco de la prevención de riesgos laborales. Pero también son inevitables preguntas relacionadas con este material: ¿es un riesgo real? Si es así, ¿en qué medida? ¿Qué podemos hacer?
La realidad y los datos, sin lugar a dudas son preocupantes, teniendo en cuenta que se calcula que en Madrid 1 de cada 5 colegios está afectado o si compruebas las indemnizaciones a las que han sido condenadas algunas empresas, como Uralita que, por sentencia del Tribunal Supremo, se veía obligada a pagar 2,2 millones a sus trabajadores afectados. Datos que ponen de manifiesto la importancia de abordar el asunto de este mineral cancerígeno desde las instituciones, pero también en el marco de los expertos en prevención de riesgos.
Está claro, a tenor de estas noticias a las que nos referimos como a otras muchas, que el amianto sigue siendo un gran problema laboral, pero también de salud pública. Una problemática que sigue vigente a pesar de las medidas tomadas al respecto como la prohibición por parte de la Unión Europea en 2005 del uso de este material tanto en los edificios como en los equipamientos.
Los expertos están de acuerdo en que la vigencia de la problemática tiene en gran medida que ver con los elevados costes que supone la retirada de dicho amianto en los edificios en los que está presente. Unos costes que parecen pesar más en la balanza que las consecuencias nefastas que este material tiene en la salud, cuando la respuesta es sí. Sí a la pregunta acerca del riesgo para la salud. Está demostrado que la presencia de determinadas cantidades está relacionada con enfermedades como el cáncer de pulmón, entre otras patologías graves.
Es la Organización Mundial de la Salud la que estima que en los estados miembros de la Unión Europea se registran cerca de 30 000 casos cada año de enfermedades relacionadas de manera directa con el amianto. Una incidencia que, además, aumenta cada año y dándose la circunstancia, además, de que la manifestación de estas enfermedades puede suceder hasta 50 años después de la exposición.
Es precisamente por la circunstancia que determina el periodo de exposición, la que hace esperar que sea en la década a partir del 2020 cuando se sucedan los picos de enfermos expuestos a amianto. En España, según datos facilitados por la UGT, se produjeron un total de 23 muertes relacionadas con este peligroso material tóxico. Un material muy usado en la construcción en España durante unas décadas concretas.
Pese a los datos de UGT y a los augurios de la OMS, hay que destacar que en 2020 las cifras de muertos por amianto en España sufrieron un descenso. Concretamente se fijaron en 18. La razón por la que los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al ascenso no se hayan cumplido en España tiene mucho que ver con las labores de detección y por la proliferación de expertos en la materia en el marco de la prevención de riesgos laborales.
Uno de los datos que más puede llegar a preocupar es que este material fue muy usado en la década de los 80 y de los 90, cuando se desconocía que el paso del tiempo y el deterioro del material provocaba la liberación de una sustancia altamente tóxica. Esto unido al hecho de que solo en Madrid se estima que el 80 % de los colegios tiene presencia de este material, así como el hecho de que los profesionales médicos alertan de la peligrosidad que supone estar en contacto con esta sustancia tan solo unos segundos.
Por todo esto, desde diferentes instituciones y organizaciones se pide al Gobierno la retirada inmediata de este material previa detección del mismo. Se calcula que solo en Madrid y solo la retirada de los centros educativos esta situación podría suponer un coste que ascendería a los 100 millones de euros.
Colectivos ecologistas y asociaciones médicas ponen sobre la mesa la peligrosidad de los efectos de estar expuestos a esta sustancia, así como el hecho de que las patologías relacionadas ya no están circunscritas a trabajadores. Ya hay niños y otros colectivos con patologías relacionadas con este tipo de exposición.
Todo esto hace que desde estos colectivos se solicite una ley integral del amianto, mientras ya Madrid aprobaba un plan para la eliminación del amianto con horizonte 2030. Un plan que contempla la detección y la erradicación y que pone en boga nuestro máster en prevención de riesgos.
Los datos hablan por sí solos y es de esperar que el resto de comunidades autónomas se sumen a planes parecidos al de Madrid. Todo un escenario que, pese a la crudeza, abre una vía de oportunidad de trabajo y de especialización en este tipo de riesgo laboral, entre otros.
Conocer el origen, la producción y la utilización es fundamental para actuar contra las consecuencias de este material del que todos hemos oído hablar, pero del que desconocemos muchos factores. El riesgo como contaminante, las enfermedades asociadas y la prevención de estas enfermedades relacionadas con este mineral cancerígeno serán otros aspectos a tener en cuenta en el marco de la prevención específica de este tipo de riesgo laboral.
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Fuente: www.blogs.imf-formacion.com
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