El término amianto, también conocido como asbesto, es un tipo de mineral. En realidad existen varios tipos de asbesto de los cuales la crocidolita y la amosita, conocidos como amianto azul y amianto marrón respectivamente, son las dos formas más peligrosas, ya que conllevan los mayores riesgos para la salud en caso de inhalar sus fibras.
Este material, por sus propiedades, era casi imprescindible desde principios del siglo XX para su uso en procesos industriales como por ejemplo en la fabricación naval, en la producción textil, en la producción de aislamiento térmicos, en la automoción para forrar frenos, y en la construcción vinculado a la industria del fibrocemento, que en España se llamó uralita por el nombre de la empresa que fabricaba este material.
Pese a que el uso de este material está prohibido desde 2002 todavía hay gran cantidad de lugares donde esta presente, sobre todo en aquellos que están relacionados con la construcción como aislamientos, tejados, o depósitos de agua.
Pero esta sociedad, y sobre todo la Seguridad Social y los tribunales tienen una deuda con las personas que estuvieron años expuestos a este material sobre en todo reconocerles sus derechos, bien sean trabajadores o sus familias. Un claro ejemplo de estos últimos son las mujeres de muchos trabajadores que, pese a no haber estado trabajando en estas condiciones de exposición al amianto, ha desarrollado enfermedades asociadas al uso del asbesto por el mero hecho de haber manipulado la ropa de sus parejas.
Podemos decir, y así lo avalan muchos estudios, que el amianto es un asesino silencioso y el mayor cancerígeno laboral que provoca mesotelioma. El mesotelioma es un cáncer incurable de la capa interior del pecho o de la pared abdominal. Su incidencia entre la población general es muy baja, pero los trabajadores del amianto tienen una probabilidad muy alta de desarrollarla.
La exposición al amianto también provoca la asbestosis o amiantosis, que es una cicatrización irreversible del pulmón que provoca graves dificultades respiratorias. Se puede seguir desarrollando incluso después de haber cesado la exposición al amianto.
En Cartagena tenemos una tasa de desarrollo del mesotelioma 7,5 veces mayor que en Murcia.
Los estudios realizados muestran la importancia de la construcción naval y la industria petroquímica como sectores fundamentales de la exposición laboral al amianto. Pero pese a haberlos solicitado en reiteradas ocasiones, tanto en el Ayuntamiento de Cartagena, como en la Asamblea Regional, todavía no tenemos un listado de trabajadores y trabajadoras de Repsol expuestos al amianto. La empresa llegó a asegurar que no había tenido trabajadores expuestos a este material. Por su parte desde Navantia solo se ha conseguido que presente un listado parcial, ya que en el mismo faltarían los trabajadores de las empresas subcontratadas que también habría sufrido la exposición.
Los datos son escalofriantes: 600 fallecidos por amianto y ninguna de estas muertes han sido comunicadas oficialmente jamás, lo que supone un caso único en España. Cartagena cuadriplica la cifra de fallecidos de Ferrol. Tanto oscurantismo solo puede calificarse como de "conspiración de silencio".
Debemos hablar de "violencia empresarial", si no hay transparencia por parte de las empresas a la hora de facilitar los datos, si no se reconocen estas muertes como enfermedades profesionales y si no se indemnizan a las víctimas del amianto como se merecen.
Pero también podemos hablar de violencia institucional si el Ayuntamiento de Cartagena no se implica de forma clara a la hora de exigir, a las empresas más señaladas por el uso de amianto, como son Repsol o Navantia, los registros de exposición de los trabajadores y trabajadoras, y si no exige a la Consejería de Salud que se implique en atender las peticiones de la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto (APENA).
No debemos olvidar que esta asociación, con Ricardo Torregrosa a la cabeza, ha realizado un gran trabajo para concienciar y dar a conocer el peligro para la salud que supone la exposición al amianto. También ha trabajado de forma incansable para conseguir los listados de los trabajadores y las trabajadoras expuestas a este material y para que se reconozca como enfermedad profesional el diagnostico de mesotelioma de los trabajadores que han inhalado fibras de asbesto.
En 2020 hubo una sentencia pionera que reconocía la responsabilidad de la empresa, Bazán, en el fallecimiento de dos trabajadores, debido a que no había puesto en marcha las medidas de protección necesarias a estos trabajadores que estuvieron expuestos durante más de 30 años al amianto.
Por suerte el Senado ha aprobado un fondo de compensación para los afectados, que contará con 25 millones de euros y que saldrá de los presupuestos generales del estado para la reparación de los daños y perjuicios para la salud de las víctimas del amianto.
Este fondo será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.
Esperamos que las administraciones locales y regionales también hagan su trabajo y exijan transparencia a las empresas para que faciliten los registros de trabajadores y trabajadoras expuestos para que puedan ver reconocidos sus derechos.
Fuente: www.murciaplaza.com
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