Le llaman “la muerte silenciosa”. Hablamos del amianto o asbesto, un material ahora prohibido pero que se utilizó de forma habitual en la construcción, especialmente entre los años 60 y 80. El fibrocementeo o la uralita (nombre comercial) desprende unas fibras al ser manipulado y, si se inhalan, son cancerígenas.
Ha provocado en torno a 7.000 muertes en España y se calcula que podrían llegar a 130.000 en el año 2050. En Aragón, cada año afloran “entre 10 y 12 casos”, según el doctor Javier García Tirado, jefe de Servicio de Cirugía Torácica de los hospitales Miguel Servet y del Clínico, que no duda en calificar este material como una “bomba de relojería, nunca sabes cuándo y cómo va a explotar”.
Desde los años 70 se conocían sus efectos cancerígenos pero no se prohibió hasta 2002. Al manipularlo desprende fibras, “que pueden permanecer 20,30 o incluso 40 años en las vías respiratorias”, explica. Tiene, por tanto, un periodo de latencia muy largo pero, cuando el cáncer se manifiesta, en sus distintas formas (cáncer de pulmón, mesiotelioma, absentosis...)la muerte es inevitable. “En los mejores casos de estadios iniciales y con tratamientos agresivos, la supervivencia no suele pasar del 30% en 5 años, con una esperanza de vida en torno a año o año y medio, generalmente el pronóstico es malo”, lamenta. A más exposición, más riesgo. Y el tabaco lo agrava.
Miles de trabajadores estuvieron expuestos, sin saberlo, a este material. Era barato, buen aislante y muy resistente al calor. Su uso en construcción o automoción estaba muy extendido. Juan Andrés es trabajador de CAF, en Zaragoza, desde hace 43 años. 50 de sus compañeros han muerto a consecuencia del amianto de forma oficial, reconocidos por la justicia, pero ha visto morir a más de 100. “De todos mis amigos soy, seguramente, el que ha ido a más entierros, la mayoría compañeros de trabajo, algunos de ellos amigos”, asegura.
Este afectado recuerda cómo, en los años 80 retiraban con espátulas, rascadores e incluso con la mano las cubiertas de amianto de los trenes. “Lo que nos caía encima lo respirábamos en el ambiente, ni siquiera teníamos mascarillas”, rememora. Nunca les informaron de que aquel material era peligroso. “Éramos tan inconscientes que nos llevábamos la ropa de trabajo a casa a lavar, nuestras mujeres sacudían ese polvo antes de meterla en la lavadora, con los niños pequeños en casa, ellos también lo respiraron”, cuenta contrariado.
Algo similar ha vivido José Manuel Muñoz. Lleva 40 años en la factoría de OPEL en Figueruelas. Entró en 1982. Hasta el 86 trabajó en la nave 21, donde se montaba el eje trasero. La zapata de los frenos de tambor estaba cubierta por un forro compuesto en su mayoría por amianto. “Nos enteramos de que habíamos trabajado con 'eso' cuando lo quitaron”, denuncia.
“Eramos ignorantes totales, con los mismos guantes que acababa de reparar la máquina, me los metía en el bolsillo trasero y me comía el bocadillo, con la ropa llena de ese polvo”, cuenta indignado. “¿Tú crees que si yo sé la peligrosidad me expongo a eso?”, asegura.
Estos dos trabajadores pertenecen a la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón, que sigue luchando por hacer visible el desamparo que han sufrido como víctimas. Los afectados han tenido que ir a juicio para que se reconozca que su cáncer es de origen laboral. El doctor García Tirado ha sido perito clínico en algún proceso y asegura que no ha sido fácil: “Se exigía que se registraran fibras de asbesto en el tejido o en el material quirúrgico y no se obtenía, es como buscar una aguja en un pajar, no había una diseminación de fibras que te las encontraras por doquier en el pulmón, ni mucho menos”.
Las víctimas piden más vigilancia de la salud de los trabajadores, mejores protocolos de actuación y que se apliquen coeficientes reductores en la edad de jubilación de quienes manipularon este material. Exigen, además, “que las empresas asuman su responsabilidad”. Los afectados siempre han sostenido que quienes estaban al mando “sabían más de lo que decían”. Y que, “si se hubieran tomado medidas, muchas muertes se podían haber evitado”.
Hoy en día, el uso de este material está prohibido en nuevas construcciones. Pero el amianto, el fibrocemento o la uralita siguen presente en edificios, tuberías, componentes mecánicos y construcciones particulares. “Se calcula que en España quedan todavía 2 millones de toneladas por retirar”, asegura Jesús Villar, miembro de la Comisión de Seguridad y Salud del Colegio de Ingenieros industriales de Aragón y La Rioja.
Lo cierto es que es difícil saber hasta qué punto está extendido en la comunidad.“Se usó sobre todo en los años 60-80, en muchas autoconstrucciones del mundo rural, te hacías un cobertizo o una nave agrícola, comprabas los materiales y lo hacías tú”.
La presencia de amianto no es tóxica pero sí su manipulación. El peligro está en las microfibras que se inhalan al cortarlo. Su vida útil se sitúa entre los 30 y los 50 años pero no hay un plazo legal para retirarlo. Cuando se detecta que está deteriorado nunca se debe manipular directamente. Hay que contratar a una empresa autorizada, con un plan de retirada que debe ser aprobado por el Instituto de Seguriad y Salud Laboral de Aragón o la Inspección de Trabajo.
En Zaragoza, por ejemplo, habrá que tenerlo muy en cuenta el día que finalmente se produzca la remodelación del estadio municipal de la Romareda. Prácticamente toda la cubierta es de fibrocemento.
Es un trabajo “escrupuloso y meticuloso”, advierte Villar. Es necesario “delimitar la zona de trabajo” y quienes trabajan deben llevan “mascarillas y ropas especiales”. Además, siempre que entren y salgan de la zona de trabajo “deben cambiarse de ropa y pasar por una zona de descontaminación”.
Las medidas de seguridad de hoy contrastan con la la falta de protección absoluta con la que los trabajadores manipularon el amianto hasta su prohibición. Quienes no han desarrollado todavía un cáncer, viven con el miedo en el cuerpo. Por ellos, y por los suyos. José Manuel Muñoz lo siente como una “espada de Damocles” y lamenta, sobre todo, la forma en que sus seres queridos se han visto expuestos: “Lo llevé a casa, estaban mis padres, mi hermana y la que ahora es mi esposa, ellos también pueden haber desarrollado este problema”.
Una ansiedad con la que también vive Juan Andrés. “Cada vez que vas al médico con un golpe de pecho o una tos se te ponen los pelos de punta porque te pones en lo peor”, asegura este trabajador, que ha visto padecer ansiedad a muchos compañeros. “Tenemos que vivir con ello”, lamenta.
Según la Organización Mundial de la Salud, haber estado en contacto con el amianto reduce en 14 años la esperanza de vida. Los presupuestos generales del Estado contemplan 25 millones de euros para crear un Fondo de Compensación a las Víctimas, pero sigue pendiente la Ley que debe regularlo. Los sindicatos piden que se clarifique quién podrá beneficiarse (los trabajadores y sus familias, que también se vieron expuestas); o la estructura de financiación del fondo. En este sentido, reclaman que el dinero salga del Estado pero también de las sanciones a las empresas que no cumplieron con las medidas de prevención.
Fuente: www.cope.es
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