Acusan a la Seguridad Social de «obstaculizar» tramitaciones de pensiones

La Asociación de Víctimas del Amianto (Asviamie) ha acusado al Instituto de la Seguridad Social (INSS) de «aprovechar» las medidas anticovid para convertirse en «un búnker inaccesible» y «obstaculizar» la tramitación de prestaciones y el reconocimiento de enfermedades laborales derivadas de esta sustancia.

El portavoz de Asviamie, Jesús Urzkudun, ha hecho estas declaraciones en una concentración que han protagonizado una veintena de activistas de la asociación frente a la sede del INSS de Donostia.

Uzkudun ha denunciado «enormes dificultades» para conseguir cita presencial o telefónica con la que dar seguimiento a los expedientes de estos enfermos o de los familiares de los fallecidos, que sufren «esperas de 5 a 6 meses» para obtener resolución o respuesta a sus tramitaciones, cuando, a su juicio, «las enfermedades terminales deberían tener prioridad».

«Hay que tener en cuenta que algunos no llegan vivos a la resolución» de pensiones económicas y fallecen «con la preocupación de cómo quedarán sus familias», ha lamentado.

También ha calificado de «muy grave» que la Seguridad Social «no cumpla el protocolo del convenio de colaboración» que tiene suscrito con Osakidetza y Osalan «para agilizar el reconocimiento de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto» en sus puestos de trabajo.

En este sentido, ha afirmado que «está rechazando» prestaciones por enfermedad laboral «sin esperar, como debe», al informe que emita al respecto Osalan. «Obligan a los afectados a tirar la toalla o acudir a la vía judicial», ha criticado.

El portavoz de Asviamie ha detallado una decena de casos «escandalosos» de otros tantos afectados de Gipuzkoa, entre los que figuran por ejemplo un aquejado de cáncer de laringe «en espera de respuesta desde hace meses» y otro con mesotelioma pleural al que «el INSS ha resuelto anular la tramitación por fallecimiento».

Ha considerado «inadmisible» lo que «está sucediendo» con las solicitudes de recargo de prestaciones económicas por falta de medidas de seguridad, como las cursadas por las familias de un trabajador fallecido en junio de 2019 y otro muerto en noviembre de 2018, cuyas tramitaciones por parte de la Seguridad Social «están aún sin resolver».

Fuente: www.naiz.eus

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