ABOGADOS Y AFECTADOS POR EL AMIANTO SE UNEN PARA ACCEDER A MAYORES INDEMNIZACIONES

Zaragoza, 31 de marzo de 2010.- El despacho de abogados Oria, Pajares y Asociados ha firmado sendos convenios de colaboración con la Asociación de Afectados por el Amianto de la Región de Murcia, APENA, y con Consultia Asesores despacho profesional que tramita las reclamaciones, en el ámbito laboral, por amianto, contra las Empresas donde se tuvo contacto con dicho producto, y no se tomaron las medidas de seguridad preceptivas. El objetivo principal de los acuerdos es prestar asesoramiento a los afectados para poder acceder a indemnizaciones en Estados Unidos, de donde proceden numerosas empresas relacionadas con la fabricación y exportación de amianto. Merced al convenio suscrito con el bufete Oria, Peña, Pajares y Asociados, afectados socios de APENA recibirán asesoramiento con el fin de acceder a dichas indemnizaciones. Se trata de toda una novedad, ya que las demandas podrán ser presentadas a través de Seeger&Weiss, despacho americano socio de Oria, Peña, Pajares y Asociados. Este bufete, con delegaciones en Zaragoza y Madrid también asesorará a los socios de APENA para el desarrollo de procesos judiciales en España, siempre que no se trate de compensaciones laborales. Para el presidente de APENA, este acuerdo supone “un alivio porque de esta manera vamos a poder ofrecer ayuda a las personas afectadas con medios económicos, lo que supondrá que puedan hacer su vida de una forma un poco más llevadera”, según dijo Diego Martínez Nieto, presidente de la asociación, quien espera poder conseguir nuevas indemnizaciones de los fabricantes de amianto, que se sumarian a las que ya han conseguidas en la vía Jurídico Laboral,y que han ascendido a aproximadamente , 120.000€, cada una de ellas El despacho de abogados español ya consiguió, de manera pionera, a través de sus socios americanos una indemnización por parte de una empresa estadounidense para un afectado, precisamente de la ciudad de Cartagena. La compensación ascendió entonces a 35.000 euros, abriendo un camino a la esperanza para conseguir nuevas indemnizaciones por parte de empresas demandadas.
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